Decíamos en un artículo anterior, que cuando se habla de
corrupción en el Estado, no hay otra manera de hacerlo que no sea en relación
al erario público y a quienes lo manejan o tienen poder de disposición sobre él
de manera directa o indirecta.
Pese a esta premisa, con el tema de la corrupción, tan
manoseado últimamente, da la impresión
de que el gobierno le gana un round a la oposición en el debate político, una vez
más. Mentiras o no, lo cierto es que la
vocería oficial del régimen se las ha ingeniado para crear una matriz de
opinión que ha dejado su huella en una buena parte de la población y un
sentimiento de frustración en la oposición que ve con impotencia que quienes
deberían elevar la voz más duro no lo hacen, mientras que los que tienen el rabo de paja, gritan y despotrican a diestra
y siniestra.
Es evidente que la habilidad de los diputados del PSUV, que
están llevando la voz cantante en esta materia, supera con creces a los de los
partidos de oposición, que a pesar de tener tanta materia prima acumulada
durante más de una década con la cual trabajar, no han sido capaces de levantar
un solo expediente en contra de algunos de los ministros, exministros,
presidentes de institutos autónomos, exgobernadores o militares con
responsabilidad en el manejo de los fondos del Estado. Algo que resulta difícil
de entender, por no decir que increíble.
La imaginación de los
primeros, suple con su osadía y caradurismo, cualquier falta de evidencia en
los hechos de los que se acusa a los dirigentes de la oposición, a la vez que
la parsimonia y pasividad de estos últimos, se decanta en acusaciones sobre
casos como el de “pudreval”, el maletín con dólares de Antonini, los trajes de
marca y corbatas de seda que se compraba Chávez o las fiestas multimillonarias con
invitados del “jet-set” internacional, que algunos dirigentes de esta
revolución han celebrado momentos familiares. El último y más sonado caso,
quizás el más concreto de todos, puesto que a diferencia de los otros, no se
trata de denuncias de hechos, publicados primeramente por la prensa en sus
ediciones matutinas, es de la grabación del conductor del programa “La
Hojilla”, donde el material sobre corrupción, patrañas y delitos diversos, da
como para que la Fiscalía y la Contraloría, estuviesen ocupados todo el año.
Uno se sigue preguntando, porque la segunda parte de esa grabación, anunciada
hace ya tiempo, aun no salido a la luz pública.
Lejos y olvidadas quedaron, igualmente, las denuncias sobre corrupción
en el “Plan Bolívar 2000” cuando apenas el régimen comenzaba y que alcanzó a la
cúpula militar de aquel entonces o en PDVSA, donde los decretos presidenciales
sobre control cambiario, permiten “legalmente” que una parte de las divisas que le ingresan a la estatal
petrolera, no entren posteriormente al Banco Central. O aquellas otras y más
concretas del diputado Julio Montoya, señalando las cuentas en dólares o
inmuebles comprados por algunos personeros del chavismo en el exterior o en
zonas lujosas de Caracas. Pero ¿dónde queda el rédito político de todo eso, si
al final, la dirigencia de la oposición no es capaz de sacarle provecho?
Que sea el propio gobierno acusado de corrupción continuada,
el que tome la iniciativa en la lucha
contra ese flagelo, después de casi tres lustros, en momentos en que
casualmente se avecinan unas elecciones municipales y regionales de vital
importancia política para el futuro del régimen del señor Nicolás Maduro, es
entendible políticamente; pero lo que no
se comprende del todo y mucho menos se asimila,
es que la oposición no sepa sacar ventaja de lo mismo cuando los hechos
están ahí y la evidencia no hay que
inventarla.
Si el chavismo en boca del señor Maduro o del señor Cabello o
de cualquier otro representante del oficialismo, es aun capaz de encantar
serpientes y de convencer a una parte de los venezolanos que la corrupción no está en el gobierno sino en
la oposición, entonces, este país no tiene remedio. Por ahora, no se vislumbra nada que pueda
significar un cambio radical en esta perspectiva.
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