SAÚL GODOY GÓMEZ, LAS DESAPARICIONES BAJO EL CHAVISMO

Debo empezar esta serie de artículos destacando una estrategia de poder del socialismo en Latinoamérica, de carácter común, tanto en Cuba como en Venezuela, y que asume su carácter de “practica” o excusa que le permite a esos regímenes, bajo la pretensión de un Estado de Excepción, declarado o no, que el gobierno practique una serie de delitos de lesa humanidad contra la población, amparado en un supuesto “golpe de estado”, en desarrollo o continuado, entendiendo esta modalidad de golpe de estado sin la participación de las fuerzas armadas del país.

Creando la ilusión de que se trata de un estado que preserva su existencia, el gobierno que activa ese novedoso recurso se cree en el derecho y con la libertad de practicar cualquier medio a su alcance para evitar la supuesta pérdida de poder; debido a la urgencia con la que debe actuar, se cree excusado de acatar los principios básicos de protección a los derechos humanos y de salvaguardar las garantías que protegen a los ciudadanos.

Esta práctica ha sido obvia, por lo seguido que se ha utilizado, en los gobiernos socialistas totalitarios de Cuba y Venezuela; a la menor manifestación de protesta o de malestar social público, sean estas las Damas de Blanco en la Habana o los estudiantes universitarios venezolanos en San Cristóbal, las fuerzas de seguridad del estado arremeten, inmediatamente y con desmedida fuerza, contra estos focos de protesta pública, violando flagrantemente los derechos de los manifestantes.

Uno de los delitos de lesa humanidad más comunes, en el caso del gobierno socialista bolivariano de Venezuela, ha sido el de las desapariciones forzadas; los funcionarios de seguridad del estado secuestran a las personas en la calle y las desaparecen por un tiempo determinado, fuera de toda jurisdicción legal y asistencia humanitaria, incomunican al rehén y lo someten a interrogatorios, tortura y vejámenes, para luego soltarlos bajo amenaza de muerte.

Como se puede apreciar, esta práctica está totalmente al margen del ordenamiento legal, no hay la intervención de la fiscalía, ni de tribunales, los funcionarios no cumplen con los extremos legales para la detención de los ciudadanos, actúan como secuestradores comunes amparados en su autoridad, no hay ley sino la de la fuerza bruta, no hay otra instancia sino la de la voluntad de los esbirros que golpean, insultan y amenazan al abducido.

Y cuando el ciudadano acude a los órganos institucionales para hacer su denuncia, ésta queda en simple declaración, ya que no existen pruebas y las autoridades no hacen el menor esfuerzo para iniciar una investigación; esa desaparición queda sin castigo.

En la reforma que se le hizo al Código Penal Venezolano el 20 de Octubre del 2000, en el artículo 181-A, dice: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años...   El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada. La acción penal derivada de este delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía…”

Todos sabemos que si algo sale mal durante esta desaparición forzada, si por mala suerte la victima muriese, bien sea por un accidente o por los malos tratos, la desaparición se convierte en permanente, el cuerpo de la víctima simplemente se esfuma, o lo dejan tirado en el puesto de emergencia de algún hospital.

Es un delito terrible pero muy popular dentro de los cuerpos de seguridad de estado de este gobierno del Presidente Maduro, quien sabe de estas prácticas y las apoya con su silencio; es practicado con deleite por el llamado “Carnicero de Valencia”, el gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliach, militar exgolpista y cabecilla del PSUV, quien se ha distinguido por propiciar y apoyar tales procedimientos inhumanos, e incluso, los anunció públicamente en la amenaza contra los estudiantes que protestan en la entidad bajo su cargo.

Venezuela ratificó el llamado Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000 que corresponden al reconocimiento de los crímenes de derecho penal internacional, y aunque mucho de esos delitos no están aun tipificados en nuestra legislación, abre los caminos para poder determinar responsabilidades internacionales a quienes cometan actos contra la humanidad en ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil.

Es absolutamente inaceptable que un gobierno, que se dice humanitario, lleno de amor, se dedique a solventar la paz social a fuerza de violaciones masivas de derechos humanos, sobre todo incomunicando a las víctimas, a sus familiares, a quienes podrían prestarles asistencia médica o jurídica, a la opinión pública, al país todo en un infame bloqueo comunicacional, para que no se conozcan sus desafueros.

Esta lección que el país nacional está recibiendo en carne viva, sobre la salvaje naturaleza del socialismo radical, no debe ser olvidada. Maduro y sus cohortes de torturadores y violadores de derechos humanos tienen que responder a la justicia nacional e internacional; sus colaboradores y simpatizantes tienen que responsabilizarse y aceptar el repudio de la sociedad venezolana porque una situación parecida no puede permitirse jamás.

Me da coraje el silencio cómplice de países amigos, vecinos que presencian estos episodios de horror y no levantan sus voces de protesta por conveniencia e intereses, que ven la dignidad humana pisoteada en nuestro continente, de nuevo, siendo naciones que pasaron por esta ordalía y se recuperan todavía con mucho esfuerzo del daño causado, ellos mejor que nadie deberían levantar sus voces de protesta… pero los venezolanos estamos aprendiendo, por la hosca vía de la realidad real, que la solidaridad latinoamericana se reduce a expresiones retóricas, a sentimientos edulcorados con canciones sobre desparecidos, pero que al momento de la defensa de la libertad y los derechos del hombre, voltean la vista a un lado y callan, mantenerse indiferentes paga más que denunciar, porque quieren estar bien con los “camaradas” socialistas, así éstos torturen y desaparezcan, igual o peor que los odiosos regímenes de derecha que se parecen mucho a éste, que ahora subyuga a Venezuela; eso siempre da mayores dividendos y se evitan problemas diplomáticos. – 

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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