También en la política internacional, para
comienzos de 1962, el Gobierno de Coalición iba anotándose triunfos innegables.
Tal fue el caso con la República Dominicana. La desaparición física del déspota
que oprimía a ese hermano país fue posterior al riguroso cordón de aislamiento
que contra su régimen propició e impulsó, con enérgica decisión, el gobierno de
Venezuela.
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| Rómulo_Betancourt,_1961 |
Tal como fue reconocido en la
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Punta del Este por
el representante dominicano: “Es para mí motivo de singular complacencia
expresar públicamente nuestro agradecimiento al pueblo de Venezuela y a su
gobierno, que fueron paladines de nuestra cruzada en la ayuda infatigable para
la restauración del pueblo dominicano”.
De la misma manera, en las Naciones Unidas se
manifestó la irrenunciable e inmodificable decisión del pueblo venezolano para
que se le reconozcan sus derechos sobre extensas zonas del territorio nacional
que le fueron usurpadas por la Inglaterra victoriana de expansión imperialista.
La posesión colonial que los ingleses adquirieron de Holanda, en las vecindades
geográficas de Venezuela, pasó de 20.000 millas cuadradas a 109.000 millas
cuadradas, a costa de territorio venezolano. El diferendo entre la débil
Venezuela y la arrogante Inglaterra victoriana fue resuelto en un inicuo e
inaceptable laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho, en
sentencia de 1899.
Quedó claro que Venezuela jamás aceptará el
desprendimiento de su territorio. Por ser fieles a nuestra tradición y vocación
anticolonialistas propiciamos para la Guayana Británica la aplicación del
principio de autodeterminación y de su propia independencia. Pero exigimos la
reintegración de territorio venezolano sin desplantes publicitarios, a través
de una serena y firme gestión diplomática.
En las Naciones Unidas, junto con la India, la
República Arabe Unida y Yugoslavia, Venezuela presentó un proyecto que debía
servir de guía para las discusiones sobre el desarme, en declaración conjunta
contra la reanudación de pruebas nucleares y la difusión de armas de ese tipo,
e hizo hincapié en la desconfianza que existe entre las grandes potencias para
no entenderse entre ellas.
La mayor parte de estos principios fue
acogida posteriormente por Estados Unidos y la Unión Soviética e integrada en
la declaración conjunta suscrita por dichos países (20 de septiembre de 1961).
La línea de conducta de Venezuela en las Naciones Unidas permitió que fuera
escogida para formar parte del Consejo de Seguridad, el segundo órgano de jerarquía
después de la Asamblea General, por 96 votos de las 103 delegaciones presentes
en el momento de su elección.
Las relaciones diplomáticas y consulares
con el gobierno de Cuba fueron rotas el 11 de noviembre de 1961, en respuesta a
los humanitarios llamamientos del Gobierno de Coalición para que en ese país
cesaran los fusilamientos en masa y el campeante irrespeto a las libertades
públicas y a la dignidad humana.
Veinte Cancilleres de América, en la
reunión de Punta del Este, avalaron la decisión de Venezuela, y reconocieron
que en Cuba gobernaba un régimen
subordinado al Eje chino-soviético y que era incompatible con el sistema
interamericano, basado en la Carta Constitutiva de ese organismo regional
aprobada en Bogotá en 1948. El gobierno de La Habana fue excluido de la
comunidad interamericana, y Venezuela expresó nuestro apego invariable a la
norma de que en ningún caso se justifica la intervención unilateral de un país
de América, por otro de los que forman esta comunidad de naciones.
Venezuela recibió la visita de Jefes de
Estado, como fue el caso con John F. Kennedy, con quien se discutieron
problemas que afectan la economía y el desarrollo de Venezuela, haciéndole
interpretar y comprender con franqueza los reclamos aplazados que afectaban a
la economía y el desarrollo de América Latina frente a su país. Se lograron
préstamos a largo plazo y sin dádivas humilladoras. Durante las visitas de los
Presidentes de Argentina, Colombia y Costa Rica se estudiaron problemas y se convinieron
estrategias sobre la urgencia de que los pueblos y gobiernos latinoamericanos
unificaran sus planteamientos y dejaran de ser un archipiélago disperso de
repúblicas sin nexos reales que las unan y vinculen.
Las Fuerzas Armadas, por otra parte, constituían
un sólido respaldo a la constitucionalidad, ajustadas a sus tareas
profesionales y al margen del debate político nacional. Pero a la vez se iban
integrando cada vez más a la nación, contribuyendo a la solución de sus
problemas. En remotas áreas del Amazonas, oficiales y tropas de la ingeniería
militar hacían de pioneros en la construcción de caminos carreteros,
reforestaban al país y participaban en la recuperación de riquezas naturales
renovables. Se elevaba así el concepto de la defensa nacional de manera
coherente, borrando la imagen de autoritarismo y rapacidad legada por la dictadura.
El Hospital Militar cedió 500 camas al
Instituto de los Seguros Sociales, para atención de sus afiliados. En Maracay
comenzó a funcionar la primera granja militar, donde los soldados que prestan
servicios en filas adquirían nuevas destrezas como agricultores. Y con igual
empeño y en todo el país colaboraban –oficiales y suboficiales- en la tesonera
e intensa labor pedagógica para la alfabetización de adultos. Antes de 1998, la
labor de alfabetización democrática alcanzaría en torno al 90% de la población
analfabeta.
El Gobierno de Coalición continuó su esfuerzo
para que las Fuerzas Armadas estuvieran bien dotadas, bien adiestradas y bien
comandadas. Y en las sesiones ordinarias del Congreso de la República se
discutía la aprobación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que sustituyó
a la muy anticuada que para principios de 1962 estaba en vigor.
Alberto
Rodriguez Barrera
albrobar@gmail.com
@albrobar
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