JOSÉ RAFAEL AVENDAÑO TIMAURY, LIDERES Y ENCUESTAS,

Si en los años de  1810 y 1811 hubo empresas como Datanálisis, Keller & asociados e Hinterlaces, entre otras, las actitudes asumidas por los integrantes de la Sociedad Patriótica y los firmantes del Acta de la independencia con certeza habría hecho lo mismo.

Existía para esos prohombres la certeza ineludible de propiciar un cambio político a pesar de las condiciones objetivas que regían para la época. Existe una frase muy manida y antipática, casi como un axioma, que reza: “los grandes acontecimientos sociales son producto de minorías esclarecidas”.

Desde hace varios años se ha establecido que los líderes políticos, pragmáticos y “realistas”, deben ratificar el criterio de mayorías circunstanciales aunque estas incurran en equivocaciones y asuman conductas antinacionales. Es decir, han olvidado que la premisa fundamental de todo liderazgo consiste en dirigir y orientar por la senda correcta a las masas para que determinadas conductas erradas no nos lleven al despeñadero. Por esta razón, los verdaderos líderes se han convertido en una especie casi en extinción. Existen conductores políticos cortos de visión histórica y honesta de la realidad nacional. Asumen directrices producto de cálculos cínicos, actitudes oportunistas y electoreras que los convierten en  politicastros de oficio ya que anteponen perversamente sus intereses personales y grupales momentáneos a los intereses superiores de la república.

   Los dos tercios de la población venezolana que no compartimos las políticas gubernamentales padecemos un ayuno verdadero de liderazgo nacional con visión patriótica y de futuro. Dos factores representativos que conforman parte de la oposición mantienen una aparente discrepancia táctica para enfrentar al régimen: la MUD se inclina a participar a todo evento en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 con el CNE y las Salas Constitucional y Electoral del TSJ similares a lo actual. Quienes responden a la dirección de Leopoldo López y María Corina Machado, a su vez, proponen la constitución de un Congreso o encuentro propiciatorio a solicitar la renuncia presidencial y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con los recursos legales vigentes, es decir, solicitar al CNE y al TSJ el tutelaje de la pretensión.

   Ambos sectores, por diversas razones, pretenden que el resto de los venezolanos permanezcamos inmóviles y mudos ante tan desacertados proyectos que se pueden resumir: mantener al gobierno y al resto del país dentro del llamado cauce constitucional cada día más maltrecho y lesionado por la violación continua del texto asentado en la Carta Magna. De esta manera, el CNE y las Salas del TSJ, nuevamente, se prestarían a “confeccionar” a la medida los resultados.

   La mayoría de los partidos y sus dirigentes, así como muchas individualidades, tienen como único norte el de pertenecer a la AN sin importarle lo envilecida, superflua e inútil en que se ha convertido. No les importa que cualquiera de ellos, los actuales y los futuros, sean defenestrados con cualquier argucia pseudo legal cuando su conducta sea conceptuada como molesta. El otro sector oposicionista, de manera cándida, pretende que el gobierno permitirá con entera libertad el uso de los mecanismos constitucionales como el Referéndum y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Estos, inexpertos y de buena fe, imbuidos de premisas de lucha no acordes con la realidad nacional también se prestan a hacerle el juego al gobierno. Es sencilla la razón. Ambas proposiciones solo distraerán la atención de lo sustantivo por lo adjetivo: evitar la permanencia ilimitada del régimen al costo que sea, no importa  lo violatorio a perpetuidad de textos legales positivos.

   El gobierno nacional aceptó el diálogo en el pasado mes de abril. No lo hizo porque tenga conciencia republicana y formación democrática. Lo hizo por la sencilla razón de que la protesta popular estudiantil iniciada en los Estados Táchira, Mérida, Carabobo, Zulia, la ciudad de Caracas y otros, de manera espontánea e inconexa, se desarrolló de manera tan vertiginosa y letal que puso en verdaderos aprietos a la llamada “institucionalidad” promovida por el ejecutivo. Una vez más, recordando los sucesos del año 2002 y siguientes, recurrieron al diálogo con el único fin de ganar tiempo, adormeciendo la protesta, para así recuperar la estabilidad perdida. Maduro asumió Igual criterio en la actualidad. Ahora, al creer recuperada la sumisa tranquilidad ciudadana vuelve, con guapetonería de colectivos armados ante la civilidad desarmada, a pretender meter en cintura dictatorial a más del 70 % de los venezolanos.

   Si no se cumple a plenitud lo establecido en la Constitución Nacional y se recupera la independencia de los poderes públicos de la manera prevista, no puede ni debe haber elecciones y hechos políticos sucedáneos bajo el tutelaje de una incierta legalidad y legitimidad. El Art. 350 CN existe.

José Rafael Avendaño Timaury

cheye@cantv.net

@cheyejr

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