JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ |
El actual acontecer nacional puede recibir
variados calificativos que van desde crisis hasta catástrofe pasando por
colapso institucional, donde la situación económica es la vitrina de mayor
relevancia y significación; razón por la cual en la frondosidad de los análisis
(mayormente cuantitativos) se soslaya la principal causa: una marcada
desorganización social que involucra a la sociedad misma transitando por los
ciudadanos, la burocracia gubernamental, los partidos políticos, los
empresarios y otras muchas instituciones. Ante tal planteamiento surge una
reflexión inicial: la problemática que experimentamos va mucho más allá de lo
económico, ya que en tal caso bastaría con sólo aplicar “medidas económicas”
que en este inicio del 2015 apenas corregirán ciertos desequilibrios
macroeconómicos.
En apego a la economía como ciencia, puede afirmarse que no
existe ninguna situación económica originaria, siendo que al formular
deducciones se hace referencia a un marco comparativo entre lo que se está
haciendo (y logrando) y lo que se pretende alcanzar; que para el caso
venezolano está fundamentado en la economía comunal donde el Gobierno Nacional
orienta la economía y el uso de los medios escasos hacia ciertos fines
específicos tal como un socialismo sui generis, en un contexto que en mucho se
aleja de un concepto elemental: la gestión económica de las comunidades es sólo
posible mediante una socialización racional, apuntalada por la presencia de
bienes y servicios que estimulen la actividad social a la luz de la venta en el
mercado (mecanismo impersonal que este gobierno rechaza) de los productos que
se generan en un proceso marcado por la racionalidad formal, la cual refleja el
cálculo de lo que es técnicamente posible en contrario a la racionalidad
material que es una forma de abastecimiento sustentada en postulados de valor
signados por una economía planificada conducida con rigor administrativo dentro
de régimen de regulaciones, prohibiciones y sanciones donde desaparecen los
precios relativos alterando medularmente el proceso económico e impulsando
desencantos sociales en cada ocasión que la producción (cantidad y tipo) se
aleje de las utilidades deseadas por el consumidor en abierto desequilibrio
para procurarse la satisfacción de sus necesidades (al menos las básicas).
Es evidente que la acción reguladora
gubernamental afecta negativamente la gestión económica, más aún cuando se
pretende excluir al sector privado mediante acciones enfocadas a obstaculizar
las ganancias sofocando sus posibilidades de reinversión, alterando la
estructura económica como un todo hasta propiciar un tipo de totalitarismo
económico favorecido por los ingresos petroleros (para bien o para mal). De tal
forma, se va creando una percepción de vulnerabilidad ante la presencia de esa
administración burocrática de funcionamiento impreciso cuya tarea vital es
contribuir a mantener el poder para continuar mandando sin gobernar, escenario
que perfila, entre otros hechos, una desconfianza en el bolívar (como
herramienta para preservar el patrimonio), impulsando un tipo de economía que
le otorga prevalencia a la propiedad “mueble”
estimulando un modo de economía monetaria y financiera, restando
importancia al dinero como medio formal de cálculo y por ende como medio para orientar la acción
económica, al extremo de magnificar el mercado de divisas, la “fuga” de
capitales y la subvención de lealtades.
La producción de riqueza está condicionada
por el tamaño del capital social, entendido como la forma de organizarse la sociedad para alcanzar propósitos comunes
a la luz de modelos económicos y políticos; en tal sentido puede afirmarse que
Venezuela es claro ejemplo de un país con bajo capital social que se traduce en
un conglomerado de instituciones imperfectas, ineficientes y aisladas que
impide la configuración de una visión de país lo cual es sustituida por valores
mesiánicos aproximándose a una “alternativa” para compensar sus implícitas
debilidades, entre ellas la pasividad y permisibilidad que resta importancia a
la falta de racionalidad económica, a la inflación, al déficit fiscal y a las
fallas gubernamentales.
Un alto porcentaje de la población (no menos
del 80%) aspira un cambio
político-económico en el país, sin embargo no se asimila que tal cambio
es primariamente responsabilidad de todos como condición para influir sobre el
desenvolvimiento de la acción del
gobierno, de los partidos políticos, de
los gobernadores y alcaldes, de los empresarios, etc; es decir de la sociedad
en forma conjunta. A manera de reflexión final, consideramos que a partir del
conflictivo 2015 debemos asumir una actitud que revierta nuestra externalidad
(los hechos suceden gracias o por culpa de los demás) cómplice del facilismo,
que igualmente nos aleje del deseo de fuga y que promueva la transformación del
capital social dejando de lado la resignación y la excesiva tolerancia al
continuo fracaso, para dar paso a una esperanza dinámica seguros de poder
conducir nuestro propio destino aupada por un permanente debate ciudadano que invite al logro individual y colectivo en
pro de una sociedad incluyente (pactos ciudadanos que facilitan la obtención de
objetivos); teniendo presente a Isaiah Berlin cuando expresa que “una minoría
dura frecuentemente triunfa sobre una mayoría blanda”
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