martes, 22 de abril de 2014

ARTURO MOLINA, ILEGALIDAD LEGAL,

Las decisiones políticas venidas desde la óptica del gobierno nacional contra la disidencia, están cargadas de visos de ilegalidad, quienes amparados en las jefaturas de la institucionalidad controlada y partidista, terminan estableciéndose como legales, al imponer sanciones sin posibilidad de ser rebatidas por la parte afectada, violando lo establecido en la Constitución Nacional y demás Leyes; vulnerando el estado de derecho.
         
Quebrar la posibilidad de ascenso al poder de un liderazgo distinto al que lo ostenta, ha sido la norma en estos quince años de gobierno nacional; el encarcelamiento (secuestro) del alcalde legítimo de San Cristóbal (Táchira) Daniel Ceballos, y el del municipio San Diego (Carabobo) Enzo Scarano,  es muestra fehaciente de tal exabrupto jurídico. Acusarles fraudulentamente de los hechos acontecidos en la protesta estudiantil y de la sociedad, es pretender ocultar la verdad de la crisis económica-política-social, develada a través de la irreverencia juvenil.
         
El llamado inmediato a nuevas elecciones por parte del C.N.E. es la respuesta a establecer como legal la ilegalidad de la decisión; dejar de participar en ellas sería regalar el espacio de lucha. El gobierno juega a desmoralizar la alternativa democrática, y apunta sin rodeos, a defenestrar del poder a sus adversarios políticos, dándoles tratamiento como enemigos de guerra, para sembrar el miedo y el terror en el colectivo social.
         
Seleccionar el candidato idóneo para enfrentar el abuso de poder del gobierno, obliga a sentarse en una mesa con cabeza fría y madurez política a los variados sectores de la alternativa democrática, y establecer el mecanismo de esa elección, bien por consulta popular (primarias, encuestas), o bien por consenso, pero jamás por imposición.
         
La lucha política y social es por el restablecimiento del sistema de libertades; propiedad privada; desarrollo económico, social y familiar; autonomía institucional; justicia para todos; combate a la corrupción; respeto a las decisiones del pueblo.  

El oficialismo pretende imponer el sistema colectivista; racionamiento alimentario y a la privacidad familiar; crecimiento de la pobreza intelectual y material. El diálogo es en extremo fundamental en la disidencia política, y el mismo debe ser de carácter incluyente, para aunar esfuerzos al retorno de la legalidad al servicio de la sociedad.

Josue Arturo Molina Suarez
jarturomolina@gmail.com
@jarturoms1

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