SIXTO MEDINA, UNA NACIÓN INSEGURA

El orden siempre ha sido el mayor desafió para una sociedad en crisis. La estremecedora avalancha de violencia criminal que está soportando la población venezolana en todas las regiones del país- especialmente en el Distrito Metropolitano de Caracas - está llevando a la nación a un estado de virtual disolución social. Cuando el Estado no tiene una respuesta para la inseguridad del ciudadano, se forja en el seno de la sociedad un criterio sustitutivo o de reemplazo. No existe mejor herramienta para la lucha contra el delito que una respuesta democrática y la propia ley.

Una delincuencia feroz, carente de toda inhibición moral se ha adueñado de los lugares públicos y hasta invade con espeluznante impunidad la intimidad de los hogares y vida familiar, ante la incomprensible pasividad de un Estado débil e impotente, que ha renunciado a la más elemental de sus obligaciones: velar por la seguridad pública y jurídica de todos los ciudadanos. La seguridad y la justicia son valores primordiales para cualquier comunidad. Sin ellos, ninguna sociedad puede subsistir como tal. En la Venezuela de hoy, esos dos valores han perdido vigor como producto de la degradación del Estado en el cumplimiento de sus funciones irrenunciables. La sociedad clama por su inmediato fortalecimiento; nos los está diciendo de todos los modos posibles. Quienes pueden, han venido encomendado a empresas de vigilancia privadas cuidar todo cuanto las instituciones públicas no pueden reguardar.

Restablecer el pleno imperio de la seguridad no es tarea exclusiva de un gobierno ni de un partido político. Es una empresa que debe ser encarada como política básica de Estado, compartida con todos los sectores del país, para hacer frente a la brutal escalada del crimen. La responsabilidad por este gravísimo deterioro se debe a que el Estado ha renunciado al uso monopólico de la fuerza en función de la ley y nada más que de la ley. Lo que ha hecho es poner en peligro la vida de los ciudadanos, un ejemplo es haber apelado al poder de policía por sobre el poder de la ley y otorgar patentes de corso para asegurarse colaboradores en la lucha por continuar como autoridad absoluta no limitada por las leyes ni por ningún control constitucional, dando origen hoy día a las formaciones inorgánicas: los denominados colectivos armados. Con lo que se sembró la semilla que sólo podía producir una recolección o cosecha trágica y desquiciadora de toda mínima noción de orden y legalidad.

En el fondo de esta situación de inseguridad ciudadana palpita, claro está, la predilección por el enfrentamiento y la renuncia a consensos que promuevan la convivencia asentada en el perfeccionamiento del dialogo. La verosimilitud de la ley se eclipsa y el disenso se convierte en agravio. Un creciente empobrecimiento cívico se expande día a día en Venezuela. Este feroz reduccionismo de lo cívico a lo temperamental no fortalecerá, por cierto, el transito indispensable hacia un porvenir democrático y republicano. Pues, lo que se reivindica, no es la legalidad que emana de la Constitución y leyes sino la que impone un grupo y un partido político. Al final de cuentas la sociedad está agotando su paciencia. La situación no da para más. Nada es tan urgente en el país como detener la oleada criminal que está arrinconando a la población contra los tenebrosos murallones del miedo y el espanto.

Sixto Medina

sxmed@hotmail.com

@medinasixto  

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