DARÍO ACEVEDO CARMONA, JUSTICIA INJUSTA, DESDE COLOMBIA

Preocupa en grado superlativo que nuestro aparato judicial de la impresión de estarse guiando en sus providencias y sentencias por una política, la que le marca el Ejecutivo y también sus propias malquerencias. Es lo que algunos han calificado como una tendencia a judicializar la política y a politizar la Justicia.

¿En qué tipo de asuntos se concreta esta distorsión? En primer lugar en la forma como se ha investigado y penalizado a congresistas acusados de tener nexos de diverso grado con los grupos paramilitares sin que se proceda de igual manera con aquellos que los han tenido y tienen con las guerrillas. El sesgo ha sido evidente e invita a preguntarnos la motivación de dicha forma de actuar. Algunos críticos achacan tal proceder a la profunda infiltración de elementos de izquierda y extrema izquierda afines a las guerrillas en el aparato judicial.

Hay quienes sostienen que la Justicia colombiana se guía, en alta medida, por una concepción que descarga en el Estado colombiano la mayor responsabilidad en los hechos de violencia. La presión sistemática de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de indudable y visible tendencia izquierdista parece haber dado el resultado que tenemos en la actualidad, el de una Justicia que se ha quitado la venda.

Esa es la razón por la cual no hay, como debería haber, una investigación y procesamiento de envergadura contra todos aquellos personajes incrustados en distintos órganos civiles y oficiales que tienen nexos con las agrupaciones subversivas.

Si, tanto los paramilitares como las guerrillas tejieron redes en la civilidad, ¿por qué la Justicia se inclina a castigar principalmente a los parapolíticos? La infiltración de las guerrillas o la presencia de simpatizantes de ellas no es una explicación satisfactoria.  Quizás no le hemos prestado suficiente atención a la colonización ideológica que se ha operado de la jurisprudencia sobre el conflicto colombiano por teorías y paradigmas que favorecen, precisamente, a aquellos grupos que supuestamente actúan guiados por ideales altruistas.

Tesis como la de mirar el contexto del acto criminal, una especie de tratado sociológico macro-comprensivo del que se desprenden las “causas objetivas”, o la teoría Roxin sobre el hombre de atrás o la organización, entre otras, conducen a pensar la acción del estado en términos de “complot oficial”. De tal suerte que se llega a pensar que los delitos de las guerrillas no son tan graves porque tienen inspiración altruista, humanitaria y justiciera, en tanto el Estado y los paramilitares, que vendrían a ser la misma cosa, y los parapolíticos, son criminales. Es decir, la adecuación del concepto de delito político aplicado a gobiernos dictatoriales en este caso a una democracia. Por eso, cuando se lleva a los estrados judiciales acusaciones contra personajes ligados a las guerrillas, inmediatamente, casi al unísono, se escuchan voces quejándose de persecución política, de señalamientos que ponen en peligro la vida y de injurias y calumnias.

Otra de las formas de expresión del desvarío judicial es el que salió a flote con los fallos (léase literalmente yerros) de la Justicia colombiana en la semana que pasó. Se le aplican 17 años de cárcel al exministro Andrés Felipe Arias en un asunto que no supuso detrimento patrimonial del Estado, en el que algunos particulares fueron los responsables de hacer trampas al programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y en el que si hubo problemas de contratación son los mismos que se han cometido desde que la agencia de la OEA presta servicios al ministerio de Agricultura.

Todo da para pensar que estamos en presencia de otro round en la querella de la Corte Suprema de Justicia con el expresidente Uribe y sus funcionarios más cercanos. En la lista de espera están varios exministros y otros que huyen de una Fiscalía que funciona como látigo del presidente de la república.

Simultáneamente el Tribunal Superior de Bogotá, el mismo que le ha negado ene veces la libertad al coronel Alfonso Plazas Vega, se la concede a Joaquín Pérez Becerra, alias Alberto Martínez, director de ANNCOL, portal de propaganda al servicio de las FARC organización calificada de terrorista, hasta hoy en día, por la Unión Europea, los EE UU y Canadá. Esta persona cumple funciones que son a las guerrillas lo mismo que las de algunos políticos a los grupos de autodefensa.

De aquí tenemos, entonces, la mano suave que se ha expresado en la liberación del principal propagandista de las FARC que regresará a la placidez sueca, país que los considera luchadores justicieros. Y la dureza contra un dirigente uribista que sin llevarse un peso al bolsillo y haciendo lo que sus antecesores y sucesores hicieron, fue castigado con total desproporción.

Me pregunto si dicha liberación ¿habrá sido fruto de un acuerdo en las conversaciones de paz? Ya que eso indicaría que este gobierno estaría ampliando el radio de acción de su entreguismo, en el que ya causaba escándalo la salvación de comandantes a punto de ser dados de baja trasladándolos a La Habana.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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