RICARDO HAUSMANN Y MIGUEL ANGEL SANTOS, ¿HARÁ DEFAULT VENEZUELA?, PROJECT SYNDICATE, CAMBRIDGE

Los mercados temen que sí. Por esa razón, los bonos de la deuda externa venezolana rinden 11 puntos porcentuales más que los del Tesoro estadounidense, 12 veces más que los de México, 4 veces más que Nigeria y el doble de lo que paga Bolivia. En mayo pasado, Venezuela hizo una emisión “privada” por US$ 5.000 millones en bonos a 10 años con cupones de 6%. 

Para poder colocarla, tuvo que dar un descuento de 40% por lo que apenas recibió US$ 3.000 millones. La diferencia, US$2.000 millones, es la compensación que demandan los inversionistas por tomar el riesgo del país.

Se aproximan los primeros días de octubre, cuando el gobierno de Venezuela debe afrontar US$5.200 millones en pagos de servicio de deuda. ¿Pagará? ¿Tiene suficientes fondos líquidos? ¿Reunirá los fondos mediante una venta apresurada de Citgo, filial de Pdvsa, la empresa petrolera estatal de Venezuela?

Es una buena pregunta. Otra pregunta diferente es si Venezuela “debería” pagar. Es cierto, qué deberían hacer los gobiernos no está totalmente divorciado de qué es lo que efectivamente harán, pues en general la gente hace lo que debe. Pero las preguntas que involucran “debe hacer” traen consigo juicios morales que no están presentes en las preguntas que involucran “hará”, y por eso suelen ser mucho más complejas.

Uno podría decir que “siempre que se pueda” cumplir con las obligaciones asumidas, eso es lo que se “debería” hacer. Es lo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos.

Pero el cálculo moral se complica cuando es imposible cumplir con todos los compromisos y se hace necesario decidir cuáles cumplir y cuáles no. Hasta ahora, bajo el presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, Venezuela ha optado por pagar religiosamente sus bonos de deuda externa, gran parte de los cuales están en manos de venezolanos ricos y bien relacionados.

Yordano, el popular cantante venezolano, probablemente tendría un orden de prioridades diferente. Diagnosticado con cáncer hace algunos meses, debió lanzar una campaña en las redes sociales para poder conseguir las medicinas necesarias para su tratamiento. La gran escasez de medicamentos y material quirúrgico en Venezuela es una consecuencia directa de un default de US$ 3.500 millones del gobierno con importadores de farmacéuticos.

Algo similar ocurre en el resto de la economía. Los retrasos con importadoras de alimentos alcanzan ya US$ 4.200 millones, lo que ha producido una grave escasez en productos de la canasta básica. En el sector automotriz, el incumplimiento supera los US$ 3.000 millones, lo que ha resultado en el colapso del transporte por falta de repuestos. A las aerolíneas se les deben otros US$ 3.700 millones, lo que ha llevado a varias a suspender sus vuelos  y redujo la oferta de cupos en 50%.

En Venezuela, los importadores deben esperar seis meses luego de que sus productos pasan por la aduana para poder adquirir dólares previamente autorizados. Dado que el gobierno ha optado por incumplir estas obligaciones, muchos importadores han venido acumulando una abundante cantidad de moneda local. Durante un tiempo, la falta de acceso a divisas fue compensada con préstamos de proveedores extranjeros y casas matrices, pero las deudas acumuladas y las pérdidas debido a las sucesivas devaluaciones han acabado con su paciencia y cerrado el crédito.

La lista de default es interminable. Venezuela está también en mora con los proveedores, contratistas y socios en joint-ventures de Pdvsa, con lo cual las exportaciones de petróleo han caído 45% en relación con 1997, y su producción apenas roza la mitad de lo que el plan de 2005 había previsto para 2012.

Más aún, el Banco Central de Venezuela también ha incumplido con su obligación de mantener estabilidad de precios, habiendo casi cuadruplicado el dinero en circulación en 24 meses, lo que ha hecho que el bolívar pierda 90% de su valor en el mercado negro y que la tasa de inflación sea la más alta del mundo. Para colmo de males, el Banco Central también ha incumplido con su obligación de publicar la inflación y otras estadísticas esenciales.

Venezuela funciona con cuatro tipos de cambio, donde el más fuerte está 13 veces por encima del más débil. Así las cosas, no ha de sorprender que el arbitraje cambiario sea el negocio más rentable en el país, lo que ha impulsado la corrupción venezolana a las posiciones más altas del ranking mundial.

Todo este caos es consecuencia de un déficit fiscal colosal que ha sido cubierto a través de creación de dinero, represión financiera, endeudamiento y default, aún a pesar de la bonanza petrolera que se deriva de un precio del barril de US$ 100. El gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de atacar las causas del problema, ha decidido complementar los controles cambiarios y de precios con el cierre de las fronteras y la colocación de lectores de huellas dactilares de los compradores, supuestamente para evitar el “acaparamiento”. Esto constituye una violación a las libertades más básicas de los venezolanos que no se observa en Bolivia, Ecuador y Nicaragua; tres países que presumen de una ideología similar pero mantienen un único tipo de cambio y una tasa de inflación de un dígito.

¿“Debería” Venezuela hacer default? Si las autoridades adoptaran políticas con sentido común y buscaran el apoyo del Fondo Monetario Internacional y otros prestamistas multilaterales, como lo suele hacer la mayoría de países en problemas, se le aconsejaría renegociar la deuda externa. De esa forma, el peso del ajuste se compartiría con otros acreedores, como ya ha ocurrido en Grecia, y la economía ganaría tiempo para recuperarse, particularmente en la medida que empiecen a madurar nuevas inversiones en las reservas petroleras más grandes del mundo. Los tenedores de bonos harían bien reemplazando sus papeles actuales por instrumentos de más largo plazo que se beneficiarían de la recuperación económica.

Nada de esto va a suceder bajo el mandato de Maduro, quien carece de la capacidad, capital político y voluntad para moverse en esa dirección. Pero el hecho de que su gobierno haya decidido incumplirle a los 30 millones de venezolanos para pagarle religiosamente a Wall Street no debe ser interpretado como una señal de rectitud moral. Es más bien una muestra de su decadencia moral.

TEXTO ORIGINAL EN INGLES

Should Venezuela Default?

Should Venezuela Default?

CAMBRIDGE – Will Venezuela default on its foreign bonds? Markets fear that it might. That is why Venezuelan bonds pay over 11 percentage points more than US Treasuries, which is 12 times more than Mexico, four times more than Nigeria, and double what Bolivia pays. Last May, when Venezuela made a $5 billion private placement of ten-year bonds with a 6% coupon, it effectively had to give a 40% discount, leaving it with barely $3 billion. The extra $2 billion that it will have to pay in ten years is the compensation that investors demand for the likelihood of default, in excess of the already hefty coupon.

Venezuela’s government needs to pay $5.2 billion in the first days of October. Will it? Does it have the cash on hand? Will it raise the money by hurriedly selling CITGO, now wholly owned by Venezuela’s state oil company, PDVSA?

A different question is whether Venezuela should pay. Granted, what governments should do and what they will do are not always independent questions, because people often do what they should. But “should” questions involve some kind of moral judgment that is not central to “will” questions, which makes them more complex.

One point of view holds that if you can make good on your commitments, then that is what you should do. That is what most parents teach their children.

But the moral calculus becomes a bit more intricate when you cannot make good on all of your commitments and have to decide which to honor and which to avoid. To date, under former President Hugo Chávez and his successor, Nicolás Maduro, Venezuela has opted to service its foreign bonds, many of which are held by well-connected wealthy Venezuelans.

Yordano, a popular Venezuelan singer, probably would have a different set of priorities. He was diagnosed with cancer earlier this year and had to launch a social-media campaign to locate the drugs that his treatment required. Severe shortages of life-saving drugs in Venezuela are the result of the government’s default on a $3.5 billion bill for pharmaceutical imports.

A similar situation prevails throughout the rest of the economy. Payment arrears on food imports amount to $2.4 billion, leading to a substantial shortage of staple goods. In the automobile sector, the default exceeds $3 billion, leading to a collapse in transport services as a result of a lack of spare parts. Airline companies are owed $3.7 billion, causing many to suspend activities and overall service to fall by half.

In Venezuela, importers must wait six months after goods have cleared customs to buy previously authorized dollars. But the government has opted to default on these obligations, too, leaving importers with a lot of useless local currency. For a while, credit from foreign suppliers and headquarters made up for the lack of access to foreign currency; but, given mounting arrears and massive devaluations, credit has dried up.

The list of defaults goes on and on. Venezuela has defaulted on PDVSA’s suppliers, contractors, and joint-venture partners, causing oil exports to fall by 45% relative to 1997 and production to amount to about half what the 2005 plan had projected for 2012.

In addition, Venezuela’s central bank has defaulted on its obligation to maintain price stability by nearly quadrupling the money supply in 24 months, which has resulted in a 90% decline in the bolivar’s value on the black market and the world’s highest inflation rate. To add insult to injury, since May the central bank has defaulted on its obligation to publish inflation and other statistics.

Venezuela functions with four exchange rates, with the difference between the strongest and the weakest being a factor of 13. Unsurprisingly, currency arbitrage has propelled Venezuela to the top ranks of global corruption indicators.

All of this chaos is the consequence of a massive fiscal deficit that is being financed by out-of-control money creation, financial repression, and mounting defaults – despite a budget windfall from $100-a-barrel oil. Instead of fixing the problem, Maduro’s government has decided to complement ineffective exchange and price controls with measures like closing borders to stop smuggling and fingerprinting shoppers to prevent “hoarding.” This constitutes a default on Venezuelans’ most basic freedoms, which Bolivia, Ecuador, and Nicaragua – three ideologically kindred countries that have a single exchange rate and single-digit inflation – have managed to preserve.

So, should Venezuela default on its foreign bonds? If the authorities adopted common-sense policies and sought support from the International Monetary Fund and other multilateral lenders, as most troubled countries tend to do, they would rightly be told to default on the country’s debts. That way, the burden of adjustment would be shared with other creditors, as has occurred in Greece, and the economy would gain time to recover, particularly as investments in the world’s largest oil reserves began to bear fruit. Bondholders would be wise to exchange their current bonds for longer-dated instruments that would benefit from the upturn.

None of this will happen under Maduro’s government, which lacks the capacity, political capital, and will to move in this direction. But the fact that his administration has chosen to default on 30 million Venezuelans, rather than on Wall Street, is not a sign of its moral rectitude. It is a signal of its moral bankruptcy.

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http://www.project-syndicate.org/commentary/ricardo-hausmann-and-miguel-angel-santos-pillory-the-maduro-government-for-defaulting-on-30-million-citizens--but-not-on-wall-street#KCo7Kwky4xQvOie7.99

Ricardo Hausmann @ricardo_hausman

Miguel Angel Santos @miguelsantos12

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