Venezuela ha firmado
todos los Convenios Internacionales que se han aprobado bajo el patrocinio de
las Naciones Unidas, sobre cuyo tema hemos escritos varios artículos, pero la
persistente manipulación que hacen los voceros del gobierno, para tratar de
hacer aparecer contra Venezuela, las sanciones que aprobó el Presidente norteamericano contra varios funcionarios
gubernamentales acusados de violación de los Derechos Humanos de centenares de
estudiantes y otros venezolanos, detenidos durante las protestas sociales que
comenzaron el 12 de febrero del año 2014, solicitando la renuncia del
Presidente Nicolás Maduro, tal como está establecido en la Constitución
Nacional Bolivariana, más la incomunicación y los atropellos en general de que
son víctimas los presos políticos de la prisión militar de Ramo Verde,
encabezados por Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, nos obliga no solo a volver sobre el tema de
los Derechos Humanos, sino también a dejar testimonio de nuestra protesta contra
cualquier invasión militar, incluyendo la cubana, contra nuestro país.
El establecimiento de
los Derechos Humanos en la Constitución
Nacional y en todas
las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones
nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas
fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los
avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el
progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo, la cultura de la violencia gubernamental
ha predominado en la historia de nuestra
nación, con mayor gravedad en los últimos años.
Nicolás Maduro hace
llamamientos a la paz y al diálogo, pero
el mundo democrático ha constatado la manipulación que hace del poder
judicial para llevar a prisión de
Leopoldo López y de los Alcaldes Antonio Ledezma del Área Metropolitana de
Caracas y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Estado Táchira, imputar a María Corina Machado, primero de
magnicidio y después de conspiración, y la persecución a los principales
dirigentes de Voluntad Popular, un
Partido Democrático al que pretende ilegalizar y extinguir
La Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos de la OEA ha recibido varias
denuncias, que prueban centenares
de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus
políticas públicas, víctimas de la
represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer
delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas
convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
El gobierno no ha
permitido la visita de algunos representantes de la Comisión de los Derechos
Humanos de la OEA, porque saben que podrían
comprobar la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la
violencia contra civiles indefensos, condenada por El Estatuto de Roma,
aprobado y ratificado por Venezuela. Si
por ahora estos violadores de los derechos humanos no pueden ser juzgados por
sus delitos de lesa humanidad, deben averiguar que éstos no prescriben y su
impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los
tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional.
Juan Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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