MIGUEL A. MEGIAS, EL BARRIO ES LA SOLUCIÓN

Según la RAE, autarquía es “dominio de sí mismo, o política de un estado que intenta bastarse con sus propios recursos”. Cuando hablamos de autarquía municipal, queremos significar el hecho de que un municipio pueda ser autosuficiente –o por lo menos acercarse a la autosuficiencia– en términos de recursos financieros, entre otros.

En un artículo anterior me refería a los diversos impuestos municipales (en Venezuela), que proveen de recursos a la autoridad local –la alcaldía. De ellos, el impuesto por concepto de derecho de frente es uno de los que, potencialmente, pudiera proveer mayores ingresos. De hecho, en muchas ciudades y municipios de otros paises, el impuesto a la propiedad (aquí derecho de frente), es el que tiene mayor capacidad recaudadadora. Y sin embargo, por múltiples razones que no entraré a explicar, ese impuesto no se cobra puntualmente y no provee, como debiera, de fondos suficientes a las alcaldías.

Hay dos motivos principales por los cuales esto es así en la actualidad –pero que pudiera cambiar, sin que para ello haga falta ni nuevas leyes ni cambios en la Constitución. El primero, es que parece no haber “recaudadores de impuestos” designados específicamente a estos fines. Los impuestos, por lo general, se pagan en las oficinas municipales cuando “no hay más remedio”. Es decir, cuando se precisa de una “solvencia municipal” bien sea para vender el inmueble o para enajenarlo o hipotecarlo. En esos casos, el propietario debe acudir a la oficina local, solicitar el cálculo de impuestos atrasados, pagarlos y así obtener el ansiado “documento de solvencia” (desde luego, para obtener la solvencia también hay que estar al día con el pago del agua, la electricidad, la recolección de basura, etc.).

Es decir, pereciera no existir una programación municipal para la recaudación del impuesto. Y por tanto, se paga solamente cuando ya no hay más alternativa, en forma compulsiva, pero no programada. Bien distinto sería si trimestralmente hubiera la obligación del pago del impuesto, con lo que las arcas locales contarían con recursos de forma recurrente y programada. Al respecto, me enteré en uno de mis viajes, que hay países donde el impuesto se genera y se intenta cobrar “por las buenas”. Y si al cabo de un tiempo no es cancelado por el propietario, por las razones que fueren, entonces el municipio subastan, al mejor postor, los recibos de pago. Quienes adquieren dichos recibos proceden, ellos si, pues son entes privados no-gubernamentales, al pago forzoso, con sobrecostes por concepto de comisiones de cobranza judicial, muy onerosos. Puede incluso llegar al caso del embargo del inmueble, cuando hay resistencia al pago. Con la consecuencia de pérdida del inmueble.

Desde luego, no estamos proponiendo nada por el estilo, habida cuenta de que vivimos en un país que aunque no es totalmente “socialista”, tiene usos y costumbres que chocarían frontalmente contra esta forma compulsiva de cobranza. Pero algo deberían hacer los municipios para asegurarse el pago puntual y obligatorio del impuesto a la propiedad sin llegar a extremos. Ello significaría mayores ingresos que pudieran ser utilizados en mejorar las condiciones de vida de todo el municipio.

El otro aspecto a que quiero referirme es la informalidad de la propiedad en Venezuela. Muchas de las construcciones en las zonas aledañas a las grandes ciudades y pueblos están hechas sobre terrenos municipales, también llamados “terrenos ejidos”. Los barrios proliferan sobre estos espacios, las construcciones no cesan, primero son ranchos de tablas y latas y con el correr del tiempo se convierten en viviendas amplias y cómodas de uno o varios pisos.

Al no tener la propiedad del terreno, solo la denominada “bienhechuría” (es decir, construcción por cuenta propia sobre terreno ajeno), el propietario no puede disponer libremente de su propiedad. No puede sino “vender”, sin ningún pago de impuestos ni ninguna escritura legal, la bienhechuría, pero sin el terreno sobre la que se asienta. No pueden sus descendientes heredar la propiedad. No puede el propietario acudir a un banco para solicitar un préstamo hipotecario con la propiedad como respaldo, porque la propiedad, legalmente, no le pertenece.

Sabemos que en algunos municipios de Venezuela se ha emprendido la tarea de adjudicar formalmente la propiedad de los terrenos sobre los cuales se ha hecho una construcción y eso, creemos, es un gran paso de avance hacia un país “de propietarios”. Ello significaría el primer avance para la regularización de la propiedad y, en su momento, la alcaldía poder exigir el pago de impuestos, tal como ocurre en las propiedades formales de urbanizaciones y construcciones legales. Por cierto, este es un tema ausente en el debate electoral. He ahí una fuente importantísima de recursos. Pues según algunos estudiosos, en los próximos años, las poblaciones marginales, ciudades fantasmas, barrios, favelas, construcciones informales, o como quieran llamarse, lejos de disminuir irán aumentando a un ritmo tal que según proyecciones para el año 2050 una de cada cuatro personas vivirá en un barrio marginal. Por todo esto, creemos que el barrio “no es el problema, es la solución de la ciudad”. Por supuesto, en el marco de una nueva narrativa sobre la ciudad.

Desde luego, es preciso revertir los impuestos en bienestar social: excelentes (¡si, excelentes!) escuelas deben ser construidas en los barrios, puestos de salud suficientes (el proyecto chavista “barrio adentro” es un buen punto de partida), drenajes de aguas servidas, agua potable en cantidad y calidad, gas doméstico en cada “solución habitacional”, módulos de policía, módulos para la contratación y pago de los servicios de electricidad, agua, teléfonía, cable para TV, Internet por Wi-Fi, centros de formación profesional y educación de adultos en los más diversos temas, desde plomería o electricidad, ebanistaría, herrería, etc. Y desde luego, tal vez lo más importante, la expansión de la cultura tanto popular como formal: música, danza, teatro, artes plásticas, etc. En cuanto a la formación religiosa, es curioso observar la penetración que los grupos cristianos tienen en todos los barrios.

Debemos volcarnos a integrar a nuestros barrios, hacerlos más cómodos y seguros, más hermosos y habitables, con más zonas verdes, con flores, parques y recreación. Y los impuestos –aunque no lo parezca–son una vía; pues el que paga impuestos tiene (en teoría) el derecho a exigir. Debemos mirar hacia los barrios como zonas de oportunidad para el desarrollo y la convivencia. Y para ello, debemos volcar una buena parte de los recursos disponibles en el municipio, incluyendo los recursos que se recaudan en las zonas más prósperas, para mejorar las condiciones de vida de los barrios y enriquecer a sus habitantes dotándolos de los títulos de propiedad de las viviendas que con tanto sacrificio han construido.

Esta nueva narrativa sobre la ciudad debiera ser asumida por quienes incursionan en la política  municipal y debe ser incorporada como bagaje del ciudadano para una nueva concepción de los espacios urbanos..

Miguel A. Megias

@mmegias

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