JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, ENTRE “PAQUETES” AYER Y HOY.

El ayer hace referencia a la Venezuela desde 1989 (segundo mandato de C.A.Perez), momento cuando se instrumentó un Plan de Ajuste Económico (PAE) denominado Gran Viraje (GV) con el propósito de reducir el tamaño del Estado y acabar con el Estado paternalista,  e introducir cambios radicales en un modelo económico que presentaba, entre otros desequilibrios, un bajo nivel de reservas internacionales, alto déficit fiscal, depreciación progresiva de la moneda y un deterioro de los salaros reales. En el VIII Plan de la Nación (1990-94), y  separándose de las orientaciones de la CEPAL, se da  apertura a una economía centrada en el mercado y la participación privada con la intención de insertarla en la economía mundial. En tal sentido, formularon los siguientes lineamientos: (1) crecimiento sin inflación (equilibrio fiscal, eficiencia del gasto público), (2) cambio institucional (reforma integral del Estado, descentralización de la administración pública), (3) competitividad internacional (promoción de las exportaciones, creación y reconversión industrial) y (4) formación integral del capital humano (reforma de la educación); y se plantearon algunos fines tales como: (a) sustitución de importaciones, (b) reducción del servicio de la deuda externa, (c) restablecimiento del equilibrio sin hiperinflación, y (d) crecimiento de la economía en un 2% en 1989 y de un 5% a 6% a partir de 1990.

El paquete se orientó a la adopción de un cambio único libre-flotante, liberación de precios y tasas de interés, eliminación de subsidios a los bienes y servicios producidos por el Estado y a un aumento de las tarifas de los servicios públicos. En lo atinente a la política cambiaria, asumieron como norte que la tasa de cambio debía dejar de ser un mecanismo de subsidio que posibilitaba al venezolano vivir por encima de la productividad y producción interna, en función de ello acordaron tanto una unificación cambiaria con tasa de cambio flexible de acuerdo con el libre juego de la oferta y demanda, así como la eliminación de todo tipo de control de cambio y de los permisos y cupos de importación (RECADI). En política fiscal se propusieron la reducción del déficit fiscal (causa primaria de la inflación), la congelación de cargos en la administración pública, impuesto al consumo no esencial, elevación de los desgravámenes y niveles de excepción en el impuesto sobre la renta de personas naturales, y un aumento progresivo anual de la gasolina durante 3 años.  En política social acordaron (1) incremento del salario mínimo, (2) aumento de sueldos en la administración pública y en el sector privado, (3) aumento de los bonos de transporte y comida, (4) programa de transferencias alimentarias a niños, madres embarazadas y lactantes, (5) creación de 42.000 hogares de cuidado diario, (6) regulación de precios y subsidios para 18 productos de la canasta básica, (7) plan de consolidación de barrios, (8) apoyo a las microempresas, (9) consolidación de los ambulatorios y (10) creación de la Comisión Presidencial para la Lucha Contra la Pobreza. Al propio tiempo se firmó una Carta de Intención con el FMI, donde se incluía, entre otros aspectos, un financiamiento externo por unos US$ 5.000 millones anuales por 4 años(US$20.000 millones hasta 1993) en aras de adelantar los cambios y programas propuestos.  Luego de destituido C.A. Pérez, previa decisión de la Corte Suprema de Justicia (20/05/1993) y posterior acuerdo del Congreso de la República (21/05/1993), es nombrado en enero 1994 Ramón J. Velásquez (luego de una breve presidencia de Octavio Lepage) para la culminación del periodo;  quien promulgó la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo cual había sido negado reiteradamente.

En enero 1994, inicia Rafael Caldera su segundo mandato en el marco del IX Plan de la Nación al cual se incorporó  un programa de ajuste (1996-98) llamado Agenda Venezuela (AV), (con un ambiente político favorable) que igualmente tenía como propósito corregir los desequilibrios macroeconómicos. Dentro de los pilares de la AV valen destacar: (a) énfasis en lo social mediante una vinculación de la economía con la sociedad, (b) medidas en materia fiscal, monetaria y cambiaria en aras de reducir la inflación al corto plazo, (c) ajustes a la demanda agregada, (d) negociación con los organismos multilaterales para financiar las reformas estructurales, los programas sociales y fortalecer las reservas internacionales, (e) inserción de la economía en el mercado internacional, (f) transformación del aparato productivo mejorando la productividad y la competitividad, (g) transformación de la educación mediante cambios en los sistemas de enseñanza, y (h) la reforma del Estado para limitarlo a sus funciones esenciales. En lo atinente al Plan de Protección Social, se propusieron aumentar el gasto social desde un 0,45% del PIB hasta un 2% del PIB, como requisito para adelantar programas sociales compensatorios tales como: (1) subsidio al pasaje estudiantil, (2) merienda, desayuno y comedores escolares, (3) subsidio a la pensión de vejez, (4) atención integral al anciano, (5) hogares y multihogares diarios, (6) capacitación y empleo joven, (7) Fondo de Fortalecimiento Social, (8) subsidio familiar, (9) alimentación materno infantil, (10) alimentos estratégicos, (11) dotación material médico-quirúrgico, (12) dotación de uniformes y útiles escolares, (13) suministro de medicamentos, y (14) alimentación escolar.

El hoy hace referencia, a la urgente necesidad que tiene el actual Gobierno Nacional de corregir los desequilibrios macroeconómicos, donde el control de la inflación, la reducción del déficit fiscal, la recuperación de las reservas internacionales, la racionalización del gasto público, la disminución de la liquidez monetaria, la unificación cambiaria, la flexibilización del control de cambio, la recuperación del salario real, entre otras, son materia de primer orden; en el entendido que todo plan de ajuste  requiere de un financiamiento externo (unos US$ 25.000 millones para el plan en comento) que el Gobierno rechaza provenga del al Fondo Monetario Internacional, pero que tampoco podrá ser a través   del Fondo Conjunto  Chino-Venezolano que ha recibido créditos (desde 2007) por algo más de US$ 50.000 millones, que retornarán como materia prima y están garantizados con venta de petróleo a futuro a un promedio de US$ 40 el barril,;  escenario posible gracias al comportamiento del imperio asiático y su socialismo de mercado. Las referencias en relación al pasado, son sólo ilustrativas.

Jesús Alexis González     

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