jueves, 24 de abril de 2014

LUIS LOAIZA RINCÓN, COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE APULA

En Venezuela actualmente vivimos una situación de crisis generada tanto por un conjunto de factores sociales y económicos como por una forma de ejercer el poder que cuestiona la existencia del que anhela un país plural. Vivimos a diario los efectos de la inseguridad, inflación, escasez, corrupción administrativa y el deterioro del salario. Sufrimos la pérdida de nuestra calidad de vida y con impotencia observamos la violación de nuestros derechos fundamentales a la vida, integridad física, alimentación y salud. La polarización, la creciente brecha entre ricos y pobres y el quiebre de los mecanismos que aseguran la cohesión social son males indetenibles y por primera vez desde hace décadas, reaparece en el horizonte del país la posibilidad de una confrontación social de consecuencias inimaginables. Estos problemas son de tal magnitud que obligarían a cualquier gobierno responsable a impulsar cambios, rectificaciones y transformaciones soportados en una amplia base de apoyos sociales y políticos. No obstante, en Venezuela mientras más profunda es la crisis, menor pareciera ser la disposición de encontrar puntos de entendimiento y de unidad para avanzar.

En este contexto, múltiples protestas expresan el descontento social acumulado, la juventud exige un mejor futuro y nuestros estudiantes reivindican justas y legítimas demandas. Sin embargo, la respuesta del gobierno, que no ataca las causas sino las consecuencias, se ha basado fundamentalmente en la represión desproporcionada, la criminalización y judicialización de quienes protestan en las calles. Al mismo tiempo, las instituciones del Estado parecen anularse frente a la existencia de grupos de civiles armados que, en funciones paramilitares o parapoliciales, atacan a la población y actúan con impunidad. Con ello, sólo se ha generado una espiral de violencia que ya contabiliza demasiados hermanos venezolanos muertos, heridos, detenidos y torturados.
Esta dramática realidad, no obstante, pretende negarse con la asfixia y control de la prensa libre y la construcción de un relato sobre la situación del país que no se corresponde con la realidad.
En virtud de lo señalado, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes acuerda:
1.      Reiterar nuestro compromiso con la juventud venezolana, expresar nuestra irrevocable solidaridad al Movimiento Estudiantil y acompañarlo en su pesar por la muerte de tantos estudiantes que perdieron la vida luchando por un mejor país.
2.      Exigir el cese inmediato de la represión por parte de la GNB, la PNB y los grupos de civiles armados que los acompañan. El desarme de estos grupos es urgente así como la estricta aplicación de la ley cuando la quebranten.
3.      Exigir la independencia del poder judicial venezolano con el objeto de crear una imparcial administración de la legalidad que contribuya con eficacia a la reconstrucción del orden interno. En este sentido también es urgente la renovación de los poderes públicos con estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Nacional.
4.      Repudiar la violación de los derechos humanos como recurso para sofocar la protesta social y condenar los allanamientos que sin orden judicial se han practicado tanto en recintos universitarios como en casas particulares.
5.      Rechazar la criminalización de la protesta así como las limitaciones impuestas a la libertad sindical.
6.      Recomendar el diálogo y la concertación social como recursos fundamentales de la democracia para la solución de los conflictos y de la crisis social del país.
7.      Reiterar nuestra disposición de contribuir, como universitarios, a la solución de los urgentes problemas que hoy sufre Venezuela.
8.      Exigir al gobierno nacional el cambio de su modelo económico. Se hace urgente abolir las políticas y medidas que han acabado con el poder adquisitivo del salario y generan alta inflación y gran desabastecimiento.
9.      Solicitar, como gesto de buena voluntad, que el gobierno indulte a los ciudadanos detenidos y enjuiciados por razones políticas, favoreciendo de este modo un clima de reconciliación nacional.
10.  Exigir al gobierno nacional una lucha frontal contra la corrupción administrativa que no sólo debilita la economía sino que acaba con los resortes éticos del Estado.
11.  Continuar la organización y promoción de un conjunto de acciones de carácter académico y ciudadano que contribuyan a la comprensión de la problemática nacional, el destino de la Universidad y su vinculación con la ciudad, el valor de la democracia y de los derechos humanos mediante foros, debates, clases magistrales y concentraciones públicas.
Por la Junta Directiva:
Prof. Luis Loaiza Rincón
Presidente
Mérida, 21 de abril del 2014
apulainforma@apulaipp.org.ve
@APULAINFORMA 
Enviado a nuestro correos por
Margarita Belandria
belandria@gmail.com
@belanro

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