CARLOS CANACHE MATA, EL RÉGIMEN, ACUSADO INTERNACIONALMENTE

CARLOS CANACHE MATA

ONU: “... el 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, como ésta no tenía valor jurídico obligatorio, el 16 de diciembre de 1966 se aprobaron  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, al ser ratificados por los Estados, tienen carácter vinculante y se incorporan al ordenamiento legal interno de los países firmantes...”

   Aun cuando después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se insistió en que la garantía y protección  de los derechos humanos  no podían dejarse exclusivamente en las manos de los gobiernos, es a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que cobró impulso su resguardo por la vía internacional. Las deportaciones, los campos de concentración y el exterminio de seis millones de judíos durante el gobierno nazista de Hitler contribuyeron decisivamente al relanzamiento de la internacionalización de los derechos humanos.

   Es así como el 26  de junio de 1945 se firma en San Francisco la Carta fundacional de la ONU, que, en su artículo 1, expresa su propósito de promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Luego, el 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, como ésta no tenía valor jurídico obligatorio, el 16 de diciembre de 1966 se aprobaron  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, al ser ratificados por los Estados, tienen carácter vinculante y se incorporan al ordenamiento legal interno de los países firmantes.

   En la estructura organizativa de la ONU se creó el Comité contra la Tortura, compuesto por 10 expertos independientes, ante el cual concurrieron el 6 y  7 de este mes representantes del Estado y de varias ONGs para revisar si Venezuela está cumpliendo la Convención contra la Tortura  y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual es signatario nuestro país. Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela, cuestionó la represión contra las protestas estudiantiles que comenzaron en febrero de este año con un saldo de más de 40 muertos, más de 3.000 detenciones y 138 casos de torturas denunciados por el Foro Penal Venezolano; también se refirió a la actuación de los colectivos o grupos armados vinculados al oficialismo que actúan fuera de la ley y preguntó si “prevén el posible desmantelamiento de esas fuerzas”, las cuales, en los medios del día 6 y mientras se efectuaba la interpelación en el Comité, curiosa y desafiantemente declaraban que seguirían con las armas “para la defensa comunitaria”. Otros miembros del Comité se refirieron al desastre del sistema penitenciario, al retardo procesal, a la falta de independencia judicial y a los casos de la juez Afiuni y de los presos políticos Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvatore Lucchese en Ramo Verde, cuya reclusión ha sido ampliamente documentada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la misma ONU.

   ¿Cómo respondieron los representantes del régimen? Con evasiones y mentiras y sin informar cuándo se invitaría visitar a Venezuela a los Relatores de Derechos Humanos de la ONU, lo que hasta ahora se ha negado a 8 de ellos.

Carlos Canache Mata

canachemata@gmail.com

@CarlosCanacheMa

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