Se acerca diciembre, mes que según nuestras
tradiciones es época de pintar la casa, de estrenar ropa y, en fin, de hacer
gastos. Históricamente hay mucho circulante ya que los trabajadores cobran sus
aguinaldos y utilidades.
Parece raro que comience escribiendo de
diciembre cuando todavía noviembre no ha terminado. Lo hice porque no tengo la
menor duda de que este diciembre será el peor de todos, en cuanto a la economía
se refiere.
Los negocios estarán vacíos. El régimen ha decidido poner en
práctica la tesis de la ex candidata presidencial María Bolívar en lo que
representa a disminuir la inflación: bajando los precios por decreto.
Eso es lo que está ocurriendo. Desde luego
muchos se alegran porque aprovechan la oportunidad para comprar barato lo que
semanas atrás estaba por las nubes. Lo poco que producimos, como la cabilla, no
se encuentra, o la venden también a un precio exagerado y con comisiones.
Por
cierto, el monopolio de su comercialización está en manos del gobierno y
penetrado fuertemente por el sector militar, los mismos que apuntan con sus
fusiles a los comerciantes para que bajen los precios.
Ironía y engaño gubernamental
Hacen ver que están luchando contra la
especulación con medidas espasmódicas, y en el fondo se sabe que los productos
que el pueblo más necesita los están revendiendo en las zonas populares. Es
anecdótico ver a una ministra supervisar los precios de los perfumes en las
tiendas “Don Lolo” en el Sambil, cuando sin ir muy lejos, en las barriadas
venezolanas los primeros en especular son los que han hecho del comercio
informal su principal fuente de ingreso. ¿No me creen? pues, los invito a estar
pendientes cuando se corre la voz de la llegada de leche, la harina o el aceite
en algún supermercado de las urbanizaciones. Observen bien quiénes son la
mayoría de los que se encuentran en las colas.
Esto ocurre de la misma manera con las
tiendas de electrodomésticos, en las que han proliferado los vendedores de
cupos en las colas y los revendedores de artefactos. Lo peor del caso es que
quienes hoy compran televisores y neveras a precios que ellos creen ser
baratos, en diciembre tendrán que venderlos para comprar sus estrenos o hacer
las hallacas, si es que encuentran los ingredientes, y tienen gas. Este último
servicio se ha convertido en un calvario para conseguirlo, pues la gente debe
llevar las bombonas a la empresa surtidora y hacer largas colas para llenarlas,
si tienen suerte. Hay personas pobres que me han dicho que han tenido que
perder un día de trabajo para poder conseguir el gas.
Amigos entramos en un remolino que nos hunde
cada día más. Engaño tras engaño. Estas políticas demagógicas hacen sentir -a
los oficialistas- que están subiendo en las encuestas. Es probable. Pero para
el 8-D todavía faltan 12 días. Los televisores se acaban, y el hambre viene a
cada rato. Lo más seguro es que no les rinda tanto el populismo.
Cocchiola vs la justicia castrocomunista
La semana pasada abordé el tema
tangencialmente, hoy trataré de enfocarlo desde el punto de vista jurídico
político. Para nadie es un secreto que Miguel Cocchiola gana cómodo la Alcaldía
de Valencia, según todos los sondeos de opinión, incluyendo los contratados por
el sector oficialista. Imposible que en buena lid puedan arrebatarle el
triunfo.
Ahora bien, en este país desgraciadamente las instituciones son un
fiasco, comenzando por la Fiscalía General de la República y el Tribunal
Supremo de Justicia, que guardan en sus actuaciones incontestable sumisión al
partido de gobierno. Ni se diga de los militares, al servicio de agentes
cubanos y fuertemente penetrados por la corrupción. Todo el mundo lo sabe.
Pues bien, ya se ha anunciado que Cocchiola
regresa mañana a las 2 de la tarde por el aeropuerto Arturo Michelena de
Valencia. Allí estaremos, y seguramente estarán también los sabuesos del
régimen que para nada les importa la Constitución. Actúan como verdaderos
esbirros. Miguel Cocchiola no solamente será el próximo alcalde de Valencia,
sino que fue elegido por los carabobeños como diputado a la Asamblea Nacional,
por lo que goza de inmunidad parlamentaria que es una institución reconocida
por el mundo entero para evitar persecuciones penales y hostigamiento contra
ciertos funcionarios. Aquí en Venezuela los diputados de la Asamblea Nacional
gozan de inmunidad desde su proclamación hasta el cese de sus funciones.
El artículo 200 de la Constitución dice: “De
los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional
conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad
que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y
continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un
parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia
en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de
Justicia”. Lo primero que deben tener claro los que se han empeñado en
perseguir y detener a Cocchiola, es que el único organismo que puede autorizar su detención es el TSJ. Y conforme
con el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, para ello primero debe
existir una solicitud de la Fiscalía General de la República, y para que el TSJ
en Sala Plena pueda declarar si hay méritos para el enjuiciamiento debe
previamente la Asamblea Nacional autorizarlo.
Ahora, faltan 12 días para las elecciones
¿ustedes creen que hay tiempo para todo esto? Creo que con Cocchiola se les
enredó el papagayo. Ustedes dirán que en dictaduras se saltan a la torera los
procedimientos. Yo les contesto: supongamos que lo hagan. La sola autorización
para enjuiciar a un diputado o allanamiento de su inmunidad no significa que
sea culpable de nada, solo de que está abriéndose un proceso. Existe un derecho
humano fundamental que es el de la presunción de la inocencia. Cocchiola no
dejará de ser candidato ni diputado elegido por el pueblo.
Amigos, la inmunidad, aunque se piense que es
una prerrogativa de los parlamentarios para no ser perseguidos penalmente y
facilitarle el ejercicio de sus funciones, es más bien una protección para los
electores. Permite tener representantes que puedan actuar y vigilar a los
gobernantes para el beneficio del pueblo sin que puedan ser perseguidos.
¿Y si cuando venga lo inhabilitan?
De todo hemos escuchado. Si lo inhabilitan o
sumariamente lo condenan (ha sucedido) estarían inhabilitando al pueblo de
elegir su candidato. Habría chance para substituirlo. Y si arbitrariamente
ocurre después de su elección, tendríamos nuevas elecciones en Valencia. Aunque
pienso que si los valencianos no reaccionamos, y nos dejamos someter por el
gobierno, poco o nada seríamos capaces de defender. No es a Cocchiola, es a
nuestra ciudad. Dejaríamos que la sigan destruyendo y saqueando sus recursos.
La invitación es a que acompañemos mañana desde el mediodía la llegada de
Miguel Cocchiola en el aeropuerto de Valencia.
Advertencia constitucional
Finalmente les recuerdo a los funcionarios
policiales o de seguridad lo que establece la parte final del artículo 200
constitucional: “Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen
la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en
responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la
ley”. Este gobierno no será eterno y escríbanlo, más temprano que tarde los que
hoy son esbirros mañana serán prófugos o sometidos a juicio por sus fechorías.
No me refiero a venganza sino a la aplicación de la justicia tan necesaria para
adecentar nuestra nación que en estos últimos años ha sido pisoteada por
rufianes y malhechores.
Que se entienda bien, quiero que estas
últimas líneas sirvan de clarinada a los diputados oficialistas que gozan de
inmunidad y que como pueblo civilizado y amante del estado de derecho tendremos
que respetar hasta el día en que cesen en sus funciones. Por ejemplo, el
diputado Pedro Carreño seguirá gozando de su inmunidad parlamentaria por muchas
sospechas que podamos tener sobre él y aunque existan suficientes elementos de
convicción para hacerle presumir a un juez que está incurso en hechos punibles,
no podrá ser detenido sin dársele el derecho a la defensa, a menos que sea
sorprendido infraganti, cuestión que no nos debería sorprender. En este caso,
como lo establece el artículo 200 de la Constitución, quedaría en su residencia
bajo custodia policial mientras el TSJ autoriza su enjuiciamiento.
@pabloaure
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