JUAN PÁEZ ÁVILA, ABUSO Y LEYES HABILITANTES

La aprobación de varios decretos leyes aprobados por el Presidente de la República, por su contenido constituye uno de los mayores abusos de poder cometidos por un Jefe de  Estado contra la soberanía nacional, y una provocación a los sectores democráticos del país con la finalidad de crear un peligroso desconcierto que los puede inclinar a una reacción violenta y a olvidarse de su vocación pacífica y constitucional.

        

Como todo gobernante de espíritu o tendencia autocrático y personalista Maduro inicia su gestión con un aparente apego a la legalidad del país, pero en la medida en que considera que constata que  pierde esas facultades, ha comenzado a restringir los derechos de la oposición y a amenazar con perseguir a quienes le apoyaron para ascender al poder, si tratan de disentir de algunas de sus decisiones unilaterales.

         El abuso en el ejercicio del poder va rompiendo las reglas que caracterizan a un régimen democrático, de una forma abrupta y violenta o con aprobación de una legislación especial que le permita gobernar sin impedimento alguno, sin descartar la violación de la legislación vigente. Esto fue lo que se operó en los regímenes del socialismo real y del nazismo alemán. En principio se respetaron ciertas libertades, pero cuando la legislación imperante no le permitía al gobernante tomar las medidas que a su juicio único e inconsulto, creía que debía tomar para “bien del pueblo”, se fue tornando cada vez más autoritario, hasta llegar a la tiranía. La resistencia nacional no contó con apoyo interno, porque fue aplastado por la bota del militarismo, ni respaldo internacional porque las naciones democráticas carecían de una organización multilateral para impedirlo, hasta que se vieron obligadas a intervenir, cuando el abuso del poder traspasó las fronteras y se manifestó en la invasión a los países vecinos.

         En una época como la actual, en la que las naciones democráticas han creado organizaciones multinacionales y han hecho aprobar una legislación respetuosa de los derechos humanos y de las instituciones y poderes públicos independientes, el camino hacia la tiranía se dificulta y obliga a los autócratas a preservar cierta apariencia de legalidad. Se aprueban leyes que facilitan la discriminación y posterior persecución de los sectores  que se oponen al mandato ejecutivo unipersonal sin controles de otros poderes. Y como en todo régimen autoritario surgen internamente algunas discrepancias, por parte de individualidades democráticas o sectores disconformes con las promesas incumplidas, la represión también recae sobre ellos. Es lo que estamos presenciando en este primer año de gobierno del heredero del Comandante Chávez. El abuso de poder se extiende a toda disidencia.

         Frente a ese abuso, la oposición y la sociedad civil en general, más la disidencia chavista se podrían reencontrar  en las calles de las principales ciudades del país, en las protestas por la inseguridad, la inflación, el desabastecimiento y el alto costo de la vida   y propinarle una de derrota al autoritarismo. Y aunque el diálogo y la lucha pacífica debe permanecer en la agenda de la oposición, frente al disimulo, el engaño  que pretenden altos funcionarios utilizar para ganar tiempo y ver si se recuperan de la presente y brutal crisis social, política y económica que atraviesa el gobierno, el fortalecimiento de la Unidad Nacional se impone para evitar que el país sea empujado a un abismo insalvable.

         En las actuales circunstancias el gobierno no tiene otra política distinta a la represión, para intentar contener el descontento nacional que se extiende a todos sectores sociales, incluyendo aquellos que venían apoyando al extinto Comandante y que han presenciado el  fracaso de esta Administración en manos de sus herederos, que han endeudado el país extremos, según expertos en la materia, de no poder continuar pagando por la quiebra de PDVSA y las empresas de Guayana, más todas aquellas haciendas o fincas en producción expropiadas y que hoy están abandonadas o sin producción alguna. De allí que una mayoría de los venezolanos comienza a pensar, y a actuar,  que su impone un cambio de régimen, en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional, porque parece imposible que el gobierno cambie de políticas para impulsar un desarrollo sostenible de la nación en el contexto del imperio de la Ley, para beneficio de todos los ciudadanos y no de una minoría de empresarios de maletín, que según varios ministros saquearon a CADIVI, y si los dejan en libertad, continuarán desvalijando el Tesoro Nacional.

Juan Paez

@jpaezavila

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