Las aciagas horas que vive un país pueden
manifestarse de diversas maneras, aunque siempre impera una descomposición institucional,
que tiende a encerrar un creciente desprecio a la dignidad humana.
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Las prácticas crueles y denigrantes se
complementan con un proceso en el que a los disidentes se les califica como
simples seres que son castigados y disminuidos sin pudor. No se escatima en el
uso de la fuerza contra los adversarios y las denuncias contra el abuso no
tienen eco en unas instancias plegadas totalmente al gobierno.
En estos sistemas los que tienden a aplicar
la fuerza no sienten temor en lo que hacen, pues sus actuaciones parecieran
estar rodeadas de una protección que lleva a pensar en que el miedo sembrado
quedará impune y los afectados, además de tener que lidiar con el dolor físico,
deberán enfrentar la desolación de observar cómo los represores se salieron con
la suya.
Sin embargo, la justicia terminará imperando
y los que mancillaron los derechos humanos tendrán que observar cómo la memoria
histórica y el dedo acusador de la libertad se imponen. Este fue el gran aporte
del informe que el 20 de septiembre de 1984 fue entregado al presidente de
Argentina Raúl Alfonsín por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas.
La agrupación, encabezada por Ernesto Sabato,
buscaba demostrar los atropellos y las desapariciones ocurridas durante la
tenebrosa dictadura militar entre 1976 y 1983. Si bien, el documento no trajo
de vuelta a los desaparecidos, sirvió para demostrarle a los represores que
aunque tardía, la justicia llega, y que la dignidad termina por imponerse.
Luego de la oscuridad el grito de Nunca Más, como se conoció después al
informe, iluminó a Argentina de justicia y libertad.
Luis D. Alvarez V
luisdalvarezva@hotmail.com
@luisdalvarezva
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