JUANCARLOS VARGAS, SOBERANIA: BLA, BLA, BLA,BLA

El gobierno de Maduro al igual que el gobierno de su predecesor se ha caracterizado por hacer constante alusión al concepto de soberanía. Nunca antes en nuestra historia se ha abusado más del uso de este concepto que durante el régimen que ha gobernado al país durante los últimos 15 años.

En nombre de un modelo de soberanía defendido por las instituciones del Estado, el cual se basa en una concepción absoluta de este concepto, así como en el desconocimiento de tribunales y/o cualquier entidad internacional por encima de la República, este esquema ha tenido repercusiones económicas para Venezuela, pues en nombre de la denominada “soberanía petrolera” el régimen ha alejado la inversión extranjera directa del sector hidrocarburos, pues al proliferar la demandas ante tribunales constituidos de conformidad con las Reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el ex-presidente Chávez decidió en fecha 24 de enero de 2012 denunciar el Convenio CIADI, esgrimiendo no sólo soberanía sino también la supuesta falta de imparcialidad del organismo debido a que respondería a intereses de los Estados Unidos y a designios del capitalismo, por tratarse de una institución creada bajo el auspicio del Banco Mundial, esto ha creado desconfianza y por ende ha alejado la inversión extranjera, salvo los acuerdos que en condiciones desfavorables se han negociado con China, país al que progresivamente se le han entregado muchas de nuestras principales fuentes de riquezas, hipotecando el futuro de varias generaciones de venezolanos.

Asimismo, el uso inapropiado del concepto de soberanía ha tenido repercusiones en materia de derechos humanos, toda vez que el entonces Presidente Hugo Chávez decidió, en fecha 10 de septiembre de 2012, siguiendo recomendación del TSJ denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual habría decretado el abandono de Venezuela de dicha convención a partir del 10 de septiembre del presente año, y como consecuencia la aparente imposibilidad para la Corte IDH de ejercer su competencia contenciosa contra el Estado venezolano. Consideramos que se trata de una aparente imposibilidad, toda vez que estamos convencidos que el régimen no cumplió con los requisitos de derecho interno al denunciar dicha convención, y por otra parte, el acto unilateral de denuncia posee vicios de nulidad, sobre estos vicios aún no se han pronunciado los órganos del Sistema Interamericano de DDHH.

Resulta contradictorio que se juegue y manipule con el concepto de soberanía en casos como los antes mencionados, pero a pesar que somos soberanos, al igual que lo son cada uno de los Estados que conforman el sistema internacional, hasta la fecha no se haya producido una reacción adecuada y contundente por parte del Gobierno venezolano, dentro de los límites del derecho internacional, con respecto a la decisión unilateral del Estado de Guyana consistente en otorgar concesiones a compañías transnacionales para que se aprovechen de recursos petrolíferos ubicados dentro de las áreas marinas y submarinas venezolanas, lo cual no sólo viola el Acuerdo de Ginebra, sino que además se constituiría en acto de aquiescencia del Estado venezolano, que en caso que no ejerza su soberanía a la brevedad, terminará otorgando derechos a Guyana sobre áreas que conforman el territorio venezolano. 

Esto nos lleva a recordar la famosa máxima que señala que la soberanía además de proclamarse debe ejercerse de manera efectiva.

@jeisakuvargas

Juancarloseisaku@gmail.com

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