DARÍO ACEVEDO CARMONA, ¿LA CONSTITUYENTE POR LA PUERTA DE ATRÁS?, CASO COLOMBIA

¿A quién representa Piedad Córdoba que no obstante haber perdido su investidura y estar inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos, es atendida por el presidente Santos como si se tratara de una autoridad política?

 “¡Ah, es que es una líder social indiscutible!”, responderán sus seguidores, que los tiene en la Marcha Patriótica, y que saben hacerse sentir, a pesar de su débil representatividad.

La idea que le expuso en días recientes al presidente de la República sobre la inclusión de una papeleta adicional para votar en favor de la paz en las elecciones presidenciales, no es, por supuesto, una ocurrencia de la sancionada por sus cercanías con las FARC. A todas luces se trata de un recurso que a lo mejor se ha ventilado en la mesa de La Habana por parte de la delegación guerrillera que quiere asegurarse una jugosa retribución que les signifique mantener una representación política por decreto, sin un día de cárcel y sin entregar las armas.

Ellos saben que legalmente al estado y al gobierno colombiano les es imposible burlar las disposiciones de la Corte Penal Internacional y la vigente constitución nacional. Su única tabla de salvación para salir bien librados de la firma de un acuerdo sería a través de una asamblea nacional constituyente que, en nombre de toda la población, le diga al mundo que en aras de la paz se justifica  el perdón absoluto sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las FARC y se les reconozca, de facto, una porción del poder.

No la tiene fácil este gobierno que, aunque de diversas maneras ha reiterado su disposición a firmar una paz con impunidad y con todo tipo de concesiones a las guerrillas, no ha encontrado respaldo ni en todos los partidos y tendencias políticas ni entre la inmensa mayoría de colombianos, para dar ese paso.

Este gobierno no quiere entender que un acuerdo de paz requiere de un gran consenso nacional con las fuerza políticas que se han mantenido leales a la institucionalidad. Para decirlo en el estilo del presidente, “ese tal consenso” no existe.

Es por eso que desde La Habana se lanzan globos de ensayo para tratar de meter por la puerta de atrás y con un discurso que expresa el falso dilema “quiere Usted la paz o no la quiere” otra cosa muy diferente a la paz. Si damos crédito a lo que expresó Santos unos días atrás, en el sentido de que la paz “comienza” después de la firma del acuerdo en La Habana, cabe preguntar entonces, ¿qué es lo que van a acordar al cabo de 18 o 24 meses de conversaciones? La respuesta es que allá firmarán la convocatoria de una asamblea constituyente.

Es una concesión mayúscula a una guerrilla que continúa cometiendo crímenes de guerra como el asesinato a garrote de los dos miembros de la policía nacional en el sur del país. Si el gobierno de Santos, en su afán de hacerse reelegir y alcanzar la gloria de la paz, pisotea las reglas del juego electoral forzando una votación plebiscitaria con esa pregunta, a todas luces tramposa, y si luego, confiando en un resultado positivo convoca una asamblea constituyente, no hay duda que estaría sembrando la semillas de una nueva violencia pues estaría poniendo en alto riesgo el futuro del país.

Lo advierte con claridad y sin ningún sesgo el editorial de El Espectador el día de ayer, al considerar que una constituyente, significa, en las circunstancias actuales, abrir las puertas a la incertidumbre y al vacío.

Es que el precio de la paz no puede llevarnos a jugarnos el todo por el todo, como si estuviéramos jugando póker, y al borde de la ruina, apostáramos los restos.

Queremos la paz con las guerrillas, es aceptable la idea de que no habrá justicia completa, nadie ha dicho, como increpó Santos a sus críticos, que hay que matar hasta el último guerrillero, no se está proponiendo penas perpetuas. Pero, el brazo generoso de la sociedad no puede llegar hasta el punto de poner en riesgo las instituciones.

Pero, si hemos sido críticos con una paz impune, sin castigo y sin entrega de armas, con mayor razón habrá que oponerse al esperpento que propuso la exsenadora Córdoba, es decir, a que se utilice, abusivamente, el acto electoral más importante de la ciudadanía, la elección del presidente de la República, para darle salida a acuerdos que ni siquiera se han firmado y que de firmarse no tienen por qué remitirnos a un acto fundacional, a algo así como empezar de cero.

Darío Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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