miércoles, 9 de octubre de 2013

JUAN CARLOS DELGADO BARRIOS, EL REGIMEN INCUBA LA VIOLENCIA SOCIAL Y LA INSEGURIDAD


La violencia social ha sido un cáncer de la sociedad en todos sus tiempos,  es una degeneración social que de no dársele un tratamiento adecuado, oportuno y eficiente este crece y crece de manera progresiva hasta desbordar  los limites de la tolerancia. La inseguridad como producto de la violencia social es un fenómeno complejo que contiene el funcionamiento de los sistemas policiales, de la justicia y, lo más importante, la prevención y los programas para la superación de las desigualdades sociales.

Cuando el Estado es rebasado por la violencia social, convertida en olas delincuenciales, dejan a la sociedad indefensa ante a un sector de la población que han decidido abiertamente enfrentar  la ley y, con ello, a la institucionalidad del mismo Estado, se dice, entonces, que se ha entrado en un proceso de ingobernabilidad. La ingobernabilidad referida a la pérdida del orden interno, al detrimento del control de la justicia y del control de las armas. Esta degradación es una característica de una Nación en proceso de deterioro de su institucionalidad que camina al caos social. Cuando esto sucede podemos decir  que estamos en presencia de un Estado en decadencia institucional y moral y, al mismo tiempo, frente a una sociedad indefensa que se declara impotente ante los violentos.

Es pertinente añadir que la seguridad ciudadana es un derecho humano fundamental, en consecuencia, el Estado debe ser garante de la promoción y defensa de los derechos humanos, por tanto, debe desarrollar toda una institucionalidad e inversión pública para frenar la violencia social y bajar los índices de inseguridad. En esta dirección aseveramos que el delito organizado atenta contra los derechos humano al poner a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad frente a delitos graves. Así mismo afirmamos, que cuando el Estado incumple o es deficiente en la protección ciudadana esta violentando los derechos humanos de sus gobernados al fallar en el desempeño de esta misión. Funcionarios públicos encargados de la seguridad ciudadana son propensos ha ser juzgados por delitos de lesa humanidad por incumplimiento de sus competencias en desmedro de la sociedad.

El Estado venezolano, según la Constitución Nacional, esta obligado a controlar el monopolio de la justicia y el control de las armas, reprimir a los violentos, desarrollar una educación centrada en valores que promueva la convivencia y la tolerancia ciudadana, así como,  crear condiciones e instituciones para combatir las desigualdades, la violencia social, el delito,  el narcotráfico, el armamentismo comunitario y la cultura de la muerte. En sí, proteger a los ciudadanos y crear condiciones para su seguridad.

Pero pese a este mandato constitucional uno de los problemas más críticos de los venezolanos es la inseguridad ciudadana, que involucra a todos sin distingo de género y de nivel social, económico  o profesional. Las estadísticas semanales de muertos en las principales ciudades, así como las interminables noticias de secuestros, robos, hurtos, violaciones y decenas de delitos son parte de la vida cotidiana. Las cifras cada día crecen de manera alarmante, pareciera que la delincuencia está desatada y no respeta nada. Caracas, la capital venezolana,  es la cuarta ciudad más peligrosa del mundo después de Ciudad Juárez en México, Kandahar en Afganistán y San Pedro Sula en Honduras, de acuerdo a un estudio reciente presentado por el grupo activista mexicano Seguridad, Justicia y Paz.  En todo el país pasa lo mismo, ya sean ciudades grandes, intermedias o pueblos, los ciudadanos están azotados por los delincuentes,  

Las  escandalosas cifras de inseguridad en Venezuela nos llevan a inferir que estamos en una situación de ingobernabilidad, de decadencia institucional y de incumplimiento del Estado como garante de la promoción y defensa de los derechos humanos. Todo muestra que el gobierno “revolucionario” fue derrotado por el hampa y, se ha declarado incompetente ante el flagelo de la violencia social y el delito que de esta deriva.  Desde 1999 hasta el año 2013 han anunciado 20 planes de seguridad sin resultados satisfactorios. Aunque maquilen las cifras y digan que es una falsa ilusión fomentados por los medios de comunicación social las realidad le explota en la cara en las morgues y en el dolor de las familias victimas de esta terrible inseguridad.

En Venezuela existen varios factores que influyen en la violencia social y,  que podemos considerar como cócteles de la inseguridad, estos se incuban y se desarrollan por políticas, estrategias y estilos de un gobierno que se hace llamar revolucionario con unas estrategias  de cambio radical  que promueven la incertidumbre económica y, con ello,  la profundización de las desigualdades sociales; una abierta y escandalosa  impunidad promovida  y sustentada por la  corrupción e ineficiencia judicial; una creciente partidización y desmoralización de las policías que las hace pasto fácil en la tentación delincuencial; la permeabilidad e impunidad de la justicia y las policías frente al narcotráfico y la drogadicción, recordemos que Venezuela se ha convertido en puente internacional del tráfico de narcóticos.

Además, el desarrollo de  un discurso oficial que promueve la cultura de la muerte y la violencia; el desarrollo de una cultura del armamentismo como paradigma de una sociedad en tensión de guerra  a la cual pretenden militarizar; la presencia de una educación con fuerte adoctrinamiento, de baja calidad y de carencias en valores de hermandad, solidaridad y tolerancia.  A ello le sumamos, el hecho de que el régimen  promueve la división de la sociedad desde una supuesta lucha de clases que deriva en resentimiento social y odio entre los mismos venezolanos.   Todo un caldo de cultivo para la violencia social y de allí un paso a situaciones delincuenciales.  

Definitivamente estamos a merced del hampa, vivimos en un campo de batalla minado por la violencia social, somos prisioneros de la delincuencia y víctimas de un gobierno que ha fracasado en el combate del flagelo de la inseguridad. Un gobierno que propicia la violación de los derechos humanos. Un régimen que incuba con su discurso y sus acciones la violencia social y su ola delincuencial. Este fenómeno  fluye con tanta impunidad que nos tienta a pensar la existencia de una supuesta  estrategia oficial en complicidad con el hampa  para mantenernos desmovilizados y prisioneros en nuestros mismos hogares, aterrados y   cubiertos por  un manto  creciente de miedo colectivo.  
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