"Washington debe comportar una agenda más elaborada en lo político, que buscar detrás del closet, los tuxedos que jamás hubiese podido vestir tal ministro, cual militar o el alcalde de San Andrés del Torbe"
La
reciente designación de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad
no-permanente de las Naciones Unidas (CSNP/ONU), levantó indignación en la
oposición y en muchos que sin comprender la dinámica diplomática, toman esta decisión
como un triunfo del gobierno nacional.
Para entenderlo debemos escindir lo que es Estado de lo que es gobierno.
El Estado no se reduce al gobierno que lo representa, ni el gobierno puede fundir al Estado en el
ejercicio de su poder. Así la designación
de marras, no es un triunfo del gobierno.
Es mérito de un país: Venezuela.
La
presente acreditación no es más que el cumplimiento de un protocolo rotativo
que asume cada nación de acuerdo a un "calendario de permanencia". No
se trata de un lobby diplomático, sino del agotamiento de los tiempos de rigor
para encargarse.
A quien se enviste es al país soberano, obviamente representado por las autoridades
de gobierno, por lo que no-se trata de un nombramiento por concurso de
credenciales o preferencias adquiridas entre banquetes y cócteles.
El gobierno
en práctica propagandística, si se hace fundir en el Estado-país, haciendo
elocuencia de una intitulación "ganada" por su "prestigio
revolucionario", cuando lo que ha ocurrido no es más que el cese de espera de un orden de
llegada.
Confundiendo Estado con
gobierno y en medio de esa maniquea fusión de país y poder, emerge la
frustración de muchos... Otro tema es, por ejemplo, cómo a Washington llegan
numerosas denuncias contra "Venezuela" por narcotráfico, legitimación
de capitales, coimas, tapaderas, etc.
Aunque en muchos casos puedan estar
involucrados funcionarios públicos, militares o autoridades de gobierno
de Estado, la responsabilidad de esos actos es esencialmente personal.
Hablar/acusar de "narco-estado"
ante cualquier organismo supranacional, capitolio o asamblea en el mundo, es
complicado por difuso y general. El Estado no puede ser narco y si algunos de
sus agentes lo son, ello tampoco lo convierte. Puede hablarse de narco-gobierno,
atendiendo la jerarquía y extensión de funcionarios involucrados (dixit
Noriega/Panamá). Y ello exige el agotamiento de una investigación
criminal para fijar responsabilidades personales.
Aquí viene lo complicado.
Si en un Estado no hay justicia para
reprimir estos crímenes, es difícil que otro país lo asuma (política y
jurídicamente). Por ello este tipo de "denuncias" ante un
Congreso-Estado, sus actores prefieren delegarlas en agentes
federales-policiales.
En lo político sancionar a particulares de otro país, por
delitos de blanqueo de capitales, corrupción o narco, incluso en sus
territorios, siempre dejará una impronta intervencionista e imperial. Y de esto se cuidan tanto Washington como
cualquier parlamento, quiero decir, de no emprender una cadena de sanciones
individuales donde metan en un mismo saco a todo un país, ocasionando un
boomerang de sensibilidades en la opinión pública. "Hasta cuando los
poderosos del Norte persiguiendo a les miserablesdel Sur". Los sancionados
se victimizan y salen a decir a todo gañote, ¡Gringos go home!
Washington
debe comportar una agenda más elaborada en lo político, que buscar detrás del
closet, los tuxedos que jamás hubiese podido vestir tal ministro, militar o el
alcalde de San Andrés del Torbe. Ni los
electores ven con rendimiento político que sus representantes estén a la saga
de los piratas del Caribe o de carteles de soles... como tampoco las naciones
deben asumir ese rol.
Otro tema más
universal, son los DDHH. Este si es una asunto desde el cual no sólo Washington,
sino cualquier parlamento, corte u ombudsman del mundo, debe declararse
competente para actuar. Los DDHH cada vez más amplían su espacio de
competencia. Podríamos llamarlo el síndrome Garzón, quiero decir, de aquel juez
español que desde una localidad de la
península ibérica, decidió enviar por el expresidente Pinochet en Londres (con
ganchos incluso si fuese menester), por cometer delitos de lesa humanidad. De lo que hay que tomar buena nota es de la
imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad y de la jurisdicción
ampliada para perseguirlos. Un Estado llámese mafioso, forajido, tirano,
dictador o autócrata por opresor, lo es más
por un gobierno que no deja elegir, persigue, tortura o mata, que por lo
que trafica o deja traficar. Y su desconocimiento
o desobediencia, pasa de ser un tema nacional a un asunto también
internacional. Ya las NU emitieron una
resolución en apoyo de Leopoldo López. El Congreso canadiense emitió un
pronunciamiento en contra de la opresión a estudiantes y el acoso a la Dip.
María Corina Machado. Igual los parlamentos de Brasil, México o la UE. Hacia
allá va la humanidad. Hacia la universalización coactiva de los DDHH.
En
esa dirección deben ir quienes tocan las puertas en el exterior. Lo otro es ruido, es bulla, es escándalo, pero
nada más... Sancionados que no quedarán tras las rejas, ni saldrán del
poder y por el contrario, alardearán de
haberse anotado otra victoria contra el imperio.
Orlando
Viera Blanco
vierablanco@gmail.com
@ovierablanco
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