GIOCONDA SAN BLAS, SERVILISMO JUDICIAL, AL COMPÁS DE LA CIENCIA

Mes y medio de agitación y muerte. Al momento de escribir, 33 asesinados, 357 heridos, más de 1.850 procesados, 85 presos, la mayoría estudiantes, por ejercer el derecho constitucional a expresar su rechazo a las ruinosas políticas económicas (inflación 60%; escasez 35%; desempleo 10%) y sociales (25 mil asesinatos en 2013, 92% impunes; salud en terapia intensiva) del gobierno.

El acoso sostenido a las universidades autónomas, 8 de ellas en 4 días, 800 bombas lacrimógenas contra la UCV en pocas horas, el vil ataque a Arquitectura, son muestras adicionales de esa violencia antiuniversitaria heredada del franquista Millán Astray y su "Muera la inteligencia". Todo eso y más ha llevado a los estudiantes, seguidos por amplios sectores, a pedir un cambio de modelo político y económico, que rescate su futuro del secuestro en que lo tiene el régimen.

La reciente detención, juicio, prisión, destitución del Alcalde de San Diego Enzo Scarano, y convocatoria a nueva elección en ese municipio ¡todo en menos de 10 horas! es una cuenta más en el infamante rosario de atropellos amparados en un sistema judicial corrupto. El poder judicial, anulada su autonomía por la abultada presencia de jueces provisionales o temporales (80%), vulnerables a un poder ejecutivo que ejerce sin rubor toda clase de presiones, se desborda contra la oposición en juicios sumarios, condenas expeditas, allanamientos a inmunidad parlamentaria, destitución de diputados, demandas a diarios y columnistas, una larga lista de afrentas. Afiuni, Simonovis, Brito, Mardo, Machado, Scarano, Ceballos, Talcual, son unos pocos nombres que dan fe del estado de postración del sistema judicial, cuyos jueces han dejado de serlo para tornarse esbirros (Tulio Hernández, Talcual, 22-3-14).

Para vergüenza nuestra, el Índice 2014 del Proyecto Mundial de Justicia (http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf )

al investigar la situación de la ley y la justicia en 99 países, califica a Venezuela en el último lugar, por debajo de Zimbabue, Afganistán o Bangladesh. El índice resume el patrón de la ley por medio de 47 indicadores organizados en 8 criterios éticos: límites al poder gubernamental (Venezuela, posición 99), ausencia de corrupción (99), transparencia (99), derechos fundamentales (99), orden y seguridad (94), respeto de la norma (99), justicia civil (98), justicia criminal (99).

Justicia vil la que tenemos, una justicia de plastilina, como la definió el venal exmagistrado Aponte en 2012 después de haberse servido de ella a su antojo, cuando se entregó al gobierno estadounidense bajo condición de actuar como vulgar soplón contra sus anteriores jefazos, de cuyo despotismo, vejámenes y satrapías creyó huir, sin poder huir de sí mismo, como tampoco huirán los esbirros de turno.

Gioconda San-Blas

gioconda.sanblas@gmail.com

@daVinci1412

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