En
Venezuela actualmente vivimos una situación de crisis generada tanto por un
conjunto de factores sociales y económicos como por una forma de ejercer el
poder que cuestiona la existencia del que anhela un país plural. Vivimos a
diario los efectos de la inseguridad, inflación, escasez, corrupción
administrativa y el deterioro del salario. Sufrimos la pérdida de nuestra
calidad de vida y con impotencia observamos la violación de nuestros derechos
fundamentales a la vida, integridad física, alimentación y salud. La
polarización, la creciente brecha entre ricos y pobres y el quiebre de los
mecanismos que aseguran la cohesión social son males indetenibles y por primera
vez desde hace décadas, reaparece en el horizonte del país la posibilidad de
una confrontación social de consecuencias inimaginables. Estos problemas son de
tal magnitud que obligarían a cualquier gobierno responsable a impulsar
cambios, rectificaciones y transformaciones soportados en una amplia base de
apoyos sociales y políticos. No obstante, en Venezuela mientras más profunda es
la crisis, menor pareciera ser la disposición de encontrar puntos de
entendimiento y de unidad para avanzar.
En
este contexto, múltiples protestas expresan el descontento social acumulado, la
juventud exige un mejor futuro y nuestros estudiantes reivindican justas y
legítimas demandas. Sin embargo, la respuesta del gobierno, que no ataca las
causas sino las consecuencias, se ha basado fundamentalmente en la represión
desproporcionada, la criminalización y judicialización de quienes protestan en
las calles. Al mismo tiempo, las instituciones del Estado parecen anularse
frente a la existencia de grupos de civiles armados que, en funciones
paramilitares o parapoliciales, atacan a la población y actúan con impunidad.
Con ello, sólo se ha generado una espiral de violencia que ya contabiliza
demasiados hermanos venezolanos muertos, heridos, detenidos y torturados.
Esta dramática realidad, no obstante,
pretende negarse con la asfixia y control de la prensa libre y la construcción
de un relato sobre la situación del país que no se corresponde con la realidad.
En virtud de lo señalado, la Junta Directiva
de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes acuerda:
1.
Reiterar nuestro compromiso con la juventud venezolana, expresar nuestra
irrevocable solidaridad al Movimiento Estudiantil y acompañarlo en su pesar por
la muerte de tantos estudiantes que perdieron la vida luchando por un mejor
país.
2.
Exigir el cese inmediato de la represión por parte de la GNB, la PNB y
los grupos de civiles armados que los acompañan. El desarme de estos grupos es
urgente así como la estricta aplicación de la ley cuando la quebranten.
3.
Exigir la independencia del poder judicial venezolano con el objeto de
crear una imparcial administración de la legalidad que contribuya con eficacia
a la reconstrucción del orden interno. En este sentido también es urgente la
renovación de los poderes públicos con estricto apego a lo dispuesto por la
Constitución Nacional.
4.
Repudiar la violación de los derechos humanos como recurso para sofocar
la protesta social y condenar los allanamientos que sin orden judicial se han
practicado tanto en recintos universitarios como en casas particulares.
5.
Rechazar la criminalización de la protesta así como las limitaciones
impuestas a la libertad sindical.
6.
Recomendar el diálogo y la concertación social como recursos
fundamentales de la democracia para la solución de los conflictos y de la
crisis social del país.
7.
Reiterar nuestra disposición de contribuir, como universitarios, a la
solución de los urgentes problemas que hoy sufre Venezuela.
8.
Exigir al gobierno nacional el cambio de su modelo económico. Se hace
urgente abolir las políticas y medidas que han acabado con el poder adquisitivo
del salario y generan alta inflación y gran desabastecimiento.
9.
Solicitar, como gesto de buena voluntad, que el gobierno indulte a los
ciudadanos detenidos y enjuiciados por razones políticas, favoreciendo de este
modo un clima de reconciliación nacional.
10.
Exigir al gobierno nacional una lucha frontal contra la corrupción
administrativa que no sólo debilita la economía sino que acaba con los resortes
éticos del Estado.
11.
Continuar la organización y promoción de un conjunto de acciones de
carácter académico y ciudadano que contribuyan a la comprensión de la
problemática nacional, el destino de la Universidad y su vinculación con la
ciudad, el valor de la democracia y de los derechos humanos mediante foros,
debates, clases magistrales y concentraciones públicas.
Por
la Junta Directiva:
Prof.
Luis Loaiza Rincón
Presidente
Mérida,
21 de abril del 2014
apulainforma@apulaipp.org.ve
@APULAINFORMA
Enviado
a nuestro correos por
Margarita
Belandria
belandria@gmail.com
@belanro
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