Uno
de los ejes de la reforma política que hoy se negocia en el Congreso, tiene que
ver con la necesidad de restablecer la confianza en la democracia electoral. Se
trata de fortalecer el control sobre el uso de recursos en las campañas
políticas, lo que implica diseñar mecanismos eficientes para la fiscalización
de los partidos; así como disponer de los medios de impugnación y sanciones
para los partidos y los candidatos que rebasen los topes de gastos en las
campañas electorales.
No se trata de problemas nuevos, se buscan estructuras
más eficientes para implementar disposiciones legales vigentes desde hace
mucho, lo novedoso es que se pretende resolverlos mediante la creación de un
Instituto Nacional Electoral que sea la única autoridad a cargo de todos los
procesos electorales.
En
primer lugar, no todos los institutos electorales locales merecen ser
eliminados, ya que en algunos casos han aportado experiencias valiosas, por eso
en muchas entidades la centralización no se verá como un “avance de la
democracia”, sino como una “intromisión de la Federación”. Además, antes de
tomar una decisión de ese tamaño, vale la pena poner en el debate público: a)
las deficiencias del IFE y del TEPJF de la Federación, para corregir esos
errores antes que emprender una expansión de ese modelo institucional a todos
los niveles electorales. Por ejemplo, se debería: a) garantizar la autonomía de
los consejeros y de los magistrados respecto de los partidos y de los gobiernos
locales y del federal; b) saber las implicaciones que tendría en la estructura
de la organización y en su eficiencia esa centralización; y c) conocer el costo
de la sustitución de unos órganos electorales por otros nuevos. ¿O acaso sólo
se está pensando en una simulación que lleve a disfrazar las estructuras
locales existentes, con un nuevo formato institucional supuestamente nacional?
Es
cierto que los legisladores locales no han cumplido con los principios rectores
de la reforma política de 1996, que fue aprobada con el consenso de todos los
partidos políticos y de muchas organizaciones civiles, desde la izquierda hasta
la derecha, en donde se señala el modelo que deberían haber seguido las
reformas electorales locales en los últimos 17 años, tales como dotar de
independencia e imparcialidad a los órganos electorales, alcanzar la
proporcionalidad en la representación de los partidos y la equidad en la
competencia política, a través del acceso a los medios de comunicación y
asignación de recursos públicos; además de crear un eficiente sistema de medios
de impugnación.
Pero
cabe preguntarse por qué el TEPJF no ha hecho nada en el marco de la
responsabilidad que le confirió dicha reforma en todo el tiempo que ha
transcurrido desde entonces. También hay que explicar por qué el IFE, que fue
una de las instituciones más prestigiadas, ha perdido la credibilidad y la
confianza ciudadana. Si ahora los mexicanos desconfían del IFE, ¿cuáles serían
los motivos que los llevarían a confiar en el INE? Y, lo principal, ¿por qué el
INE puede resolver mejor los problemas que todos los institutos electorales
locales juntos? Algo similar ocurre con el proyecto de crear nuevo gran
tribunal cuyas decisiones serán inatacables. ¿Será más eficiente?
La
confianza no se puede reconstruir sólo a partir de mecanismos de control
político o mediante la promesa de la creación de una nueva institución, lo más
importante son los resultados. Más que grandes cambios estructurales en el
sistema electoral, como la creación del INE, o de cambiar las normas
electorales para permitir la reelección inmediata de los diputados, o
establecer el sistema de la segunda vuelta en las elecciones de poderes
ejecutivos de todos los niveles, lo que se necesita para recuperar la confianza
de los ciudadanos en la democracia política es demostrar eficacia en el
ejercicio del poder y del presupuesto, en todos los niveles de gobierno.
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