CARLOS ALBERTO MONTANER, LA PARADOJA CHILENA

Michelle Bachelet regresará pronto a la casa de gobierno en Chile. La quieren y, probablemente, lo merece. Ya pasó por La Moneda y abandonó el poder con un altísimo grado de aprobación. Sin embargo, esta vez la han votado para que gobierne de otro modo y lo ha prometido. Habrá salud y educación “gratis”. Va a echar las bases del Estado Benefactor. El gasto público, claro, aumentará sustancialmente, y con él la alegre legión de los funcionarios.

No hay duda. Existe inconformidad en el país con el modelo chileno, pese a sus inmensos éxitos y al hecho innegable de que es hoy la primera economía de América Latina. ¿Por qué? Según Mauricio Rojas, “se trata de un largo proceso que tuvo su espectacular eclosión en el año 2011, con grandes movilizaciones sociales que lograron instalar un discurso antisistema que cuestionó los pilares del modelo chileno”.

Y agrega más adelante: “el centroderecha chileno creyó que la eficiencia del sistema le daría automáticamente legitimidad y apoyo y descuidó el terreno donde realmente se decide el derrotero de las sociedades: el de las ideas”. Esto lo ha escrito, muy preocupado, en un artículo titulado: “Chile, rumbo al Estado Benefactor y la democracia chavista”.

Mauricio Rojas sabe de lo que habla. En su juventud fue un marxista fiero, miembro del MIR, y tuvo que exiliarse tras el golpe de Augusto Pinochet para que no lo mataran. Se fue a Suecia. Allí, felizmente, se desasnó. Obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Lund y abandonó las bobas supersticiones marxistas. Luego entendió los errores del Estado Benefactor. Fue diputado por el Partido Liberal y vivió intensamente la rectificación de los excesos cometidos por los socialdemócratas, especialmente tras la crisis de los años noventa.

Suecia era uno de los países más habitables del planeta, pero el excesivo gasto público –llegó a ser el 67 por ciento del PIB-- y la intervención del Estado acabaron ahogando la iniciativa de la sociedad civil y arruinando las finanzas. Tras el batacazo, los sucesivos gobiernos suecos, además de recortar gastos, aprendieron a depender más del sector privado y a recurrir al mercado mediante sistemas de vouchers que le devolvían a la sociedad la facultad (y el derecho) de elegir. Lo público y lo privado se armonizaron.

La discusión, pues, no debe ser sobre si es conveniente o no erigir un Estado Benefactor. El tema de fondo es otro: ¿produce suficiente riqueza la sociedad para sostener un modelo de convivencia en el que las personas dispongan de casas confortables, comida variada, ropas adecuadas, estudios y sanidad de calidad, transporte, comunicaciones, diversiones e infraestructuras eficientes? Todo eso es grato, pero cuesta mucho.

Los países escandinavos no están a la cabeza del confort planetario porque decidieron crear Estados Benefactores, sino porque generaron un tejido productivo en el sector privado que les permitió segregar sociedades como las que vemos en Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia.

Suiza es Suiza, o Austria es Austria no porque los bondadosos políticos y funcionarios de esas naciones decidieron dotar a esas sociedades de un alto estándar de vida y repartir la riqueza, sino porque el país cuenta con un aparato empresarial privado altamente competitivo que crea empleos bien remunerados y paga impuestos. Aquí no hay duda de si viene primero el huevo o la gallina.

Esa es la asignatura pendiente de Chile. El país, sí, va muy bien, pero no tanto como otros y gracias a las exportaciones de cobre, salmón, vino, vegetales y poco más. Como dice el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann: “Las únicas cosas nuevas que ha desarrollado son las AFP (el estupendo sistema privado de jubilación creado por el economista José Piñera), Falabella y Cencosud (tiendas, supermercados). El país tiene sorprendentemente pocas empresas globalmente competitivas, y eso muestra una falta de diversificación que debiera preocupar”.

El gobierno que necesitan Chile y todos los países no son los que se proponen, primordialmente, distribuir las riquezas, sino los que deciden estimular la creación de empresas privadas vigorosas, competitivas y diversificadas que alimenten y sostengan la aparición de clases medias educadas y, de paso, costeen un Estado eficiente. ¿Cómo se hace eso? Ojalá la señora Bachelet lo descubra antes de provocar un descalabro.

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