SAÚL GODOY GÓMEZ, SOBRE LA LEGÍTIMA DEFENSA,

La vida es lo más preciado que tiene el ser humano y es un deber y un derecho natural hacer todo lo posible por conservarla, hay ideologías y sistemas legales que pretenden ignorar esta condición vital y se atribuyen el poder disponer de la vida de los hombres para sus fines, cuando la vida deja de ser un valor personal y existencial de la persona, deja de ser vida y se convierte en otra cosa, llámela usted esclavitud, servidumbre o cualquier otra forma de dominio del hombre sobre el hombre.

La vida, en los regímenes jurídicos, puede ser vista como patrimonio de la persona, se le permite en determinadas circunstancias y con ciertas instituciones, arrendarla o contratarla por una contraprestación con terceros, para ponerla en riesgo en experimentos, situaciones de guerra, donaciones de órganos, servicio público (bomberos, policía, etc.), siempre contando que se trata de un acto voluntario y consciente.

En cuanto al poder de algunos gobiernos en someter a los culpables de delitos capitales a la pena de muerte, son las circunstancias del delito, el proceso y la seguridad de la sociedad, las causales que determinan en ese marco legal cuando el estado puede extinguir una vida humana.

Hay circunstancias como las guerras, estados de conmoción social, estados de excepción cuando las personas son dejadas a sus facultades de sobrevivencia, implica que no hay estado de derecho ni autoridad para asistirlos en el peligro.  Como vemos, se tratan de casos excepcionales, no comunes, pero aún dentro de un estado de derecho y con la presencia de las autoridades, el derecho a la legítima defensa prevalece por encima del ordenamiento legal vigente, baste que el peligro de perder la vida sea eminente, real y presente para que el individuo o grupo de personas puedan accionar y ejercer este derecho para conservarla.

Por supuesto, hay modalidades, tipos, circunstancias que el ordenamiento legal considera para que se de este tipo de defensa sin que tenga consecuencias jurídicas para el accionante, tomando en cuenta que, muchas veces, el costo de tal acción es la perdida de otra vida humana, en general, la del atacante o quienes son considerados un peligro.

Vamos a analizar las agresiones del gobierno de Maduro en Venezuela, en contra de la protesta pacífica de ciudadanos indefensos, y el uso del terrorismo de estado como fórmula de dominio sobre un pueblo oprimido por el abuso y el mal gobierno.

Para que exista el derecho a la legítima defensa debe ocurrir el uso ilegitimo de la fuerza, cuando un gobierno utiliza fuerza desproporcionada en contra de ciudadanos que simplemente protestan por las inequidades de un mal gobierno, y cuando hablo de fuerza desproporcionada hablo de componentes militares brindándole protección y apoyo logístico a grupos armados de mercenarios contratados por el mismo gobierno para que le hagan daño a los que reclaman sus derechos, que implica uso de armas de fuego proporcionadas por el estado, o permitir el uso de armas de tenencia ilegal, agresiones en contra de los hogares de gente inocente, amenazas de muerte, secuestros y violencia física en contra de ciudadanos, sin que tengan oportunidad de recibir auxilio de las autoridades competentes.

El estado de indefensión de los ciudadanos atrapados en este acoso infernal es patente, los colectivos armados  atacando los edificios residenciales y entrando a la fuerza, violando los hogares y aterrorizando a las familias, destruyendo la propiedad privada y disparando en contra de las personas, ante la mirada complaciente de funcionarios de seguridad del estado, el fin claramente es aterrorizar y la legítima defensa la única manera de responder.

No hay manera de evitar la agresión, la misma se encuentra en curso y la fuerza es desproporcionada ¿Qué hace un ciudadano normal y corriente? Pues lo único que le queda, defender su vida, su familia y sus bienes con los medios a su alcance.

Y visto que es el mismo gobierno, quien debería ser el garante de la paz y el orden el que impulsa estas acciones, se crea de inmediato una anomia, un vacío legal donde el ciudadano se ve reaccionando frente a una agresión que ha creado un estado de necesidad, en el cual, el sujeto se defiende con los medios disponibles.

En el caso del Estado Táchira y Mérida, las acciones tienen carácter militar, la población civil es tratada como objetivo militar, las armas de la nación son usadas para aniquilar a la población con órdenes directas de sus comandantes y con la venia de las autoridades civiles, llámese gobernadores, Ministros o Presidente.  El caos que se crea por estas acciones contradicen las normas básicas de convivencia social y peor aún, luego de los ataques, funcionan los órganos jurisdiccionales del estado, no para restaurar el orden y castigar a los culpables de tales hechos, sino para imponer penas a los ciudadanos que se atrevieron a resistir la embestida.

De esta manera los órganos del mal llamado Poder Moral, Fiscalía y Defensoría del Pueblo se convierten en órganos auxiliares de estos delitos de lesa humanidad, permitiendo acciones tan irregulares como,  dejar que los mismos cuerpos de seguridad sustrajeran y desaparecieran evidencias, manipularan las escena del crimen, levantaran expedientes amañados para dejar establecido que la agresión vino de los ciudadanos, estos funcionarios actuaron en nombre de la ley pervirtiendo su naturaleza y vilificando su objetivo de servir a la justicia.

Venezuela vive momentos difíciles de carencia de alimentos y otros bienes esenciales, el gobierno chavista está usando esta necesidad como control biopolítico de la población, en el caso de Táchira y Mérida simplemente están dejando la región desabastecida para provocar una emigración masiva de refugiados hacia Colombia para desestabilizar la región, razón por la cual es de urgencia la presencia de observadores internacionales en la zona.

Desde hace algunos años he estado advirtiendo sobre la labor perversa del castrocomunismo en Latinoamérica, esta ideología diabólica que tiene su expresión fundamental en el chavismo, ha contaminado los principales foros internacionales en materia de seguridad hemisférica y regional, comprado conciencias, tergiversado doctrinas de integración y cooperación, y afectado instituciones de derecho para permitirle al chavismo convivir y hasta regir los destinos de nuestros pueblos del sur.

La respuesta de los países de la comunidad suramericana ha sido no solo acomodaticia y cobarde en cuento a los excesos y manipulaciones de los países del Alba, Unasur, Caricom y Mercosur donde los intereses del castrocomunismo son defendidos y hasta aplaudidos, no parecieran darse cuenta que al aceptar violaciones tan claras y brutales como la del gobierno de Maduro en Venezuela, la intervención militar cubana, están dando rienda suelta a que estos mismo comportamientos, algún día, sean promovidos y aceptados como “normales” en el ámbito latinoamericano, en sus propios países, con lo que habremos retrocedido cien años en nuestra evolución como países democráticos y civilizados. 

Saúl Godoy Gómez

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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