Dada la condición de abogado de este
servidor, se me hace casi imposible tocar el tema de la Ley Habilitante sin
empezar por decir cosas elementales sobre su naturaleza y pertinencia, más allá
del contenido de la misma, que será el tema de fondo de este artículo.
En este sentido, resulta indispensable
comenzar por acotar el carácter extraordinario que estas Leyes tienen. En las
Repúblicas democráticas quien legisla es el Parlamento, por lo que traspasarle
esa función -aunque sea parcialmente- al Jefe del Ejecutivo, es absolutamente
excepcional y, en consecuencia, no debe ser pan nuestro de cada día ni puede
ser para todo. No obstante, esta sería la quinta Ley Habilitante que se otorga
en un período de menos de 15 años, es decir, a razón de una cada tres años y,
además, cada vez es mayor el rango de acción que se delega. Es decir, las
Habilitantes para este régimen (como expresó Monagas vilmente respecto a la
Constitución en 1848) “sirven para todo”.
Aunado a lo anterior está el tema de que las
razones por las cuales se vienen solicitando las Habilitantes no se
corresponden con lo que luego se hace, así como también es excesivo el tiempo
de vigencia de las mismas. De hecho en 2010 se otorgó bajo la excusa de ayudar
a los damnificados y paliar los efectos de las lluvias, pero de los 54
decretos-leyes que dictó el Presidente en función de esa Habilitante, sólo 8
tuvieron que ver con esa materia, mientras que los otros 46 fueron destinados a
otros temas, incluyendo reformas al COPP, a la Ley de las F.A.N. y a la de la
Administración Financiera del Sector Público, entre otras. De igual forma, esa
Habilitante duró 18 meses (récord histórico) y la actual se ha solicitado por 1
año, lo cual también es exagerado.
Dicho esto aterricemos, ahora sí, en la
Habilitante que está por discutirse en el seno de la AN. La misma ha sido
solicitada con la excusa de luchar contra la corrupción y la “guerra económica”
que denuncia el Gobierno, las cuales son simples excusas, ya que obviamente no
hace falta una Habilitante para enfrentar ninguna de las dos cosas. Allí están
la Ley Anticorrupción y la de la Contraloría, por ejemplo, para perseguir y
castigar los delitos contra el patrimonio público; y en cuanto a la “guerra
económica”, habría que empezar por decir que la destrucción de la economía
nacional se ha concebido y desarrollado desde el Gobierno, por lo que el primer
paso debería ser destituir a Giordani, Samán, Fleming y Gil, entre otros, para
empezar por los mariscales de campo de esa guerra, para lo cual tampoco se
necesita una Habilitante.
Está clarísimo entonces que la Habilitante es
para perseguir opositores, disidentes del chavismo y uno que otro pez pequeño
del Gobierno para guardar las apariencias, por un lado, y para aumentar los
controles y seguir persiguiendo empresas y comerciantes, por el otro. Si de
verdad hubiera un espíritu de lucha contra el flagelo de la corrupción en el
Gobierno, más de la mitad del Gabinete estuviera investigado y Diosdado Cabello estuviera preso, entre otros
casos, por el escandaloso hecho de haber remodelado un baño de la Gobernación
de Miranda por más de 400 millones de bolívares hace 6 años, momento en el
cual, con esa cantidad, se podía comprar aún un buen apartamento.
Es más, la Habilitante nacerá en medio de una
tremenda contradicción que evidencia el doble discurso oficialista, ya que esta
semana el TSJ autorizará el allanamiento de la inmunidad de la diputada
Aranguren (Monagas), con el único fin de incorporar a su suplente, quien acaba
“casualmente” de brincar la talanquera hacia el oficialismo. Es decir, el
famoso voto 99 es producto de un descarado acto de corrupción.
Presenciaremos sin duda eventos importantes
en los próximos días. Como bien dice Capriles: si el Gobierno no cambia, la
gente cambiará al Gobierno; y por eso afirma el Alcalde Ledezma que el 8D no
están en juego unas Alcaldías sino la Patria misma, y la posibilidad de
propinarle al Gobierno una dura derrota que impulse ese cambio democráticamente
cipriano.heredia@gmail.com @CiprianoHeredia
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