De:
Centro Carter Prensa
Enviado
el: miércoles, 03 de julio de 2013 04:11 p.m.
Para:
'Eduardo J. Barrios P.'
Asunto:
Elecciones presidenciales abril 2013 / Informe preliminar / Centro Carter
Centro
Carter Publica Informe Sobre Las Elecciones En Venezuela
El
Centro Carter dio a conocer hoy un informe preliminar sobre las elecciones
presidenciales especiales realizadas en Venezuela el 14 de abril de 2013, en el
que se recomienda una serie de reformas electorales para asegurar una mayor
equidad en las campañas, un incremento en los esfuerzos para mejorar el clima
electoral el día de la votación y un mayor flujo de información sobre la
eficacia del sistema de identificación biométrica y los procedimientos para
prevenir la usurpación de la identidad y el voto múltiple.
El
informe encontró que la población venezolana, los partidos políticos y los
candidatos en general, han demostrado tener confianza en el desempeño e
integridad de las máquinas automatizadas de votación a la hora de contar los
votos emitidos.
No
hay coincidencia, sin embargo, sobre la calidad de las condiciones bajo las que
se desarrolló la votación, así como sobre las garantías para asegurar que cada
elector registrado pueda votar una vez y sólo una vez. El informe encontró
además una serie de inequidades en las condiciones de la campaña, tanto en lo
que hace al acceso a recursos financieros como al acceso a los medios de
comunicación, todo lo cual disminuye la competitividad de las elecciones, sobre
todo en un marco legal que permite la re-elección indefinida de los
funcionarios públicos.
El
informe se basó en la información y las perspectivas ofrecidas por una variedad
de actores venezolanos, así como en las observaciones personales hechas por el
grupo de consultores del Centro Carter radicados en Caracas durante la serie de
eventos electorales, comprendida entre febrero de 2012 y junio de 2013, y por
los miembros de la pequeña delegación de acompañamiento que viajó al país por
invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 12 y el 17 de abril de
2013. El mismo recoge y amplía los análisis presentados en el Informe final de
la Misión de Estudio del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales del
7 de octubre de 2012 en Venezuela (PDF). El Centro Carter no desplegó una
misión de observación integral, por lo que no puede ofrecer una evaluación
exhaustiva de las elecciones presidenciales de abril de 2013 en su conjunto.
Como
declaró el Centro Carter en su comunicado el 18 de abril, la estrecha
diferencia registrada en los resultados electorales, en el marco de una
sociedad altamente polarizada, demanda el inicio de una nueva dinámica política
caracterizada por un franco y sostenido diálogo nacional, que facilite la
creación de un consenso nacional sobre los problemas que afectan la vida de
todos los venezolanos.
Aunque
el Centro Carter lamenta que la contienda electoral haya profundizado la
división entre el pueblo venezolano, el Centro acoge con satisfacción la
decisión de todos los partidos de participar masivamente en las próximas
elecciones municipales de diciembre de 2013.
Recomendaciones
En
este contexto, el informe ofrece una serie de observaciones y sugerencias para
la consideración de las autoridades, la Asamblea Nacional y el pueblo de
Venezuela, incluyendo las siguientes:
Aclarar
las normas que regulan la participación de los funcionarios y servidores
públicos en actividades de campaña. La ley electoral y su reglamento prohíben a
los funcionarios públicos venezolanos la realización de actividades de campaña
durante el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, el Centro Carter
observó una amplia participación de servidores públicos en actividades
proselitistas. Con el fin de limitar y erradicar estas prácticas, sería
recomendable aclarar el contenido de las normas que regulan estas materias a
fin de determinar si dicha actividad está permitida fuera de servicio o no lo
está en absoluto (definiendo previamente "fuera de servicio"). La
autoridad electoral, a su vez, debe determinar maneras de hacer cumplir
estrictamente las normas acordadas.
Asegurar
una mayor equidad en la campaña. Aunque la constitución estipula que los
funcionarios electos por debajo del rango de presidente deben separarse
temporalmente de sus cargos para presentar sus candidaturas a la presidencia,
la misma no exige que lo haga el presidente, cuando éste se presenta como
candidato a la re-elección. Esta circunstancia otorga al individuo que se
postula a la re-elección al cargo más alto del país una ventaja. Venezuela es además
el único país en la región que no proporciona ningún tipo de financiamiento
público, directo o indirecto, a las campañas electorales u organizaciones
políticas. En base a las experiencias observadas en otros países dentro de la
región, los legisladores y autoridades electorales venezolanos podrían
considerar varias opciones:
Facilitar
el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación
públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña. Teniendo en
cuenta las normas que permiten la transmisión obligatoria ilimitada de mensajes
del gobierno (cadenas) y la publicidad institucional obligatoria y gratuita
(anuncios de servicio público), y considerando el hecho de que, al mismo
tiempo, se imponen límites estrictos a la propaganda electoral de los
candidatos y organizaciones cívicas, las campañas venezolanas han tendido a
evidenciar una marcada desigualdad en la capacidad de los distintos candidatos
para cumplir con un elemento fundamental del proceso electoral: informar a los
electores sobre sus plataformas políticas. Asegurar el acceso libre y
equitativo a los medios de comunicación públicos y privados a todos los
partidos que participan de la contienda electoral podría contribuir
significativamente a nivelar las desigualdades actuales y acrecentar la
competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal en el que se
permite la reelección indefinida de funcionarios públicos.
Regular
y hacer cumplir equitativamente los mensajes de campaña en el periodo
"preelectoral". En la actualidad no existen normas claras para
regular los mensajes de campaña emitidos durante el llamado periodo
"pre-electoral" (que se extiende desde la convocatoria a elecciones
hasta el inicio oficial de la campaña). Una regulación clara al respecto
ayudaría a reducir los numerosos conflictos que surgen comúnmente durante este
período debido a la ausencia de normas.
Limitar
o prohibir el uso de cadenas y la inauguración de obras públicas antes de las
elecciones. México, Colombia y Brasil aportan algunos ejemplos en este campo,
que podrían ser aprovechados por Venezuela.
Limitar
el derecho de los funcionarios públicos a hacer campaña en beneficio de
miembros de su propio partido o coalición. México es un ejemplo de los límites
estrictos que pueden imponerse sobre el presidente para hacer campaña en nombre
de los candidatos de su propio partido.
Hacer
cumplir con mayor eficacia la normativa sobre el uso de los recursos del Estado
para fines políticos. Si bien la ley venezolana prohíbe el uso de recursos
públicos en las campañas políticas, las organizaciones nacionales de
observadores y otras organizaciones no gubernamentales venezolanas han
documentado abundantemente el uso de recursos públicos para fines políticos,
incluyendo el uso de vehículos públicos para transportar votantes a mítines y/o
votar, así como el uso de edificios públicos para la colocación de propaganda
electoral. Distintas organizaciones y partidos locales se han quejado asimismo
de la utilización indebida de oficinas gubernamentales y personal por parte de
funcionarios públicos para alentar a empleados públicos a participar en
actividades políticas y acudan a votar o para amenazarlos, en caso éstos se
nieguen. Como se señaló en el informe sobre las elecciones presidenciales del
mes de octubre de 2012 del Centro Carter, faltan lamentablemente salvaguardas
para prevenir los abusos derivados del ventajismo o hacer que las infracciones
a la ley resulten onerosas, no sólo financiera sino también políticamente, con
imposición de sanciones al comando que cometa la infracción. Un papel más
activo en la investigación y aplicación de las normas por parte de las
autoridades electorales contribuiría a eliminar este tipo de práctica.
Aclarar
la función de los comprobantes de papel. Amplias auditorías, antes y después de
las elecciones, han demostrado la precisión de las máquinas de votación
automatizadas. Sin embargo, las normas electorales que estipulan la
verificación de los resultados electrónicos a través del conteo de los
comprobantes de papel emitidos por las máquinas, y su comparación posterior con
los números expresados en el acta de escrutinio, a los efectos de fortalecer la
transparencia y la confianza en el sistema, no especifican planes de
contingencia en caso de que detecten discrepancias importantes en este proceso
(véase informe del Centro Carter sobre las elecciones de Venezuela de 2006
(PDF)).
Proporcionar
mayor información sobre el desempeño del sistema de identificación biométrica e
incluir la auditoría de duplicidad de huellas e incidencias del SAI en el
cronograma regular de auditorías del CNE. El Sistema de Autenticación Integrado
(SAI) fue introducido en las elecciones de octubre de 2012 en parte para
garantizar que el elector que emite su voto sea el elector debidamente registrado
en esa mesa de votación, así como para
prevenir casos de votación múltiple o usurpación de identidad. La entrega de
información adicional, luego de la realización de la auditoría prevista para
agosto, sobre el desempeño de estas máquinas en sus primeros usos (octubre y
diciembre de 2012 y abril de 2013), ayudaría a mantener informados a todos los
venezolanos acerca del grado en que este nuevo sistema responde a los fines
previstos.
Mejorar
la calidad de la experiencia de votación el día de las elecciones. Observaciones realizadas por las
organizaciones nacionales de observadores señalaron serios problemas de
influencia o presión sobre los electores. Las disposiciones para mejorar la
calidad de la experiencia de votación, y asegurar que cada ciudadano pueda
votar libre y voluntariamente, podrían incluir:
Capacitar
a los funcionarios electorales y de seguridad de forma que éstos puedan
garantizar el acceso de los testigos de partidos acreditados, y de los
observadores nacionales debidamente acreditados por el CNE, a los centros de
votación durante la totalidad de la jornada comicial, de acuerdo con las
normas.
Capacitar
a los miembros de las mesas de votación sobre los procedimientos estipulados
para los casos de votación asistida, incluyendo las normas que limitan el
número de veces que un acompañante puede asistir a un votante.
Examinar
los medios para hacer cumplir, con mayor eficacia, las normas electorales
relativas a los límites sobre la propaganda electoral en las inmediaciones de
los centros de votación y el libre acceso de los electores, sin intimidación, a
dichos centros, tanto para votar como para participar de la verificación
ciudadana.
Definir
los criterios para la acreditación de los testigos de los partidos políticos
por parte del CNE y considerar la posibilidad de proporcionarles una
identificación o indumentaria que los identifiquen como tales. La delegación
del Centro Carter observó casos en que personas no afiliadas a un partido
político registrado se identificaban a sí mismos como testigos de partido. La
aclaración de los roles de las distintas personas que prestan servicio en las
mesas de votación puede ayudar a mejorar el clima y las condiciones de
votación.
Auditar
y depurar el Registro Electoral. El CNE ha logrado un registro electoral sumamente
incluyente, con el 97 por ciento de la población inscrita. Los cuestionamientos
sobre dicho registro han tendido a centrarse en las posibilidades de
sobre-inclusión (personas fallecidas no eliminadas, homónimos, extranjeros no
habilitados para votar, etc.), antes que en la exclusión. Aunque los comandos
de campaña recibieron una copia del registro, y participaron y refrendaron la
revisión del mismo, tanto en las elecciones de octubre como en las de abril, la
depuración continua del listado electoral plantea un desafío constante, sobre
todo cuando la eliminación de los nombres de personas fallecidas requiere la
acción de la familia (como la presentación de un certificado de defunción
emitido por un registro civil ante la oficina del registro electoral). Un
estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello arrojó la existencia
en el registro de unos 49.000 fallecidos antes de las elecciones de octubre. El
comando de campaña de Capriles, por su parte, estimó los fallecidos en el
padrón entre 191.000 y 300.000, además de unos 20.000 casos de homónimos. El
esclarecimiento de estas cuestiones, tal vez con un cronograma regular de
depuraciones y auditorías, ayudará a aumentar la confianza y la transparencia
del registro electoral.
Marco
legal. De enero a marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia hizo varias
interpretaciones de la constitución, que posteriormente fueron cuestionadas por
la oposición, cuestionamientos que incluyeron la elevación de demandas ante el
propio tribunal supremo. Las interpretaciones en disputa surgieron, en parte,
porque la constitución no especifica con claridad cada una de las posibles
contingencias para el caso de ausencia temporal o permanente de un presidente
re-electo. Teniendo en cuenta la modificación constitucional de 2009, que
permite la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes, el
examen de las leyes que implementan esta modificación, puede estar justificado.
Designación
de autoridades electorales. El artículo 296 de la constitución venezolana
establece la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral para
periodos de siete años por el voto de los dos tercios de la Asamblea Nacional a
partir de nominaciones elevadas por la sociedad civil, las facultades de
derecho de las universidades nacionales y la rama del gobierno denominada Poder
Ciudadano. Dicho artículo especifica además que los candidatos deben ser
personas sin vínculos con organizaciones políticas. El período de tres de los
cinco rectores expiró a fines de abril de 2013. Sin embargo, dado el clima de
enfrentamiento imperante en la Asamblea Nacional, es muy poco probable que se
consigan los dos tercios necesarios para las nuevas designaciones. La
normalización de esta situación mediante el logro de acuerdos entre los partidos
para garantizar la elección de una autoridad electoral independiente e
imparcial ayudaría a fortalecer la confianza en el sistema electoral.
Informe
final del Centro Carter
El
Centro Carter dará a conocer un informe final una vez concluido el proceso electoral.
Dicho informe incluirá la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia a las
impugnaciones legales de la oposición, así como información sobre la próxima
auditoría de duplicidad de huellas. La delegación del Centro Carter se llevó a
cabo de conformidad con la Declaración de Principios para la Observación
Internacional de Elecciones y el Código de Conducta de los Observadores
Internacionales que fueron adoptados en las Naciones Unidas en 2005 y aprobado
por más de 40 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
eduardojbarriosp@gmail.com
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