ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ, LOS ATAJOS DE LA JUSTICIA PENAL

Nuestra  justicia-si  cabe llamarla así- marcha por caminos perversos que la han desfigurado completamente. 

En Venezuela, sencillamente, no hay justicia. Esta expresión, valor o vivencia no ha sido internalizada por nuestro pueblo, ni se consigue en botica, ni se dispensa a los que la exigen. No hay justicia en este país y las madres que claman por ella a las puertas de la morgue, no la tendrán, y, por tanto, como ya lo dicen algunas, solo deben esperar la justicia divina. La impunidad es generalizada y solo el porcentaje mínimo que cae en sus redes, carente de todo recurso, termina pagando con la pena anticipada de un proceso que concluye con la admisión forzada de los hechos, fórmula que conduce a una condena atenuada que queda al arbitrio del Ministerio de Servicios Penitenciarios. El otro porcentaje de presos, cada día mayor, está conformado por disidentes u opositores al régimen, cuya permanencia  en prisión con procesos acelerados o retardados ad infinitum, según la “ley del diferimiento”. La de los “procesos express”, culminan en condenas seguras, a voluntad del Gobierno. Por supuesto, la justicia y el derecho brillan por su ausencia, siendo así que nos movemos en el campo abierto de la venganza política con apariencias de legalidad.

La justicia penal, en particular,  más que caminos, recorre trochas o atajos en los que son baquianos leguleyos inescrupulosos que halan la sardina para su propia brasa y se mueven a sus anchas entre los intersticios o las más burdas interpretaciones de la letra de la ley, dejando de lado su verdadero espíritu o propósito.

En este  panorama tétrico, el aparato de la justicia penal se ha manifestado como como un instrumento de suma eficacia para amedrentar a los adversarios políticos con la amenaza de una cárcel sin término cierto, salvo que opten por el camino duro e inclemente del exilio forzoso.

Esta vertiente de la utilización política de la justicia penal que ha sido caracterizada por quien estuvo en el cargo más alto de su administración, el magistrado Eladio Aponte Aponte, como “justicia de plastilina”, hoy ha llegado a los extremos de una “justicia subliminal” que se propone castigar por simples pensamientos, por las condiciones, carácter o personalidad de un líder, cuyo discurso tendría la capacidad para mover en forma directa, eficiente e inequívoca la voluntad de otros, haciendo surgir en estos la determinación de cometer una acción delictiva, por la cual debe responder como determinador o instigador. Tal es el caso de Leopoldo López.

Esta justicia de plastilina encuentra también sus más recientes manifestaciones en el caso de los alcaldes Scarano y Ceballos, enviados a prisión por la sala constitucional sin posibilidad de optar por fórmulas alternas al encarcelamiento, aunque el hecho no excede de 15 meses de prisión y de inmediato sometido a proceso Ceballos por un delito de rebelión sin alzamiento y sin insurrección armada.

No menos graves son los casos de estudiantes presos por manifestar, acusados por el delito inexistente de “cerrar vías” y por “agavillamiento”. Este último tipo delictivo supone que se forma parte de una asociación constituida, con características de permanencia, para cometer delitos y si se trata de la asociación para delinquir de la Ley contra la Delincuencia Organizada, de una sociedad o grupo que se constituye igualmente para cometer delitos que pueden ser calificados como de crimen organizado.

Sin duda, el derecho penal, recurso extremo o ultima ratio en una sociedad organizada, a los fines de contener las más graves violaciones al orden jurídico, afectando las bases de la convivencia social, se ha convertido en prima ratio para amedrentar o neutralizar a los adversarios políticos, bajo la absurda consideración de que se debe actuar con la mayor severidad ante todo aquel que represente, por su pensamiento, un peligro para la consolidación y el avance del proyecto político de quienes gobiernan.

Alberto Arteaga Sanchez

aas@arteagasanchez.com

@ArteagaSanchez

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