SAÚL GODOY GÓMEZ, PERMISO PARA PROTESTAR,

Pretender que la protesta requiera de permiso es, simplemente, negar su naturaleza; una persona protesta mostrando su disconformidad con una situación, se trata, en esencia, de un reclamo que se hace para corregir, suspender, revertir, advertir sobre la indisposición de un sujeto a conformarse con un estado de cosas, que lo afecta de manera negativa o que percibe de esa manera.  La protesta es parte esencial de la comunicación humana, de sus derechos políticos, de esa parte que impele a la acción transformadora, al cambio de circunstancias existentes, sean éstas unas reglas de juego, trato, condiciones existenciales o de justicia.

La protesta advierte sobre un conflicto que debe ser resuelto; de no ser atendido el reclamo, pudiera el protestante pasar a otro tipo de acciones; si no se puede ir a la acción, el conflicto madurará hasta que estalle una crisis. La protesta deja por sentado un malestar que hará la situación inestable, cuando menos incómoda.

La protesta, la mayoría de las veces, se produce cuando no hay dialogo y participación; se levanta contra la autoridad o quienes la sustentan; en un sistema democrático, la protesta es parte fundamental de las relaciones humanas e institucionales, conlleva información sobre algo que no funciona adecuadamente, sobre una parte que se siente afectada, razón por la cual la mayoría de las instituciones de un estado franco mantienen canales abiertos para encauzar las protestas, haciéndolas factor importante para ajustar sus actuaciones y para saber cómo son percibidas por sus usuarios o clientes finales.

Hay protestas individuales y colectivas, pacíficas y violentas, mediáticas y privadas, todas confluyen en los términos de la comunicación, todas necesitan ser expresadas, escuchadas, entendidas, manifestadas; en estos términos se liga íntimamente con la libertad individual y social, ya que la oportunidad de la protesta viene dada por la situación misma que la provoca. No estoy diciendo que la protesta es exclusivamente parte del mecanismo acción-reacción, que bien pudiera serlo, sino que también puede ser parte de una estrategia, elemento de una planificación política o de un interés situacional.

Una esposa puede reclamarle a su marido una conducta, no en el momento que ésta se produce, sino en una ocasión posterior, donde se asegura que será atendida con mayor eficacia; igual sucede con un sindicato, que pudiera organizar una protesta cuando al patrono menos le convenga, con miras a que resuelva rápidamente y a su favor. La protesta es una carta política, que se juega con la oportunidad, por ello la importancia de que sea libre; si la autoridad impone reglas para controlar los resultados, forma y magnitud de la protesta, ésta pierde eficacia; si pierde eficacia, se le quita el sentido; si la protesta no funciona y el malestar no tiene un manejo racional, se corre el riesgo de que surjan otros medios violentos no deseados para corregir el conflicto en las relaciones.

La mayor parte de las constituciones democráticas declaran y protegen el derecho a la protesta, bajo la lógica de que, siendo el poder del pueblo, éste puede reunirse y expresar su desacuerdo dentro de los términos de la ley; en algunos casos, aún cuando sea ilegal (toma de instalaciones y propiedades del gobierno, por ejemplo), se respeta y se reconoce ese derecho a la disidencia, llegándose incluso a tolerar ciertos actos que pudieran ser considerados contrarios a la ley.

La protesta y las movilizaciones colectivas se deben entender bajo los términos de la libertad de expresión y el derecho de asociación establecidos en la Carta Magna; cualquier intento de control, por parte del gobierno, es inmediatamente asumido como una manipulación política de la protesta y una violación de derechos fundamentales. Aunque en la protesta siempre hay un acompañamiento de orden público, los gobiernos democráticamente responsables no intervienen en el desarrollo de las mismas y sólo toman cartas en el asunto cuando la protesta se desborda y pone en peligro la seguridad pública y los bienes y vidas de los ciudadanos.

Por ser los espacios públicos el escenario principal para tales protestas y hay grupos que pudieran oponerse a la protesta, la fuerza pública se encarga de asegurar el desenvolvimiento pacífico de estos actos colectivos e, incluso, disolverlos en caso de extrema violencia.

La protesta es fundamental para el diálogo en democracia, cualquier intento de acallarla o manipularla rompe el sentido de equilibrio y justicia en la sociedad. A los gobiernos no democráticos les disgustan las manifestaciones en su contra, porque son un termómetro de su falta de popularidad y de su mal desempeño, de modo que, cuando la protesta se convierte en una expresión reiterada del descontento popular, cuando la imagen del gobierno se deteriora rápidamente y el costo político es alto, intentará intervenirlas; una de las maneras de hacerlo es criminalizándolas o, simplemente, prohibiéndolas. Si hay algo que los regímenes autoritarios y dictaduras no soportan son, justamente, las manifestaciones colectivas en su contra, siempre las leen como acciones conspirativas.

El chavismo tiene un doctorado en cómo manipular la protesta: cuando se entera de una, inmediatamente arma una contraprotesta o manifestaciones a favor del gobierno; tiene grupos armados especializados en infiltrarlas y crear situaciones de riesgo para así disolverlas; ataca a los medios de comunicación que cubren la protesta, alegando acusaciones de subversión, de instaurar el terror e inducir locura en la población; usa grabaciones y registros de las marchas para incriminar a sus participantes y líderes; tranca avenidas y calles con la fuerza pública para conducir las manifestaciones por donde quiere el régimen, en especial, para emboscarlas y atacarlas con fuerza letal; propicia el blackout informativo - las cadenas son su medio favorito - para que la sociedad no se entere de la protesta y ésta pierda su propósito; controla policialmente el espacio aéreo de la misma; aposta francotiradores en la azotea de edificios a lo largo del recorrido; es reiterativo el uso de gases tóxicos y violencia indiscriminada para acabar con las marchas de ciudadanos desarmados; se niega a recibir documentos y sus funcionarios públicos se esconden para no atender las peticiones…

Pero ahora viene lo más grave, el fascismo chavista, encarnado en el capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, anda amenazando con crear nuevas leyes que obliguen a los manifestantes a pedir permiso al gobierno para poder protestar (ya algunos municipios, de manera inconstitucional los exigen); cosa extraña, viniendo este gobierno de la izquierda venezolana, que tiene una tradición política en la organización del descontento popular por medio de este tipo de marchas y concentraciones.

Los usurpadores del poder popular en nuestro país están preparando la normativa para hacer ineficaz la protesta, para obligar a los venezolanos a recurrir de otros medios de acción diferentes a los señalados por la Constitución, que el chavismo pretende dejar, convenientemente, sin efecto. –

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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