Recientemente
Human Rights Watch dio a conocer el Informe “Castigados por Protestar”. Dicho
documento contiene detalles sobre violaciones de DDHH de manifestantes, al señalar, entre otros
aspectos, como el régimen de Maduro ha recurrido a estigmatizar a quienes
protestan como violentos. Allí se explica que no es posible calificar de
violentos a manifestantes cuando estos son atacados por cuerpos de seguridad
del Estado y grupos paramilitares “pandillas armadas partidarias del gobierno”,
y se ven en la necesidad de defenderse con piedras y en algunos casos con
bombas molotov, pues no existe proporción entre las acciones defensivas y la
forma como los organismos de seguridad han utilizado perdigones a corta
distancia para causar lesiones en el rostro y en la cabeza, e incluso armas de
fuego para reprimir.
Los
casos de detenciones arbitrarias de cientos de jóvenes estudiantes muestra como
el régimen ha instaurado una política de estigmatización que se caracteriza por
privaciones ilegales de la libertad perpetradas por organismos de seguridad y
luego fiscales y jueces han venido avalando dichas detenciones arbitrarias,
ordenando medidas privativas de libertad tomando como elementos incriminatorios
artefactos, bienes u objetos, que de acuerdo con activistas de DDHH y abogados
defensores habrían sido sembrados a los manifestantes.
Los
casos de Sairam Rivas y Airam De Araujo reúnen tal magnitud de abusos,
arbitrariedades y violaciones de DDHH, que los hacen paradigmáticos. Sairam,
quien es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenida el pasado 8 de mayo
mientras se encontraba pernoctando en el campamento instalado por el movimiento
estudiantil en la Plaza Alfredo Sadel. Su detención se produce al momento que
la Policía Nacional y la Guardia Nacional procedieron a desmontar el
campamento. Sairam no estaba cometiendo delito alguno al momento de su
detención en las Mercedes. Los hechos por los cuales se le imputaron los
delitos de agavillamiento e instigación pública y que la mantienen a la fecha
detenida en el Sebin, son producto de reportes de inteligencia que, de acuerdo
a sus abogados, no se pueden concebir como elementos probatorios, todo ello en
violación a su derecho a la libertad personal, expresión y debido proceso.
Por
su parte, Airam De Araujo, estudiante de ingeniería de la Universidad Santa
María, fue detenida el 26 de abril del presente año mientras protestaba en el
Municipio Baruta. De acuerdo al testimonio de su madre, Airam se encuentra
detenida en el INOF en condiciones de hacinamiento, comparte colchoneta con
otra reclusa, no tiene acceso a agua potable, su alimentación es deficiente y
depende para hacer sus necesidades fisiológicas del agua que sus familiares les
llevan los días de visitas, visitas estas que se limitan a un día a la semana.
Los
casos de Sairam y Airam, al igual que el de miles de jóvenes estudiantes
venezolanos, responden a una política de estigmatización de los manifestantes
como grupos violentos. Sus derechos están siendo pisoteados por un aparato
represivo que no tolera que jóvenes estudiantes posean convicciones e ideales
políticos contrarios al régimen, que hayan decidido protestar no las convierte
en delincuentes, y menos aún cuando se trata de procedimientos judiciales donde
se han irrespetado las garantías del debido proceso, y se ha llegado al extremo
de sustentar delitos en informes, reportes y lista de inteligencia.
Juancarlos
Vargas A
Juancarloseisaku@gmail.com
@jeisakuvargas
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