MILOS ALCALAY, LA CORRUPCIÓN MUNDIAL Y VENEZUELA, BRÚJULA DIPLOMÁTICA

Estos días hemos visto con preocupación el hecho de que Venezuela figure en la prensa internacional como el país más corrupto del mundo, de conformidad a la evaluación realizada por la conocida organización Transparencia Internacional. 

Ello nos debe llevar a buscar una respuesta contundente para enfrentar a fondo este flagelo destructivo y rechazar los argumentos simplistas del oficialismo que pretende dar justificaciones a través de los mismos voceros que son los principales responsables de la crisis política, económica, social y moral que vive nuestro país en la actualidad y que son los que han permitido que la corrupción llegue a la escandalosa situación actual, tratando de imputarle a terceros las enormes dificultades que enfrentamos  que han convertido a un país rico  -gracias a los precios del petróleo- en un país pobre por la situación que enfrentamos.

La corrupción no es una ficción y sus efectos son tan directos que se sienten diariamente en la vida de los venezolanos quienes nos sentimos humillados por las inmensas colas producidas por el desabastecimiento, la incapacidad, la opacidad, la falta de reglas claras, el creciente desempleo, la inflación, el colapso de las instituciones y en general el  deterioro de la calidad de vida.

El camino para transformar esta realidad y eliminar el carácter discrecional que el Gobierno Central ha venido imponiendo de manera arbitraria, es aplicando el mandato de la Constitución Bolivariana  que en sus artículos impone el Estado de Derecho, la separación de poderes, la participación popular y un proceso transparente que enfrente los privilegios. No es posible erradicar la corrupción con una Ley Habilitante que en vez de establecer mecanismos de control a los principales responsables por la situación que vivimos, estimule aun más la autocracia y favorezca las improvisaciones y malversaciones del Poder Ejecutivo, despojando a la Asamblea Nacional, y a otros organismos públicos y privados  que son los que deben controlar el gasto público, y evitar que continúe agravándose la corrupción.

A raíz de los resultados de las elecciones del 8 de Diciembre, se impone reconocer una nueva realidad que debe permitirle a los nuevos responsables del poder local que son los alcaldes y concejales electos que asuman el papel protagónico que les corresponde, y de esta manera  abrir la participación de los legisladores de Gobierno y oposición, de los responsables de los poderes regionales,  de la sociedad civil, los medios de comunicación social, los partidos políticos, y otros entes descentralizados que junto al Poder Ejecutivo emprendan una acción que permita el logro de una sociedad democrática de progreso y justicia, para enfrentar –entre otros problemas- el de la corrupción

Milos Alcalay

milosalcalay@yahoo.com

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