La
historia de América Latina registra en lamentables términos la presencia de una
forma de militarismo contraria a los derechos y a las libertades políticas y
ciudadanas, que contradice el carácter mismo de la sociedad y la significación
del sector militar en un país libre.
En
la Constitución de 1811 la organización de las "milicias nacionales"
bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, fue concebida únicamente al
"servicio de la Nación". Su expresión se corresponde con aquel
fundamental derecho contenido en las Declaraciones de Derechos del Hombre y del
Ciudadano que prohibió la utilización de la fuerza militar para fines
particulares de cualquier persona, grupo o autoridad ajenos al bien común.
Para
el constituyente fundador de Venezuela la milicia nacional debía estar sujeta a
"la autoridad civil", como parte de la soberanía popular que era
definida como el: "supremo poder de reglar o dirigir equitativamente los
intereses de la comunidad", así como el aseguramiento de los bienes, de
los derechos individuales y sociales, la independencia política, la existencia
de condiciones de legitimidad y legalidad en el ejercicio del poder, entre
otros, mandatos aún vigentes y sustento filosófico para la República
expresamente reiterados en nuestra historia constitucional y política.
No
obstante el deber de obediencia a favor del orden civil republicano, el
militarismo como forma de injerencia política y social irrumpió desde la
independencia, atentando contra el orden y el equilibrio del Estado y de la
sociedad que estableció Bolívar, siendo finalmente denunciada la interferencia
armada por el mismo Mariscal Sucre ante el General Mariño en 1830 como una de
las desviaciones causantes de los males de Colombia. Tan ciertos fueron sus
señalamientos que en Venezuela y en otros países a lo largo del angustiante
siglo XIX, bajo los dictados del caudillo de turno, el militarismo auspició
toda clase de revueltas y revoluciones, actos de arbitrariedad y de barbarie
contra los derechos ciudadanos, la organización civil y de estabilidad política
de la Nación.
El
militarismo arremetió muchas veces en nuestra historia contra los gobiernos de
formación civil y democrática. Bajo la égida de militares y políticos, déspotas
y caudillos, cuantas veces se desconoció la Ley, se amenazó al Congreso, se
encarceló a los opositores, se impuso la censura, se protegió el delito,
vulnerándose así a los institutos ciudadanos. Basta examinar el largo período
comprendido entre la renuncia de Vargas (1836) y la caída de Gallegos (1948),
para identificar los sobresaltos en nuestra historia política y como se ha
alterado por obra de ambiciones subalternas el bien del país.
Del
afrentoso hecho de haber utilizado en nuestra historia las armas republicanas
al servicio de grupos en contiendas civiles o al servicio pretoriano de varios
dictadores, la democracia, en cambio, como doctrina y como sistema, asigna a la
milicia elevadas competencias: la defensa de la soberanía, la integridad
territorial, la seguridad de la nación, el respeto a los derechos, la
incorporación de ese sector al desarrollo social, económico y tecnológico del
país.
La
intervención del militarismo en la política es cuestionable y más cuando
su ejercicio contradice los derechos
ciudadanos. Eleazar López Contreras, Ministro de Guerra en el gobierno de Juan Vicente Gómez y
sucesor de éste en la presidencia de la República, al comprender las exigencias
nacionales luego de 27 años de tiranía, señaló que era: "...funesto que
los militares en servicio activo y en funciones de mando intervinieran a la vez
en la política activa, particularmente en esa política personalista..., donde
no solamente queda destruida la autoridad de mando, el deber del mando, sino el
espíritu de la Institucionalidad, la finalidad de la Institución que es
garantizar el funcionamiento de las Instituciones políticas, antes de
coartarlas, suplirlas o causar su destrucción...".
La
presencia de regímenes autoritarios en América Latina, independientemente de
su orientación ideológica, ha causado
gravísimos daños al proceso político, económico, social e institucional de la
región. En todos ellos han sido restringidas las libertades y desconocidos los
derechos, tergiversados los fines del poder y del gobierno, limitados o
suprimidos los partidos y las organizaciones sociales, amenazados el pensamiento
crítico, la amplitud del sistema
educativo, la actuación de las universidades, la efectiva vigencia y protección
de los derechos humanos.
Cuando
se altera en la vida social la decisión política, se impone ilegítimamente la
fuerza y la obediencia a la razón y al consenso, se afecta la vigencia del
derecho, se niegan los valores de la sociedad civil, se destruye en definitiva
el sistema democrático que constituye una reivindicación fundamental en nuestra
historia, un derecho irrenunciable y superior del pueblo venezolano.
José
Félix Díaz Bermúdez
Jfd599@gmail.com
@jfd599
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