ZENAIR BRITO CABALLERO, “LA POLITIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS VENEZOLANOS”

No es inadmisible hablar de la politización de la justicia en Venezuela. 

La Justicia politizada no es justicia

Nuestras instituciones de justicia y de los otros poderes públicos, su móvil para acción  no están en un marco de imparcialidad. Quienes administran la justicia, la fiscalía, la contraloría, el CNE, la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas, etc., etc., lo hacen con criterios políticos, y en efecto sus decisiones obedecen al poder político superior, porque son sus brazos y manos ejecutoras.

Si el soberano pertenece  a una concepción de moral política en particular, lo  inaceptable es que el resto del cuerpo de poderes sea compatible con la del soberano, pero una cosa dice el papel  escrito como leyes de la República, y otra la que impone el régimen socialista-comunista gobernante.

La unidad del Estado venezolano, no está en la idea que sus diferentes poderes sean coherentes con la concepción de moral política del soberano. No hay división de Poderes como debería ser y de carácter independiente y sin filiación partidista.

Sin embargo, un alto porcentaje del pueblo habla que la unidad genera como frutos: estabilidad, gobernabilidad, prosperidad, progreso, trabajo y gobernabilidad etc. Se acumula poder y no siempre dicho poder representa un crecimiento favorable en la administración de justicia.

Y esto es grave para los auténticos, legítimos y verdaderos valores democráticos, cuando se quiere buscar que los partidos políticos están mucho mejor y funcionan bien cuando hacen parte de la unidad.

Luego, me pregunto yo ¿qué les puede suceder a los partidos políticos que no hacen parte de la unidad? y no solo los partidos, sino dónde ubican a todo aquel que disienta del gobierno.

Magistrados, Jueces y funcionarios de control disciplinarios, aunque quieran aparentar imparcialidad  y equidad, la inclinación de su balanza moral tiene como jefe, fuerzas políticas de alianza con el PSUV.

Ayer leía a un político muy famoso por Internet llamado Ronald Dworkin (1931-2013)  y veía preocupante sus declaraciones en cuanto “una fiscal o un juez que tienen convicciones marxistas, socialistas-comunistas o anarquistas, o que se escriben en alguna tradición religiosa excéntrica, no puede imponerlas a la comunidad calificándolas de ley, por más nobles o esclarecedoras que las considere, porque no le suministran el marco de interpretación coherente que necesita”.

Es evidente y los ejemplos sobran aquí en nuestro país en cuanto a tratarse de juicios políticos, como el caso de Simonovis, Forero, Henry Vivas, 8 policías metropolitanos, el General Baduel y ahora los Alcaldes Scarano y Ceballos y muchísimos otros, donde numerosos han sido juzgados injustamente porque no obedecieron a la moral política socialista-comunista del juez.

Por tanto, el caso de los alcaldes Scarano y Ceballos, destituidos e inhabilitados por  la Asamblea, el TSJ y respaldado por el régimen del Presidente comunista (Nicolás Maduro), han sido liquidados políticamente alegando que dicha destitución se hizo en el marco de la norma de recta conducta, “el Estado de derecho”.

Se desarmaron, unos los asesinaron y otros fueron aniquilados políticamente porque son “peligrosos para este régimen socialista-comunista”, que no les conviene tener Alcaldes de oposición. 

Zenair Brito Caballero

britozenair@gmail.com

@zenairbrito

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