GABRIEL S. BORAGINA, COLECTIVISMO Y "BIEN COMÚN"

La regla que impera en una sociedad de bienes colectivos es precisamente esa misma: que los bienes son colectivos. Es decir, son "de todos". A esto, Garret Hardin lo llamó "La tragedia de los comunes" que se sintetiza en la fórmula por la cual "lo que es de todos no es de nadie". Entonces, "todos" están habilitados a tomar "su parte" de esos bienes colectivos. El problema consiste en que, al no haber propiedad privada, cualquier parte (o el todo) de esos bienes le "correspondería" a cualquiera. Y es aquí cuando empiezan las verdaderas dificultades. 

Fue la vigencia de la propiedad colectiva la que determinó que la sociedad tribal desapareciera (más que cualquier otra causa). Esto lo explica muy bien F. A. von Hayek. Y, necesariamente, los intentos por reflotar la propiedad colectiva tribal (pero ahora a gran escala) ocasionaron la caída de la URSS y sus países satélites. No es que la gente sea "intrínsecamente ladrona", sino que son las instituciones (en el caso, la propiedad colectiva) la que la vuelve ladrona. Aunque el ejemplo del ladrón se aplica -en rigor- a sociedades no colectivistas y no a las que lo son.

Efectivamente, en el colectivismo impera el derecho del primer ocupante, que en el caso de la URSS, sus países satélites, Cuba, Corea, etc., ese primer ocupante no es otro que el mismo estado o gobierno. En la sociedad tribal, ese lugar era el del Jefe o Cacique. Hoy lo es el estado-nación. Las "reglas" las impone el Jefe, Cacique, Presidente, Führer, Duce, César, etc.

Ahora bien, no hay que perder de vista que tanto el individualismo como el colectivismo son -en última instancia- un producto cultural, y que su "imposición" desde una cúpula de poder sería imposible si no existiera en esa sociedad un substrato cultural que la hiciera posible. En realidad, el procedimiento es el inverso, una vez dadas las condiciones culturales necesarias como para que uno u otro sistema se imponga, lo demás se da por añadidura.

Lo que produce pues que nuestra sociedad actual sea -en su mayor parte- colectivista es indispensablemente este factor, por encima de cualquier otro.

La aceptación irreflexiva de nociones etéreas y vacías de contenido, tales como "el bien o interés público" o "interés o bienestar general" y expresiones análogas, como opuestas al bien particular o individual, es la que ocasiona que la sociedad actual se haya volcado al colectivismo, en la convicción de que existiría un "conflicto irreconciliable" entre los intereses individuales y "los colectivos", sin percibir que resulta imposible la objetividad de cosa tal como "intereses colectivos" excepto que como la mera suma de los individuales, con lo que el supuesto "conflicto" no es más que una pura invención de quienes explotan tales creencias en su provecho personal, por ejemplo los políticos, cuyos discursos rebosan de apelaciones a favor del "bien público", el "interés general", "del pueblo", de "la gente", etc.

No hay, en este esquema, oposición alguna entre intereses individuales reales y un "interés colectivo" irreal por imposible existencia de este último.

Invocar la fórmula vaga del "bien común" no sirve de nada, en tanto y en cuanto no se precise qué se quiere significar con la misma, ya que es imprescindible que quien recurra a ella clarifique -para empezar- "común a qué grupo de referencia" sería el "bien" que se califica como "común". En efecto, "la sociedad" no es un todo homogéneo, monolítico y univoco. Ni siquiera se trata de un ente corpóreo, con el cual se pudiera conversar, escuchar o ver. Consiste, en última instancia, de una construcción mental, que cada uno de nosotros se representa de diferente manera, esencialmente por estas mismas razones.

Lo anterior implica que "la sociedad" o "comunidad" no es un único y exclusivo grupo, sino que -en rigor- se trata de un conjunto de subgrupos, que -a su vez- se dividen en conjuntos menores y así sucesivamente, hasta llegar al individuo, núcleo básico de lo que se llama "sociedad".

Ahora bien, de todo esto se deriva que el interés individual de una persona puede ocasionalmente oponerse al interés individual de otra persona, o de más de una persona, pero no infinitamente, sino hasta un pequeño número limitado de estas, pero nunca puede entrar en conflicto con un imprecisable "interés social" o "común" que no se define a priori, y que -en principio- abarcaría un número incalculable de personas, que, para el sujeto en cuestión, no sólo actualmente no conoce, sino que sería imposible conocer, geográfica y temporalmente.

Por análogas consideraciones, nadie puede "enfrentarse" a los "intereses" de "la patria", de "la nación", del "estado", del "pueblo", de "los negros", de "los judíos", de "los cristianos", de "los rusos", de "los americanos", etc. Nadie puede oponerse a "intereses colectivos", porque estos no existen, son imaginarios, habida cuenta que no pueden ser identificados, ni personalizados en seres de existencia física concreta.

En sentido inverso, los "representantes" de supuestos "intereses colectivos", autoproclamados defensores del "bien común", ejemplo típico de ellos los gobernantes, si pueden atacar a los intereses individuales, y de ordinario es lo que hacen. No sólo se enfrentan sino que, en la mayoría de los casos, dedican mucho empeño en desplazarlos, y -en última instancia- en destruirlos, en la medida en que desafíen al interés personal del poderoso.

La diferencia entre un gobernante y el resto de las personas fuera del gobierno, es el poder del primero y la indefensión de las últimas. A primera vista, podría decirse que en este supuesto, el interés particular del gobernante conseguiría contraponerse al "interés común" de los gobernados. Pero sería caer en la misma trampa que opera en el sentido contrario (que es en el que maniobran los ideólogos políticos que manipulan la "respetable" noción de "interés común"). No se trata más que de un caso en el que el interés particular del gobernante esta en contraposición a un determinado número de intereses individuales de quienes están en el llano, fuera del gobierno, es decir, excluidos de la posición de poder que el detentar el gobierno de un territorio otorga a quien lo esgrime.

Gabriel Boragina

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