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| PEDRO A. PALMA |
La presencia y agravamiento de una serie de
desequilibrios económicos a lo largo de 2014 han agudizado el problema
inflacionario en Venezuela, a pesar de los esfuerzos de controles impuestos por
el gobierno y de las amenazas de retaliación hacia aquellos que los incumplan.
Los menguados resultados de esas acciones restrictivas han llevado a las
autoridades a esconder las cifras que reflejan el comportamiento de los
precios, quizá creyendo ingenuamente que con esas acciones la población se
olvidará del problema y dejará de prestarle atención al encarecimiento de los
bienes y servicios. No se dan cuenta de
que lo que se logra con ese tipo de conducta es crear escepticismo y aumentar
las expectativas y la incertidumbre, llevando al convencimiento de que lo que
se pretende esconder es algo muy grave, por lo que hay que buscar protección
contra la agudización esperada del problema, contribuyendo ello a
exacerbarlo.
La situación se agrava con la reciente y
acentuada caída de los precios petroleros, pues ello restringirá aún más las
divisas para importar y recrudecerá el problema de desabastecimiento y escasez
que padecemos, dada la imposibilidad de que el menguado aparato productivo
interno pueda elevar la producción y substituir los bienes importados por
productos locales. Adicionalmente, la menor oferta de dólares agregará presión
para que se revise el tipo de cambio preferencial que aún se mantiene en el
absurdo nivel de 6,30 bolívares por dólar, a pesar de que esa cantidad de
moneda local compra en Venezuela menos de un tercio de lo que se puede adquirir
con un dólar afuera.
Con la finalidad de analizar el posible
comportamiento de la economía en 2015
estudiamos varios escenarios. Uno de ellos supone que el precio promedio
de la cesta petrolera venezolana será de 75 dólares por barril, mucho más bajo
que el de 2014, haciendo que la menor disponibilidad de divisas lleve a que a
comienzos del próximo año se elimine el tipo de cambio preferencial de 6,30
bolívares por dólar, pasando todas las transacciones que hoy se hacen a esa
tasa a la de Sicad 1, y que esta última se vaya ajustando a lo largo del año,
logrando un promedio anual de 16 bolívares por dólar. Adicionalmente, suponemos en ese escenario
que se pasan progresivamente transacciones externas al tipo de cambio de Sicad
2, el cual se mantendría en torno a los 50 bolívares. Adicionalmente, se
presupone que dadas las importantes elecciones parlamentarias del próximo año,
el gobierno le seguirá dando alta prioridad al gasto público, particularmente
al dadivoso que genera dividendos políticos. De darse este escenario, el
comportamiento de la economía sería muy adverso, generándose una altísima
inflación que pudiera superar el 100%. Ello se debería, en primer término, al
encarecimiento de los productos foráneos debido a la devaluación del bolívar;
en segundo término, a la sostenida expansión monetaria, exacerbada por la
masiva creación de dinero inorgánico por el BCV para financiar gasto público
deficitario; y, en tercer término, a la incapacidad cada vez mayor del aparato
productivo y de distribución de ofrecer
bienes y servicios en consonancia con la demanda, entre otras razones por los
desproporcionados controles de precios y de otra índole que condenan a muchos a
trabajar a pérdida, y por las dificultades para importar insumos o bienes
terminados.
La altísima inflación y la devaluación de la moneda
restringirían la capacidad de compra de los ingresos de la población y
generarían efectos recesivos de importancia, pudiéndose producir una
contracción del PIB muy intensa y aún más profunda que la de 2014. Todo ello,
obviamente, deterioraría la situación laboral debido a las limitaciones en las
posibilidades de crear fuentes de empleo y a la caída de la capacidad de compra
de las remuneraciones, generándose un adverso y cargado clima social, así como
un aumento inevitable de la pobreza.
Pedro
A Palma
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa
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