No es justo que los desaguisados de todo
orden que ha cometido el régimen durante tres lustros que lleva en el poder,
ahora se pretenda corregirlos parcialmente aplicando una serie de medidas, aún por instrumentar,
que indefectiblemente conducirán que el
país deba soportar más inflación, desempleo y a exacerbar una mayor
conflictividad social.
No es justo que un régimen, que utiliza la
demagogia y la mentira como forma de relacionarse con los ciudadanos, que ha
destruido y desquiciado al país, a sus instituciones, a los valores del diálogo
y la tolerancia como instrumentos para la convivencia pacífica y democrática,
al aparato industrial, a las industrias básicas y a PDVSA, la empresa
fundamental que, desde el reventón de
Zumaque I, siempre había sido la
locomotora del crecimiento nacional; pretenda, como si no hubiera pasado nada,
que sean los ciudadanos los que paguen, mediante la elevación de impuestos, de
las tarifas de los servicios públicos, del precio de los combustibles, de la
devaluación del bolívar, de la aceleración de la inflación y la venta de
activos de la nación, por las erradas
políticas e irresponsabilidades gubernamentales que han llevado a la Nación al
umbral del colapso.
El gobierno, antes de aplicar “el paquete”
que ha venido anunciando, debe rendir cuentas sobre el uso que hizo de los
ingentes recursos provenientes de los proventos petroleros, debe explicarnos
cuáles serán las reformas y cambios institucionales que realizará para
acompañar y garantizar que las medidas anunciadas efectivamente estén
orientadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos, a detener la
generación de dinero inorgánico, a morigerar el desenfrenado endeudamiento
público, a prevenir el acelerado deterioro de la seguridad social, a subsanar
la insuficiencia de divisas, a enmendar
la sobrevaluación del signo monetario, a efectivizar el control de la
inflación, a disminuir la escasez, y a
la recuperación de PDVSA. Asimismo, deben garantizar el respeto a la propiedad privada, a crear un
clima de certidumbre para la inversión, a obligarse a ser garante de la
seguridad jurídica y ciudadana y a la
racionalización o eliminación de los absurdos controles sobre la actividad
económica.
No es justo que el régimen anuncie un posible
programa de acciones puntuales, como si estuviéramos transitando por una crisis
coyuntural, que afectarán la ya alicaída situación socioeconómica de los venezolanos, sin que
permita que se conozcan al detalle las cifras del desempeño económico del país,
eso sería como emitir un cheque en blanco en favor de un gobierno que carece de
legitimidad y credibilidad.
No es justo que el régimen aplique medidas
económicas sin indicarle al país, entre otros aspectos, cómo manejará la
relación Estado-sector privado, cómo administrará a PDVSA, qué ocurre en los Fondos que ha creado, especialmente, la
situación de Fonden, cómo estimulará el ahorro de la sociedad.
Estas son algunas de las premisas básicas que
de adoptarse darían cierta credibilidad
a las acciones anunciadas y que engendrarían una elemental confianza a los
hombres y mujeres de este país sobre los que recaerán los embates y el costo
del ajuste, causado por las inexplicables deficiencias en el manejo de la cosa
pública por parte del gobierno.
En caso contrario, la aplicación de los
correctivos no será suficiente, solo serán acciones aisladas sin asidero real
que nos empobrecerán aún más, darán un efímero alivio a la crítica situación por la que atraviesa el gobierno,
pero muy pronto reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos y su secuela de
males inequidades: ineficiencia, corrupción, despilfarro, impunidad, desempleo
y un país hipotecado que compromete el presente y el futuro de varias
generaciones.
Pedro
Luis Echeverria
pedroluis.echeverria33@gmail.com
@PLEcheverria
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