domingo, 22 de febrero de 2015

JESUS CABEZAS CASTRO, POSICIONES DEL FRENTE DE ENTENDIMIENTO NACIONAL


Reconocernos para entendernos permitirá  lograr el diálogo nacional que impulse la gobernabilidad y la reconstrucción institucional que requiere Venezuela para salir de lo que se ha convertido en crisis política.

El Frente de Entendimiento Nacional mediante un estudio realizado en diversas regiones del país determino que 8 de cada 10 Venezolanos  responsabilizan al sistema socialista de corte comunista (Socialismo del siglo XXI) impuestos por los 16 años  de gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro  como causantes de los problemas fundamentales de  Ingobernabilidad y la Fragilidad del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, cuyas consecuencias son;el desabastecimiento, la escasez, los elevados precios,  la inseguridad jurídica y personal, la corrupción, la concentración del poder, la carencia de autonomía de los poderes públicos y la militarización del poder estado,alterando con ello la institucionalidad de la Nación.

Planteamos que la reconstrucción institucional del país requiere con urgencia de un Gobierno Estado que actué dentro del marco constitucional, garantizando el deseo que tienen el 95% de los venezolanosamantes de la democracia quienes la perciben como  una alternativa política que contribuye a mejorar la calidad de vida, la prosperidad y el bienestar de los venezolanos,  el desarrollo sostenible del país, la dignidad humana, la vida, la igualdad, la justicia, la paz, el amor, el estado de derecho y la unidad superior en libertad, así las cosas, le proponernos al Gobierno-Estado del Presidente Nicolás Maduro la necesaria importancia de un “Encuentro Nacional” con todos los factores representativos de la Sociedad Venezolana para contribuir a superar y vencer esta crisis mediante el dialogo, la concertación y el entendimiento nacional garantizándola vigencia y eficacia del pacto social contenido en la constitución, por ser este es un problema político.

La realidad de la praxis política se manifiesta por el predominio del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes públicos;  Municipal, Estadal y Nacional, lo que incumple con los elementos esenciales democráticos establecidos  en la Carta Democrática Interamericana, al mismo tiempo, que se postula la inconveniencia  de la separación de los poderes por sus más altos representantes, tal cual se reflejó en el acto de apertura del año judicialcorrespondiente al 2015 del Tribunal Supremo de Justicia donde se le dan plenos respaldos al Poder Ejecutivo y a su Revolución Bolivariana, pero lo preocupante es el gran apoyo que se le brinda al poder popular, organismo que no está contemplado en la Carta Magna, propiodel estado socialista-comunista, el cual, restringe la libertad de acción de quienes no son sus adeptos y que se entrelazan con el esquema económico del socialismo leninista-estalinista,   imponiendo lo colectivo sobre lo individual, además atenta contra el principio de la libre representación y participación ciudadana, el electorado es sustituido por asambleas populares sin  representación universal de los integrantes de la sociedad y donde los poderes se convierten en simples colaboracionistas de la voluntad  política dominante . Alertamos sobre la puesta en práctica del  “Centralismo Democrático” y el “Fundamentalismo Judicial”, es decir cuando la Justicia se pone al servicio de una ideología, de un partido o del Estado se desvirtúa el Estado de Derecho y no hay confianza en la igualdad de la Administración de Justicia.  La transparencia e imparcialidad judicial debe comenzar por restablecer el debido proceso y los derechos políticos liberando y dando amnistía para presos y perseguidos políticos, punto de entendimiento al dialogo.

Para el FEN es necesario continuar luchando por un poder judicial independiente que garantice la seguridad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales, ejecutar los tratados y convenios internacionales y nacionales de los derechos humanos, el control de los gobernantes para que actúen dentro de los límites del estado de derecho.Las causas de un  Poder Judicial sin autonomía ha permitido la ausencia de acciones para impedir que el poder legislativo modifique la estructura orgánica territorial y funcional del país, como es el electoral,  de las comunas,  los consejos comunales, la ley de precios justos, la ley resorte, la destitución de parlamentarios y abusos de sus funciones, se irrespete y amenace continuamente el derecho a la propiedad ocasionando  con ello las expropiaciones de bienes sin pago oportuno  convirtiéndose en confiscaciones prohibidas constitucionalmente. Se utilizan los instrumentos procesales judiciales y del Ministerio Publico, como mecanismos de sanción o de persecución de sectores políticos, económicos, empresariales, estudiantiles y sindicales procediendo al castigo sin el debido proceso,  criminalizando el derecho a disentir y a la libertad de protestar.

El Frente de Entendimiento Nacional ante unas elecciones parlamentarias en puerta, exige respeto a la representación proporcional y el reconocimiento de las minorías. Aquí juega un papel importante la autonomíatransparente de un Consejo Nacional Electoralconfiable y creíble que asegure la eficacia de las condiciones políticas electorales.Nuestra preocupación parte de repetirla reforma de la ley de Procesos Electorales en cuanto a los circuitos electorales con miras a favorecer al PSUVcon la redistribución de los circuitos electorales, tal situación es una distorsión legislativa inconstitucional con antecedentes en el “rrymandering” prácticacuestionada por el derecho electoral, la cual rechazamos. En paralelo a ello también exigimos la  autonomía de la Asamblea Nacional lo cual, permitirá el control político y jurídicode la administración pública, conocer sobre los tratados y convenios internacionales que han sido suscritos relacionado con el petróleo, las empresas básicas y estratégicas de la nación, el endeudamiento interno y externo, permitirá investigar con el consecuente castigo a la corrupción  y con ello evitará la impunidad. El problema es que mediante el abuso de poder  de una mayoría parlamentaria en favor del Poder Ejecutivo se pretende imponer una legislación ideologizada rechazada en el referéndum consultivo del 2007 que pretendía sustituir un Estado de Derecho por un Estado socialistacentralizado de corte comunista, sin embargo mediante  la ley habilitante y bajo la vista indiferente del TSJ se ha ido imponiendo leyes que no encajan en el marco constitucional lo cual genera conflictos e inestabilidad política, económica y social, aquí debemos definir el ámbito material de los decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la Republica Asimismo otra mutaciónconstitucionalfue la propuesta de enmienda para introducir la reelección indefinida, propia de los Estados personalistas, a pesar de su rechazo, sin embargo fue legitimada por la sala constitucional.

Desde el punto de vista económico el coordinador del FEN Jesús Cabezas plantea que el gobierno-estado de Nicolás Maduro impone una transición de la economía social de mercado con libertades económicas basado en el respeto a la propiedad privada al socialismo capitalista de estado concentrador argumentando para ello la importancia de la propiedad colectiva de las comunas, quienes carecen de todo tipo de control e incluso son inconstitucionales, esto ha causado que aproximadamente 7.200 empresas cesaron en prestar servicios y una Inflación que promedia el 75% y hasta podría alcanzar los tres dígitos para finales de año si no se aplican los correctivos necesarios. Las empresas socialistas implantadas son plantas de ensamblajes improductivos, carentes de conocimientos de administración, científicos y tecnológicos que impulsen la productividad mucho menos el desarrollo comercial ni industrial mucho menos las factorías. Se requiere modificar la macro y la microeconomía,  pasar de la economía rentista petrolera  a al productiva incentivando  las exportaciones no tradicionales, simplificar y reducir los controles del gobierno, estimular  la competitividad y la inversión pública y  privada,  invertir  en infraestructura científico-tecnológica y en formación de recursos humanos especializados, privilegiar y reimpulsar el crecimiento del sector privado respetando los medios de producción privados y terminando con las invasiones, expropiaciones u ocupaciones forzadas y las estatizaciones de empresas privadas, se debe aplicar políticas publicas dirigidas a crear empleo como factor multiplicador de la economía,  políticas fiscal que disminuya el gasto público,  verdaderos fondos de estabilización y de ahorros auditables y transparentes, autonomía del Banco Central a fin de enfrentar el estancamiento con inflación creciente en Venezuela.

La Seguridad y Defensa de la Nación, requiere de unas relaciones armoniosas en el marco constitucional con las actuales Fuerza Armada identificadas plenamente con las políticas ideológicas del chavismo y el socialismo bolivariano para comprenderlas y entender hasta donde llega este alcance y su apego al artículo 328, 329 y 330 de nuestra Carta Magna, en ese sentido, existe un temor, miedo y terror infundado hacia el país de unas milicias (ejército y pueblo unido), cuyo discurso plantea ¿“una revolución  armada pero pacífica”?que no corresponde con los parámetros establecidos en la constitución . La Seguridad y Defensa de la Nación se debe racionalizar legislativamente para impedir sea utilizada justificando la limitación, persecución y atropello de los ciudadanos en sus derechos políticos, económicos y sociales que no compartimos este régimen con riesgo para nuestros valores democráticos, es decir se debe hacer énfasis en  desligar a las FFAA de compromisos ideológicos, político-partidistas y personales, ya que son y pertenecen a los intereses de Seguridad de la Nación y de un pueblo que las quiere y respeta por igual sin distingos políticos,  a la vez debemos insistir en el mantenimiento del orden interno que corresponden como función exclusiva a las autoridades civiles, garantizando con ello los derechos y las libertades constitucionales.

Para el Frente de Entendimiento el derecho a la vida, la integridad física y sus bienes materiales  es prioridad de la protección del Gobierno-Estado, quien es garante de la integridad personal. La ejecución de planes y proyectos continuados profundizando en los acertados  en la aplicación de medidas preventivas y represivas, permiten la eficacia en los cuerpos policialespara combatir el hampa y la delincuencia organizada. La participación de Consejos Municipales, Alcaldías, Gobernaciones comunidades y sociedad civil organizadadeben colaborar con el Presidente Nicolás Maduropara enfrentar dicho flagelo. Debemos destacar la importancia de la educación en las políticas públicas y destinar los recursos necesarios en la planificación presupuestaria de dotación y mejoras salariales a los cuerpos policiales  a fin de garantizar la seguridad ciudadana  y controlar fenómenos como las drogas, el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución, la delincuencia de cuello blanco que son generadoras de violencia y corrupción, de mas esta decir que apoyamos la Ley de Indemnización a las víctimas de la violencia

Superado el problema político institucional de la Nación pacíficamente daremos apertura al desarrollo sostenible del país, es tiempo de canalizar este sentimiento de angustia, rabia y frustración. Hacemos un llamado al país especialmente a  la reflexión y  conciencia de los poderes del Gobierno-Estado a deponer sus interese y pensar más en Venezuela.

Jesus Cabezas
f.entendimiento.n@gmail.com
@echale_cabeza


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