TRINO MÁRQUEZ, HABILITAR PARA ATROPELLAR

Descartemos que el ciudadano (¿venezolano?) Nicolás Maduro solicitó la habilitación por un año, para combatir  la corrupción y enfrentar la supuesta guerra económica declarada por la derecha apátrida golpista.

Si quisiera luchar contra el “cadivismo”, las comisiones,  las empresas de maletín, los sobornos  y demás vicios del régimen más descompuesto de la historia nacional, le bastaría con levantar progresivamente el control de cambios y aplicarles los instrumentos legales existentes (Ley de Contraloría, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito) a los parlamentarios, funcionarios del alto gobierno, gobernadores, alcaldes y contratistas allegados al oficialismo. Allí están la boliburguesía y los bolichicos con su riqueza súbita, fraudulenta y escandalosa ampliamente documentada, como símbolos ostensibles de la impudicia con la que actúan los corruptos rojos. Diosdado Cabello y Juan Barreto fueron liberados por la Asamblea Nacional y la Contraloría de toda responsabilidad administrativa, a pesar del amplio expediente elaborado en su contra por los desmanes cometidos en la gobernación de Miranda y en la Alcaldía Metropolitana, respectivamente.

La quimérica “guerra económica” inventada por el tándem Maduro-Castro para ocultar la debacle causada por el socialismo del siglo XXI, se acabaría si se produce un giro radical en la política oficial: se levantan los controles, se respeta la propiedad privada, se permite que el dólar flote de acuerdo con la demanda de divisas, se vuelve a crear un mercado de trabajo, ahora inexistente, se paralizan las estatizaciones y comienza un proceso de retorno de las empresas nacionalizadas al sector privado.

Nada de lo que debe hacerse para amputar la corrupción y salir del rentismo, tal como el propio Maduro propone (¿sabrá lo que es rentismo y mercantilismo?), se hará. Su opaco discurso en la Asamblea Nacional –muy mal leído, por cierto- revela que la intención de su solicitud avanza por un camino  muy distinto a los propósitos expresados.

Los objetivos de Maduro  apuntan en tres direcciones distintas, aunque complementarias. La primera, hacia el interior de  la claque dominante: demostrar que es un digno sucesor de su “padre” Hugo Chávez y que puede concentrar tanto poder como este; que representa el verdadero centro de gravedad de las decisiones y no comparte ese lugar con Diosdado Cabelllo. La otra, hacia la oposición: revela estar dispuesto a arrollar a quienes lo adversan sin detenerse en consideraciones legales. La tercera: que su modelo económico consiste en militarizar y favorecer su clientela, utilizando los recursos del Estado, especialmente las divisas, para repartirlos entre quienes le sean incondicionales; patrimonialismo del más primitivo.

Cabello, el duro y todopoderoso presidente de la Asamblea, quedaría relegado a un segundo plano durante un año, período suficientemente largo para que Maduro ajuste las piezas de la maquinaria que le permitiría aspirar a la reelección en 2018. Los cubanos le han instruido. El tiempo pasa volando. Conviene minimizar la figura del hombre del Furrial y sofocar sus deseos de llegar a Miraflores por la vía electoral.

A la oposición hay que amenazarla constantemente. El Ejecutivo cuenta con la Fiscalía y con el Poder Judicial para atenazar a los adversarios. La habilitante permitiría actuar de forma expedita contra gobernadores, alcaldes y diputados opositores, sin tener que sujetarse a los protocolos convencionales.

El modelo intervencionista militaarizado se mantendrá. El rentismo se exacerbará, solo que con una variante: el reparto de la renta petrolera no se hará mediante los canales y agentes tradicionales, sino a través de los militares, civiles y organismos públicos que decida Maduro y su camarilla. Cadivi será aún más selectiva en la asignación de las divisas. Estas serán administradas con mayor celo por el Gobierno, quien las empleará para fortalecer su proyecto e imagen. Ahora será cuando veremos clientelismo del bueno. Todas las empresas, industrias y comercios pasarán a depender de la voluntad omnímoda de un Ejecutivo que repartirá los dólares como se le  antoje. El empresario que no se someta a los designios del heredero quedará excluido del beneficio.

Estos, entre otros, son los cambios que buscan Maduro y los Castro con la habilitante. Se trata de habilitar para atropellar. Lo bueno es que con tanto poder, y tanta incompetencia, no tendrá a nadie a quien atribuirle los errores. La culpa será de él solito.

@trinomarquez

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