JESUS ALEXIS GONZALEZ, ORIGEN DE LA CRISIS: SIN SISTEMA ECONOMICO

Iniciemos con una visión 

Venezuela transita hacia una crisis económica,  cuya intensidad será del tamaño   de   las   distorsiones   macroeconómicas   propiciadas   por las improvisaciones e indefiniciones   inducidas por la puesta en marcha de acciones para alcanzar una economía totalmente estatizada bajo la figura de un socialismo democrático (mercado con fuerte participación estatal); lo cual equivale a la implantación de una economía socialista en la economía de mercado,  en torno a un enfoque productivo socialista de heterodoxa conformación,  orientando la política económica a la luz de construir un Estado socialista.

Tal intención (de indefinido sustento doctrinario), está  propiciando un mayor desbalance  macroeconómico ante la ausencia de un sistema económico, entendido como un conjunto de procesos vinculados funcionalmente entre sí mediante relaciones, reglas, procedimientos e instituciones que caracterizan el funcionamiento económico del país; para lo cual se han de instrumentar las políticas que se estimen necesarias en función de organizar la actividad económica de la sociedad (producción y distribución de bienes y servicios) en un marco de ordenamiento jurídico que facilite el desarrollo de las fuerzas productivas, y de una estructura económica que perfeccione las relaciones entre los sectores de la economía (primario, secundario y terciarios). Tal desenvolvimiento, ha de responder a un modelo económico perfilado por el Gobierno (dirección de la colectividad social mediante la instrumentación de políticas públicas) para organizar la actividad económica en vínculo armónico entre el tejido empresarial (privadas, socialistas y mixtas) con el resto de los actores sociales. 

Formulemos una interrogante- 

¿Venezuela cuenta con un sistema y modelo económico concebido como política de Estad­o?

Veamos: 

El 5 de agosto de 2000, según Decreto No 923 de la Presidencia de la Republica, a los efectos de la creación de la Comisión Presidencial para la Constituyente Económica se consideró sobre el deber del Estado de promover conjuntamente con el sector privado el desarrollo armónico de la economía nacional, así como de evolucionar hacia una actividad económica diversificada mediante el estímulo a la inversión de los capitales nacionales y foráneos; todo ello en un todo de acuerdo con el Artículo 236 Constitucional. Tan apropiado postulado de coherencia macroeconómica, fue efímero en el tiempo ya que ese mismo año se inició la erosión de la autonomía del BCV al reformar su Ley de creación para permitir al Ejecutivo Nacional hacer uso de las utilidades cambiarias acumuladas por años en el ente emisor, creando  luego el FONDEN (sin mecanismos de rendición de cuentas) en aras de consolidar dicha acción, a la par de consagrar al Gobierno el derecho a distribuirse los dividendos del banco; hasta la posterior instrumentación de las denominadas reservas excedentarias para permitir que el BCV transfiriera al Ejecutivo Nacional las reservas internacionales con la finalidad de financiar el gasto público, creando las condiciones para la posterior eliminación de la autonomía del BCV, subordinándolo a las líneas gubernamentales violando la CRBV que señala la obligación de una coordinación macroeconómica entre el Gobierno y el BCV para elaborar un Acuerdo Anual de Políticas (solo se acordó un primero y único en 2003); desatendiendo al propio tiempo sus funciones medulares relativas a preservar el  valor de la moneda, la regulación de la liquidez monetaria y de no avalar políticas fiscales deficitarias asumiendo el indebido rol de agente financiero del Gobierno.

Muy variados han sido los efectos negativos que se han originado en Venezuela ante la ausencia de un sistema económico, hasta configurar una estructura caracterizada por: 

(1) una caída tanto de la producción petrolera, como de la producción interna de bienes y servicios; 

(2) decrecimiento de las exportaciones no petroleras; 

(3) aumento de la demanda de importaciones; 

(4) reducción de la inversión extranjera directa; 

(5) contracción del mercado cambiario; 

(6) crecimiento del nivel e ineficiencia del gasto fiscal; 

(7) uso intensivo de créditos adicionales; 

(8) déficit en la gestión financiera del Gobierno Central, cubierto con emisión de dinero inorgánico (monetización) y colocación en el mercado interno de Bonos DPN y Letras del Tesoro; 

(9) expansión de la liquidez monetaria; 

(10) aumento de la deuda pública interna; 

(11) remonetización de la economía (liquidez monetaria por encima de la inflación); 

(12) expansión secundaria de dinero por vía crediticia (excedente de liquidez en la banca); 

(13) crecimiento económico real apuntalado por la Demanda Agregada Interna, en función al consumo público y privado (con mínima inversión reproductiva); 

(14) crecimiento significativo de la Población Económicamente Inactiva (participación en programas sociales no generadores de puestos de trabajo); 

(15) sector informal cercano a la mitad de la fuerza laboral; 

(16) disminución de la productividad del trabajo (inamovilidad laboral); 

(17) elevado índice de escasez y desabastecimiento; 

(18) devaluación continua ante la sobrevaluación y el déficit fiscal; 

(19) recesión por el decrecimiento del PIB durante 2 trimestres consecutivos; 

(20) altas posibilidades de una estanflación, y de una hiperinflación; 

(21) corrupción desbordada; 

(22) unificación cambiaria con fines fiscales; 

(23) reforzamiento del control de cambio; 

(24) profundización del ejercicio de la economía como herramienta de dominación político-partidista; 

(25) racionamiento (electrónico-biométrico) de los alimentos y las medicinas; y 

(26) elevada percepción negativa sobre el devenir económico nacional.

A la luz de una reflexión final, sostenemos que para la existencia de un sistema económico en Venezuela, se hace necesaria una eficiente interrelación (con implícita diferenciación) entre el régimen sociopolítico (concepción y estructuración del Estado) y la administración pública (formulaciones políticas y administrativas); en un escenario donde exista una transparente diferenciación entre el Estado, el Gobierno y el Presidente, y una definida estrategia (visión de largo plazo) de desarrollo en función del bienestar del pueblo venezolano.

Jesús Alexis González

jagp611@gmail.com        

@jesusalexis2020

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