RUBEN DARÍO ACEVEDO CARMONA, PAZ, COMISIONES Y VERDADES, DESDE COLOMBIA,

Las comisiones de la verdad en el marco de situaciones de extrema violencia estatal o de enfrentamientos asimétricos entre fuerzas estatales y grupos subversivos, conformadas bajo el criterio de víctimas y victimarios o culpables e inocentes, no siempre han arrojado resultados satisfactorios e incluso, se han dado casos en los que en vez de conducir al perdón y a la reconciliación han generado cadenas de venganza, reclamos sin fin y odios incrementados.

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Lo primero que se puede decir a este respecto es que no existe una fórmula universal aplicable a todos los casos. No todos los conflictos sociales o políticos o guerras civiles que concluyen con la firma de la paz han acordado la formación de comisiones de la verdad y no siempre las que se han establecido han alcanzado sus objetivos.

¿Por qué es tan difícil lograr una visión consensuada sobre este asunto? 

Podemos ensayar varias respuestas. Una tiene que ver con el juego de roles e intereses de quienes han sido protagonistas de una confrontación violenta. Nadie quiere correr el riesgo de ser señalado culpable y algunos quieren figurar como víctimas. 

Otra alude a la falta de rigurosidad y claridad sobre lo que significa la verdad histórica y la verdad jurídica.

Mi reflexión versará sobre esta última. Pienso que la verdad histórica corre por cuenta de profesionales de la disciplina histórica. Los marxistas sostienen que son las masas las que hacen la historia, dicha doctrina opone a la vieja y ritual historia patria o cívica la historia de las masas y de los oprimidos, ahí ya tenemos una profunda discrepancia.

La verdad jurídica depende de la investigación, juicio y penalización de responsabilidades de sujetos concretos en la comisión de crímenes de guerra, de genocidio o de lesa humanidad. Delitos consignados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, imperdonables con amnistías e indultos.

Los dos tipos de verdad tienen, pues, una diferencia esencial en su naturaleza. En lo que respecta a la verdad histórica sabemos que las ciencias sociales y humanas es el espacio desde donde se investigan, con criterio científico, los conflictos sobre los cuales se pretende establecer “una verdad”. El producto de estas indagaciones es un relato o una narrativa que propone una interpretación de lo sucedido. No sobra acotar que el investigador profesional debe gozar de pleno respeto en el sentido de que su trabajo y los frutos del mismo no pueden estar condicionados por intereses ajenos al trasegar académico. Por eso mismo, los productos de investigación son sometidos a consideración de pares y jurados con altas credenciales científicas.

Las comisiones de la verdad conformadas en algunos países han fracasado en su intento de establecer “la verdad” porque violaron la autonomía de los académicos, pretendieron escribir un relato único, homogéneo e incuestionable, especie de verdad oficial, y por desconocer la autonomía de la investigación científica que en esencia es objeto de debates, análisis y juicios que no siempre generan consensos.

No es, pues, lo mismo, la verdad jurídica que alude a hechos concretos a conductas constatables en tiempos y lugares precisos y que corresponde auscultar a jueces y fiscales, que la verdad histórica que no se limita a lo anterior sino que interpreta un conjunto amplio de circunstancias, procesos y acontecimientos a la luz de una teoría y un marco historiográfico explicativos.

La Comisión de la Verdad que se pretende aprobar entre el gobierno colombiano y las Farc cae en la trampa de establecer una “verdad única y definitiva”, pues en ella está contenida la pretensión de cerrar definitivamente toda polémica a través de una lectura que sintetiza el conflicto en términos simplistas y acorde con los intereses de las partes firmantes.

Para establecer culpabilidades e inocencias están los tribunales, de donde se desprende que la constitución de la Comisión de la Verdad Histórica, no es otra cosa que otra claudicación del Estado colombiano al aceptar que sus jueces e instituciones judiciales no están en capacidad de administrar justicia.

Las guerrillas latinoamericanas desde Fidel Castro con su proclama “la historia me absolverá” hasta las que se levantaron en armas en el continente contra regímenes dictatoriales, y en nuestro caso contra una democracia, para imponer la dictadura del pueblo y del proletariado, han pretendido tener de su lado la verdad, la justicia y la historia, de tal forma que ellas quedan eximidas de sus crímenes y arbitrariedades.

Hay motivos suficientes para pensar que con la tal comisión lo que se intenta es vender el  mismo cuento y la misma medicina que las guerrillas del Cono Sur aplicaron a las dictaduras.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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