domingo, 27 de octubre de 2013

SILVIA GÓMEZ TAGLE, ¿CÓMO SE PERDIÓ LA CONFIANZA EN LA DEMOCRACIA POLÍTICA?, DESDE MEXICO

Uno de los ejes de la reforma política que hoy se negocia en el Congreso, tiene que ver con la necesidad de restablecer la confianza en la democracia electoral. Se trata de fortalecer el control sobre el uso de recursos en las campañas políticas, lo que implica diseñar mecanismos eficientes para la fiscalización de los partidos; así como disponer de los medios de impugnación y sanciones para los partidos y los candidatos que rebasen los topes de gastos en las campañas electorales. 

No se trata de problemas nuevos, se buscan estructuras más eficientes para implementar disposiciones legales vigentes desde hace mucho, lo novedoso es que se pretende resolverlos mediante la creación de un Instituto Nacional Electoral que sea la única autoridad a cargo de todos los procesos electorales.

En primer lugar, no todos los institutos electorales locales merecen ser eliminados, ya que en algunos casos han aportado experiencias valiosas, por eso en muchas entidades la centralización no se verá como un “avance de la democracia”, sino como una “intromisión de la Federación”. Además, antes de tomar una decisión de ese tamaño, vale la pena poner en el debate público: a) las deficiencias del IFE y del TEPJF de la Federación, para corregir esos errores antes que emprender una expansión de ese modelo institucional a todos los niveles electorales. Por ejemplo, se debería: a) garantizar la autonomía de los consejeros y de los magistrados respecto de los partidos y de los gobiernos locales y del federal; b) saber las implicaciones que tendría en la estructura de la organización y en su eficiencia esa centralización; y c) conocer el costo de la sustitución de unos órganos electorales por otros nuevos. ¿O acaso sólo se está pensando en una simulación que lleve a disfrazar las estructuras locales existentes, con un nuevo formato institucional supuestamente nacional?

Es cierto que los legisladores locales no han cumplido con los principios rectores de la reforma política de 1996, que fue aprobada con el consenso de todos los partidos políticos y de muchas organizaciones civiles, desde la izquierda hasta la derecha, en donde se señala el modelo que deberían haber seguido las reformas electorales locales en los últimos 17 años, tales como dotar de independencia e imparcialidad a los órganos electorales, alcanzar la proporcionalidad en la representación de los partidos y la equidad en la competencia política, a través del acceso a los medios de comunicación y asignación de recursos públicos; además de crear un eficiente sistema de medios de impugnación.

Pero cabe preguntarse por qué el TEPJF no ha hecho nada en el marco de la responsabilidad que le confirió dicha reforma en todo el tiempo que ha transcurrido desde entonces. También hay que explicar por qué el IFE, que fue una de las instituciones más prestigiadas, ha perdido la credibilidad y la confianza ciudadana. Si ahora los mexicanos desconfían del IFE, ¿cuáles serían los motivos que los llevarían a confiar en el INE? Y, lo principal, ¿por qué el INE puede resolver mejor los problemas que todos los institutos electorales locales juntos? Algo similar ocurre con el proyecto de crear nuevo gran tribunal cuyas decisiones serán inatacables. ¿Será más eficiente?

La confianza no se puede reconstruir sólo a partir de mecanismos de control político o mediante la promesa de la creación de una nueva institución, lo más importante son los resultados. Más que grandes cambios estructurales en el sistema electoral, como la creación del INE, o de cambiar las normas electorales para permitir la reelección inmediata de los diputados, o establecer el sistema de la segunda vuelta en las elecciones de poderes ejecutivos de todos los niveles, lo que se necesita para recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia política es demostrar eficacia en el ejercicio del poder y del presupuesto, en todos los niveles de gobierno.

sgtagle.prensa@gmail.com

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