Los gobiernos de América Latina y el Caribe
representados en las Naciones Unidas han respaldado la candidatura de la
tiranía comunista venezolana, creada por Hugo Chávez y continuada por su
suplente designado, Nicolás Maduro, para que los represente para un asiento no
permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2015-16.
Semejante despropósito no podía promoverse en
un peor momento, cuando fuerzas emergentes de la mayor peligrosidad amenazan la
paz y la seguridad mundial que tanta unidad necesita para hacerles frente.
Precisamente, cuando el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una
resolución exigiendo a los países aprobar leyes que prohibieran viajar al
extranjero para unirse a grupos terroristas, o la financiación de esos
esfuerzos; el régimen de Venezuela es conocido por proporcionar pasaportes a
muchos individuos del Medio Oriente pertenecientes a grupos radicales,
incluyendo a Hezbolá, así como de cooperar y proporcionar logística y cobertura
a grupos narcoterroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). Una práctica sin duda delictiva y alarmante.
Tanto es así, que cinco altos generales
venezolanos han sido incluidos por el Tesoro de Estados Unidos en la kingpin
list (Lista Clinton) que mantiene el Tesoro para todos aquellos cooperadores
del tráfico de armas, de drogas y de lavado de dinero. Dos de estos altos
oficiales son actualmente gobernadores de estados y miembros activos del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Es tan vergonzoso como irresponsable que
gobiernos que se enorgullecen de ser democráticos, y que incluso muchos de
ellos han sufrido bajo el dominio militar, presten su apoyo a un régimen que
durante los últimos 15 años se ha asociado con algunos de los peores y más
infames personajes como Saddam Hussein, Ghadafi, Al Bashir, Al-Assad,
Ahmadinejad y Mugabe.
Los gobiernos de América Latina y del Caribe
no pecan por ignorancia. Están muy al tanto del colapso de la democracia en
Venezuela, así como de la magnitud de su récord infame de violaciones a los
derechos humanos, entre ellos la reciente detención, persecución y tortura de
dirigentes políticos y estudiantiles debidamente documentados en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, así como en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, y grupos de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional y
Human Rights Watch. Los casos del dirigente nacional Leopoldo López y de los
alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Escarano son más que elocuentes de la
inexistencia de un estado de derecho. El sistema judicial del régimen aplica lo
más cercano a la práctica del linchamiento de los disidentes.
Estos países también conocen que el régimen
venezolano está bajo el control y la influencia del gobierno cubano, y que Cuba
será el representante de facto en el Consejo. También saben que más de la mitad
de la comunidad judía en Venezuela se ha visto obligada a abandonar el país por
el acoso infligido a ellos después de que el régimen rompió relaciones
diplomáticas con Israel, calificándolo de estado genocida.
¿Por qué hacen esto los gobiernos latinoamericanos
y caribeños? Algunos para pagar favores recibidos a través de “petrodólares de
la diplomacia de Venezuela”, a través de la alianza petrolera Petro Caribe y la
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Otros para complacer a los grupos
de izquierda dentro de sus países, y otros para atacar indirectamente a Estados
Unidos en el Consejo por medio de Venezuela.
Dos casos son muy esclarecedores: el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su calidad de ministro de
Defensa bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, documentó el papel
criminal desempeñado por el régimen venezolano con las narcoterroristas FARC, y
aun a sabiendas de que tal asociación ha causado tanto sufrimiento a su propio
pueblo, decidió dejar este gravísimo delito de lado para apoyar el régimen de
Maduro. Ya antes lo hizo entregando al venezolano Walid Makled, el más grande
traficante de drogas de América Latina, no a la justicia norteamericana, que lo
esperaba para procesarlo, sino al que él calificó como su mejor amigo: nada
menos que Hugo Chávez. Por supuesto, nunca más se ha sabido del personaje. Y
por supuesto no ha podido revelar el alcance de la mafia militar venezolana a
la cual estaba asociado.
Chile, que tanto se benefició de los
anteriores gobiernos democráticos venezolanos, que incluso ayudaron a liberar a
dirigentes políticos prominentes de su propio partido que estaban presos por la
dictadura de Pinochet, ni se inmuta al respaldar a un régimen militarizado,
como es el caso hoy en día en Venezuela.
Venezuela ha pertenecido en cuatro ocasiones
al Consejo de Seguridad. La última vez en 1992-93, cuando tuve el privilegio de
ser su representante. Nuestra selección siempre fue votada por consenso, puesto
que mi país se distinguió siempre como miembro confiable y responsable de la
comunidad internacional, así como ser un promotor y defensor activo de los
derechos humanos, y del derecho internacional.
A pesar de ese vergonzoso respaldo, la
decisión final para elegir a los representantes en el Consejo de Seguridad
recae en la Asamblea General, que se encuentra en conocimiento de que la
candidatura venezolana no responde para nada al interés general de la comunidad
internacional, por lo que no debería proporcionar la mayoría de dos tercios
necesaria para ser elegido. No se equivoquen: el régimen venezolano no es solo
un enemigo declarado de Israel y de Estados Unidos, sino de los principios que
rigen a la propia organización mundial.
Esta infame realidad, junto con la
inexistencia de la libertad de expresión, hace de Venezuela el peor y más
descalificado candidato para representar a América Latina y el Caribe. Los
países miembros no deben permitir que Venezuela compre un asiento en la ONU a
pesar de la irresponsable complicidad de los países de la región.
Diego Arria
diegoarria@me.com
@Diego_Arria
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Diego, una pregunta: En los Estados Unidos hay una ley que envía a la cárcel a quienes corrompen a funcionarios extranjeros… ¿aplica esa ley a funcionarios extranjeros que corrompen a otros funcionarios extranjeros?
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