Al
evaluar en su justa medida la decisión adoptada por el ejecutivo de EEUU
respecto de un grupo de funcionarios del gobierno venezolano, valdría la pena
comparar el decreto de Obama con uno de Bill Clinton; sobre todo, porque las
expresiones utilizadas han alarmado a muchos en el caso de nuestro país, hasta
el punto de que las catalogan de exageraciones. Pereciera que no la han leído
bien.
Lo primero que hay que decir porque algunos parecen
no comprenderlo, es que la medida no apunta a Venezuela y sus ciudadanos en
conjunto, sólo se refiere a “la situación en Venezuela”. Claro, el
común, e incluso algunos no tan comunes, no captan este “pequeño” matiz y
terminan creyendo o percibiendo que se trata de una sanción al país, y en ello
los medios interesados y los que no lo están, los del país y lo del extranjero,
contribuyen al error de percepción.
Lo cierto es que quedó en la opinión la impresión
de que Venezuela fue sancionada por constituir una amenaza a la seguridad
de EEUU.
A los fines, repito, de valorar el asunto es útil
recordar un acto de Bill Clinton en el que se echa mano de una similar
expresión.
El 21 de Octubre de 1995, él emitió una
resolución (“executive order”), mediante la cual bloqueaba activos
y prohibía transacciones a traficantes de drogas colombianos muy importantes.
El sustento legal de tal medida fue la Ley de
poderes económicos por emergencia internacional (International
Emergency Economic Powers Act de 1977).
En el decreto de Clinton se podía leer: “Yo,
William J. Clinton, Presidente de los Estados Unidos de América, considerando
que importantes traficantes extranjeros de drogas ubicados en Colombia, y que
la enorme violencia, corrupción y daño que ellos causan a EEUU y en el
exterior, constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad
nacional, la política exterior y la economía de EEUU, declaro una
emergencia nacional para enfrentarla”.
Para aquel entonces no recuerdo que haya causado
el revuelo que hoy causa en Venezuela y en la región, la expresión “amenaza
inusual y extraordinaria”. De lo que se trataba era de perseguir unos
delincuentes, los traficantes de drogas, que han causado en Colombia y fuera de
ella violencia, corrupción y daño. Nadie se rasgó las vestiduras al leer el
texto en cuestión. Ningún presidente latinoamericano o político, colombiano o
no, levantó su voz para decir que el narcotráfico guerrillero y terrorista no
fuera una amenaza a la paz y la tranquilidad de Colombia o de EEUU. O que la
medida fuera unilateral o violadora del principio de no injerencia en los
asuntos internos de ese país.
El texto reciente que involucra a nuestro país es
el siguiente: “Yo, Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos,
considerando que la situación en Venezuela, incluida la
erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela,
la persecución de opositores políticos, las restricciones a la libertad de
prensa, el uso de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, y
los abusos como respuesta a las protestas, arrestos y detenciones arbitrarias,
así como la exacerbada presencia de una significativa corrupción pública, constituyen
una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política
exterior de EEUU, declaro una emergencia nacional para enfrentarla”.
Obviamente, aunque parte de la fundamentación
legal sea igual, la motivación es diferente. En nuestro caso, se trata de
sanciones a violadores de los derechos humanos y corruptos (lavado de dinero de
la corrupción y del narcotráfico) que, según el Congreso y el gobierno de
Obama, estarían atentando contra la seguridad de EEUU. Este dispositivo legal
sólo tiene ámbito de aplicación en el territorio estadounidense.
Y preguntamos: ¿No son los violadores de los
derechos humanos también delincuentes como los narcotraficantes colombianos,
según lo establecen los tratados internacionales sobre la materia? ¿O es que
acaso el irrespeto a sagrados principios constitucionales, como la separación y
autonomía de los poderes, el debido proceso, el no uso de la violencia contra
manifestantes opositores, la prohibición de la tortura, no son hoy una realidad
inescapable en nuestro país?
EEUU, como cualquier otro Estado, tiene todo el
derecho soberano para perseguir dentro de su país a quienes considere
delincuentes que atenten contra su seguridad pública o financiera.Tiene la
potestad de impedir que fondos provenientes de actividades ilícitas ingresen a
su sistema bancario o sean invertidos en su juridicción.
Ciertamente, la rotunda expresión usada en la ley
norteamericana, a cualquier desprevenido o desconocedor del sistema legal de
ese país, lo alarma. Particularmente, cuando se obvia un matiz tan importante
como es el de que no se persigue a todo un país sino a unas personas que se
considera incursos en delitos de lesa humanidad. Tampoco debe creerse que EEUU
pretende invadir o hacer la guerra a Venezuela con la emisión del decreto en
cuestión.
El texto transcrito de Clinton de 1995, es,
mutatis mutandi, el mismo que el de Obama veinte años después.
Lo que pasa es aquel se refería a
narcotraficantes y el de ahora a responsables de violaciones a los DDHH. Dos
delitos tipificados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
Otra cosa es que EEUU no tenga el poder de dos
décadas atrás, lo cual puede tener que ver con la reacción sobresaltada de
ahora. O que quizás considerar al narcotráfico como amenaza a la seguridad de
un país sea aceptado con mayor comprensión que la conculcación de los DDHH.
Lo cierto es que en Venezuela se están pisoteando
estos derechos a diario, sin que la mayoría de los organismos internacionales
que están llamados a velar por ellos y protegerlos haya movido un dedo. UNASUR
es un ejemplo.
Esta indiferencia me recuerda mucho la conducta
de los países europeos que estaban viendo en su entorno las matanzas y la
"limpieza étnica" que perpetraban en Bosnia y no hacían nada por
frenarla. Y ya sabemos quién fue el que tuvo que poner fin a tal
horror.
Emilio Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
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