CARLOS E. AGUILERA A., GOLPES INSTITUCIONALES

Maduro viene anunciando desde hace tiempo la amenaza de un golpe de estado para sacarlo del poder, y sin ambigüedades acusa a la oposición a la que insulta, denigra y vitupera cada vez que se le antoja. 

Sin embargo, para el taxista, obrero, oficinista, trabajador informal, empresario, comerciante, amas de casa y estudiantes el tema es abordado con sorna y burla, pues aducen que hasta eso de inventar asonadas cuarteleras heredó de su fallecido mentor y padre putativo, que ahora guarda el sueño eterno en el Cuartel de la montaña.

Al absurdo cotidiano tendríamos que agregar las amenazas que por la misma razón dispara a diestra y siniestra contra la oposición Diosdado Cabello, su lugar teniente político en la Asamblea Nacional, de quien por cierto,  circula en las redes sociales un mensaje que habría girado a sus conmilitones del PSUV, en el que taxativamente muestra su descontento con el inquilino de Miraflores. A ello tendríamos que agregar  el giro que ha tomado la detención de tres generales acusados de conspirar. Ni el primero se reduce a las denuncias altisonantes del Presidente del Poder Legislativo, ni las otras se restringen a las acciones de un puñado de oficiales.

Sin detenernos a pensar en verdades tan elementales y sin medir las consecuencias de sus actos, de lado y lado se ha hecho lo posible por debilitar aún más la maltrecha y frágil institucionalidad del país. Lo que vienen sucediendo desde hace un año que llegó al poder Maduro, es penoso, preocupante y sombrío, no solo por la tamaña irresponsabilidad del oficialismo que ha levantado lanzas en contra de uno de los cimientos del convivir democrático y de la separación y control de los poderes, sino por la represión  que desde hace dos meses el régimen viene aplicando a los estudiantes, y que hasta el momento arroja un doloroso balance de 42 personas muertas, ante los ojos de las Fuerzas Armadas, en las que trisoleados hombres de uniforme sin desparpajo alguno hacen loas al socialismo, y tocan el tema político sin ningún recelo ni disimulo, bajo el pretexto de la defensa de un proceso de cambio arropado bajo una mal llamada revolución bolivariana, en la que sus enemigos de antaño –viejos guerrilleros de los años 60 – a quienes combatieron ferozmente , ahora hacen vida común en el alto gobierno.

De prosperar esta monstruosa y maléfica maniobra, obra de sus protectores cubanos los hermanos Castro, se echaría por la borda la esperanza y la fe de un pueblo ávido de un  nuevo renacer democrático, ansioso de un prometedor  porvenir y un mañana mejor para sus hijos y la Patria. No faltarán los falaces que tildarán a este columnista de golpista, fascista y enemigo del pueblo, por formular este juicio, pero lo cierto es que de prosperar este endiablo proyecto, veríamos a unas Fuerzas Armadas más involucradas en la política y por tanto vulnerables y sujetas a vaivenes coyunturales y, a la par, a una Asamblea Nacional disminuida en sus atribuciones legislativas, lo cual si sería un golpe de estado sin disimulo alguno de sus actores.

La ceguera y el oportunismo de quienes detentan el poder y que se dicen socialistas, bolivarianos, marxistas y por ende comunistas, como lo calificó el propio Fidel Castro en entrevista por VTV, han llevado al país desde hace 15 años a las dos instituciones básicas del Estado, a deslizarse por un tobogán con demasiada inclinación como para amortiguar su caída, pues entre sus capitostes políticos reina una confusión entre ser jefes de partido o Presidentes de la República y del Parlamento, respectivamente. Esa ambigüedad manifiesta en todas las actividades de sus protagonistas, los ha conducido a romper esa débil pero tan importante línea que es la institucionalidad y la separación de poderes.

Ante la vorágine de acontecimientos que se vienen sucediendo últimamente en nuestro país, impera la necesidad de una transformación que está en manos de la sociedad, es decir, del grupo o grupos humanos que conforman aquello que reconocemos como país, pues los cambios y soluciones deben surgir de ésta, tal como aspiramos todos quienes habitamos en esta hermosa y generosa tierra, bendición de Dios. No se debe olvidar que los cambios y transformaciones necesarias no pueden en ningún caso solucionarse de manera coyuntural. He allí el meollo del asunto, al que hay que buscarle salidas en el marco que la propia Constitución Nacional contempla, como es el caso del artículo 350.

Esta natural aspiración la vemos reflejada en las acciones que desde hace dos meses vienen realizando jóvenes estudiantes en todo el país, quienes reconocen los principios rectores de lo que consideran fundamental e indispensable para la vida en sociedad, objetivo primordial de sus acciones de calle, que con brutal represión el régimen pretende acallar.

Ante la injusticia, desobediencia civil. El maestro Vasconsello para quien la mejor definición de justicia la extrae del pensamiento de Benito Juárez: “La Justicia es el respeto al derecho ajeno”, pues existirá el clima jurídico necesario para que puedan desenvolverse armónicamente los derechos sociales e individuales generando la equidad”.

Rawls sostiene que un estado próximo a la justicia requiere un régimen democrático ya que su teoría se refiere al papel que desempeña y a la justificación de la desobediencia civil ante las autoridades democráticas legítimamente establecidas. De tal manera que su autor define la desobediencia civil de la siguiente manera: “Es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”. Cita a título de ejemplo a Howard Zimn quien al referirse a la desobediencia civil señala: “Es la violación discriminada y deliberada de la ley con un propósito social de vital importancia”.

Para Rawls la desobediencia civil es un deber más que un derecho; se actúa porque se considera violado un principio, como es el caso de Venezuela, en el que se ha infringido gravemente el primer principio de la justicia y por tanto es un recurso estabilizador del sistema constitucional, aún cuando voceros del oficialismo lo tildan de acciones conspirativas, fascistas y golpistas.

Concluye el autor señalando que “aunque la desobediencia civil amenaza la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en  aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal acción; porque emplear el aparato represivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.

En resumen, reclamar los derechos legítimamente, no constituye un golpe de estado como reiterativamente lo afirman Maduro, Cabello y dirigentes del partido oficial, quienes maquiavélicamente acusan de conspirar con tal fin a sus opositores políticos, y los encarcelan sin el debido juicio que contemplan la Constitución y las leyes.

El golpe de estado lo está propiciando el mismo régimen que atenta contra los derechos individuales, a la vida, honor, libertad de pensamiento, salud,  educación, etc. Ignora deliberadamente, que aunque la desobediencia civil amenaza la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal acción; porque emplear el aparato represivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los ciudadanos tienen derecho a resistirse.

Carlos E. Aguilera A.

careduagui@yahoo.com

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Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

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