PEDRO RAFAÉL GARCIA, ¿CARACAS EN SUS 447, AÑOS UNA CIUDAD DESOLLADA? EL CAOS DE LA BASURA Y SU IRRESPONSABLE MANEJO, PUNTO DE QUIEBRE

El factor basura como componente político capaz de producir cambios en la psicología urbana hizo su irrupción en la ciudad de Maracaibo durante el mandato del doctor Raúl Leoni en la gestión del gobernador Gabriel José Páez en el tiempo previo a la asunción del gobierno nacional por parte del doctor Rafael Caldera, con la huelga del aseo urbano, unida a un cambio en el componente cultural producido por el muy querido maestro socialcristiano gaitero Ricardo Aguirre con la difusión de la letra e interpretación de la conocidísima Grey Zuliana.

Luego del arribo al poder en el marco de la alternabilidad democrática del Inefable Dr. Rafael Caldera, bajo la prestada consigna del Cambio, que los socialcristianos asumieron como de eficiente "pegada política", originalmente suscrita y ampliamente publicitada por el MIR nacido desde las entrañas de Acción Democrática a través del editorial redactado por Gumersindo Rodríguez y publicado en el órgano periodístico Izquierda el 14 de octubre de 1960: "la consigna del cambio de gobierno" de tal impacto en la opinión nacional, que correspondió al ministro de relaciones interiores, Luís Augusto Dubuc, a objeto de reducir a su mínima expresión, declarar que era un llamado abierto a la insurrección. Pero Caldera si entendió la profunda penetración de esta consigna no en balde el inteligente profeso de sociología del derecho tenía claro el concepto como hecho político, al punto de utilizarla esencialmente en su diseño de campaña para la contienda electoral que lo llevó al poder.

También Caldera, impresionado de como a raíz de esa huelga del aseo urbano de Maracaibo había significado un crecimiento desmesurado de su partido El COPEI en la región zuliana, y el declinar del hasta entonces poderoso e inexpugnable aparato Mepeco-adeco zuliano, una vez instalado en el gobierno, atendiendo al análisis que sobre el tama le realizara el general Víctor Maldonado Michelena sobre las implicaciones en materia de seguridad de Estado, y el influjo del área metropolitana de Caracas sobre el resto del país, decidió asumir la prestación del servicio de aseo urbano, que para entonces manejaban los institutos Municipales de Aseo Urbano del Distrito Federal y del Distrito Sucre del Estado Miranda. Así, surgió la creación del Instituto de Aseo Urbano para el Área Metropolitana de Caracas, que conservó el logo y denominación anterior, hartamente conocido por la población urbana: como el IMAU.

Fue sin duda alguna, el primer acto pleno de implantación de la gestión integrada del servicio en sus fases de recolección, transporte transferencia y disposición final, clausurándose los botaderos de basura de Ojo de Agua y Filas de Mariches y aperturándose en el sector la Bonanza de la carretera nacional hacia los Valles del Tuy, a 27 kilómetros del kilómetro 0 (cero) además del botadero de basura de Catia La Mar, para servicio exclusivo del Departamento Vargas del Distrito Federal. Igualmente con ello se le bajo el copete a profusos vicios municipales mediante la implantación de manuales de operaciones y de control por vez primera, bajo el régimen de administración directa en un momento en el cual no había una cultura de pago del servicio. Debe decirse sin equívocos que esta primera etapa significó un salto cualitativo.

Procuró el inefable doctor Caldera que se seleccionara al personal gerencial idóneo, (pese a ser un convencido partidario de estímulos a la libre empresa desde el punto de vista técnico y político, se logró la eficiencia de el servicio en su integralidad, aunque se conservó la vieja conducta entre el personal de obreros recolectores, adquirida desde los tiempos de la dictadura perejimenista, de seleccionar desechos para su venta que acopiaban en sacos ubicados en los laterales de los camiones recolectores. Y este reciclaje inicial, aceptado conscientemente por la nueva gerencia imaucista, permitía que los trabajadores recibieran ingresos adicionales a sus salarios y bajara la presión alcista de los contratos colectivos por parte de los sindicatos. Allí se encuentran los antecedentes de lo que posteriormente se conocerá como el beneficio de los "cesta-tickets" y la desgracia posterior de los "recogelatas".

Es de destacar que esta gerencia había diseñado para el IMAU un plan  de modernización a cumplirse cronológicamente en tres etapas en iguales períodos constitucionales, es decir, a 15 años. En esta primera etapa se cumplieron todos los objetivos trazados en la ingeniería conceptual y financiera y económica del servicio. Puede añadirse que fue el primer gobierno en todo el continente, incluida su parte norte (Canadá, Estados Unidos y México) que integralizó la gestión. Pero como los que no conocen la historia en sus especificidades, están condenados a que vengan del exterior a mostrarnos sus modelos, los cuales muchos de ellos fue una pública y reconocida asimilación del modelo venezolano: Caso Curitiba-Brasil. Bueno es recordar que Venezuela fue precursora asimismo de los programas y que fueron asimilados en la casi totalidad de centro y Sudamérica;

Al período constitucional siguiente le correspondería cumplir con la segunda etapa del servicio. Ejercido por Carlos Andrés Pérez, durante el cual el país va a disfrutar el "boom de los altos precios del petrolero", que sin proponérselo, la cruda realidad de los hechos económicos trasladará a un tercer plano este acuciante y sentido problema urbano.

Otro gobierno socialcristiano, el de Luís Herrera Campins, es quién aborda la segunda etapa del cronograma de modernización. Al efecto, el mandatario socialcristiano designa para tal encargo al ingeniero Edmundo Arias. Este cumple con los objetivos y el cronograma previsto: trasladar a las empresas privadas el servicio de recolección y transporte, bajo el régimen de "contratos de operación" y es desde allí surge el concepto-denominación de "operadoras" a tales empresas, quienes se arrogan la plantilla de obreros del servicio de recolección que poseía el IMAU. Para que se cumpliera sin obstáculo alguno lo que sobre el particular se había trazado se formaron cuatro empresas, que respondían a la diarquía política que ya existía en el país luego del desplazamiento de URD.

La alianza con capitales europeos y cubano-americano, pasaron a ejercer el servicio asignado, pero siempre bajo la supervisión, fiscalización, vigilancia y control del ente rector, el IMAU. Este sistema de inspección que en ciudades españoles e italianas había dado insuperables resultados fue el que se adoptó. La tercera etapa le correspondió al gobierno de Jaime Lusinchi, que puso al frente del IMAU a Pedro Lava Sánchez, quién acentuó los controles al punto de descubrir la gran estafa que cometían contra el Estado las empresas operadoras, disponiendo algunas de ellas terrenos de pre-transferencia ubicados en los alrededores de la planta o estación de transferencia de Mayas, dónde previamente se hacía un "tratamiento" a la basura, consistentemente en una doble complicidad, la empresa permitía que los obreros separaran unos cuantos kilos de material reciclable, a cambio de silenciar que humedecieran toda la basura depositada en los camiones compactadores a objeto de incrementar el peso en un trescientos por ciento al momento de su control por medio del sistema de Tara, originando esta vez una triple confabulación, entre las empresas operadoras de la recolección, los empleados del IMAU encargados del pesaje y los técnicos de la empresa suplidora del sistema de pesaje, BASMELCA.

A pesar de los contratos con las operadoras, el clientelismo sucedáneo fue aumentando progresivamente el plantel de personal del IMAU al punto, que, la relación supervisión-supervisado, alcanzó el guarismo de 21 a 1, es decir, para cada trabajador de las empresas operadoras del servicio, el IMAU empleaba a 21para labores de control. Un contrasentido, pero con la gravedad que era ostensible, producto del clientelismo sindical y político, sumado el hecho de cuotas sindicales, en el cual participaban las fracciones sindicales de AD, COPEI, MEP y URD, en las cuotas políticas, pero esta vez, además de los partidos anteriormente señalados se incorporaron otros tres, el MAS, CAUSA R y el PCV, de manera proporcional en cuanto a importancia política. Es decir una macrotorta para comensales con apetito copioso. Este pesado cuadro obliga a que durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, se resuelva la liquidación del IMAU con el objetivo de que los municipios asuman directamente el servicio de manera integral a través de una mancomunidad, tal como se expresa en la Ley de Crédito Público, nombrándose a tal efecto una Junta Liquidadora para que en un año efectúe la operación presidida por un general de la Guardia Nacional y profesor de la UCV. El proceso avanza a pasos acelerados pero no logra su final gracias las observaciones contundentes que hizo quien tenía en ese momento un representaba un liderazgo indiscutible, el Alcalde de Caracas, Claudio Fermín, el resto de los municipios llamados por Ley a mancomunarse, mantuvieron una conducta unánime alrededor del burgomaestre caraqueño al negarse a aceptar la entrega del Acueducto y del Aseo Metropolitano sin aceptar el innumero de observaciones hechas por los Municipios. Extinguido el tiempo legal, el Ministerio del Ambiente, crea FUNDASEO para continuar el proceso de liquidación. Sin embargo, el país atraviesa una crisis de gobernabilidad y en la etapa final se diluye el proceso.

Aquí arranca toda una acción de las empresas operadoras en lobbies con los miembros de la Junta Directiva de FUNDASEO, con particular acentuación en el representante del Municipio Libertador, Julio Montes, designado por el nuevo alcalde, Aristóbulo Istúriz, con quién acuerdan, que acepte el servicio y se los otorgue vía concesión, porque ellos no están dispuestos a seguir bajo la condición jurídica de "operadores" y ante un mapa le exponen como hay que repartir el servicio.

El representante del Municipio Libertador así lo expresa en las reuniones de FUNDASEO y revela que además de haber conversado con las empresas operadoras del servicio, sostiene que la vía más expedita es asignarle proporcionalmente el servicio a las antiguas operadoras por vía de adjudicación directa de la siguiente manera: a FOSPUCA se le asignaría una porción del territorio del Municipio Libertador colindante con todo el Municipio Baruta, a SABENPE le correspondería los Municipios Sucre, El Hatillo y Vargas y a COTÉCNICA la porción del territorio de mayor población en el Municipio Libertador. Como lo expresó pública e Irene Sáez Conde, alcaldesa de Chacao Ella, consciente de su gravitación como consentida de los partidos políticos, sostuvo en esa oportunidad su desacuerdo con el procedimiento de adjudicación directa, manifestando su decisión de licitar el servicio. Esto obligó a todos los alcaldes contestes, inicialmente con los representantes de Municipio Libertador, a abandonar el acuerdo y por presión de la Alcaldesa, tomar el rumbo de la licitación, que llevó su tiempo, el suficiente para garantizar que se repitiera históricamente la solución gomecista heredada en el periodo democrático de transferir la redacción de las leyes a las empresas petroleras, en este caso a las Operadoras.

Hay que precisar que las empresas de recolección de residuos sólidos en Venezuela tienen una composición accionaria dónde los capitales externos poseen la parte de león, frente a la precaria participación de los accionistas criollos que es menos de la mitad en su aportación, además de su subordinación.

Esto tiene una explicación. Para acometer el servicio, los socios nacionales requieren un fuerte respaldo financiero a la altura de lo que implica manejar la operación en una accidentada  como la venezolana y en particular la de la ciudad de Caracas. Y esta explicación resultaría aceptable y razonable. Pero es el caso que los socios españoles, franceses, italianos y cubano-mayamenses, prestan la operación del servicio de recolección en Madrid-Barcelona, París-Lyon, Roma-Nápoles y Miami, de manera impecable, cara a cada incumplimiento contractual le acompaña una sanción que se refleja en multas que son debitadas del pago que la ciudad les cancela. Que afectan sus ingresos. .Y son los responsables ante el ayuntamiento de la limpieza de su área. Al tener bajo su supervisión una zona que recorren a pie, reportan las fallas en la prestación y dan plazo de 1 hora para que las recolectoras se apersonen y corrijan la falta. De lo contrario la multa es automática. Si vemos la plantilla del personal supervisor podremos notar la ausencia de burocracia. Sólo el necesario y requerido para tal labor.

Pero si observamos a esas mismas empresas desplegando sus actividades aquí en Caracas, o en cualquier sitio de Venezuela, el nivel de eficiencia es desigual contrastado con su desempeño en sus metrópolis de origen. No realizan eficazmente el barrido manual y mucho menos el mecánico. No lavan con detergente las calles y los lugares que muestran huellas de inmundicias. Tampoco la recolección es total, siempre dejan segmentos sin atender, que día a día se va acumulando. Total, el municipio termina implementando operativos especiales a su cargo y presupuesto, y las empresas cobran completo. (Y los Gerentes Públicos, sus dolarizadas comisiones).

Esto tiene una explicación, más no una justificación, el socio extranjero le plantea al criollo que los costos del servicio, les van restringiendo sus márgenes de ganancia, por ende, hay que reducirlos, sin que importe la calidad del servicio. Al final, quién resuelve es el municipio. Y lo peor de todo, en los contratos de concesión la supervisión recae en las empresas mismas. Esto es inaceptable y ocurre frente a la mirada cómplice de los demagogos de turno de todo pelaje ideológico. Para ello hay que armarse de coraje civil, pero no es posible, coraje civil donde no hay un talante ético para poder hundir el escalpelo en el tortuoso entramado de las pesadas estructuras del servicio de aseo urbano en la ciudad de Caracas, que cumplió con una secuencia de Campanas de Gaos, dónde las crestas, de un esfuerzo político y hay que admitirlo, correspondió a todo lo largo de dos gobiernos socialcristianos (Caldera y Herrera) lo que demuestra que el problema del aseo urbano domiciliario tiene una doble naturaleza: política y técnica. Pero también expone que si esa doble vocación no se vértebra con un proyecto de ciudad, los esfuerzos por resolver sus crisis reiterativas-cíclicas serán infructuosos.

Pedro R. Garcia M.

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