FERNANDO FACCHÍN B., LEY HABILITANTE O NUEVA INQUISICIÓN

En el ánimo vengativo y la intolerancia presentes en la concepción del poder, con un absoluto desprecio por el estado de derecho y por los DDHH y una desenfrenada obsesión de dinero y poder, está el fundamento de la ley habilitante solicitada por el ejecutivo, a sabiendas que la corrupción es un cáncer inoculado por el régimen testador y su legatario para depredar a la república.

Con la habilitante se busca aumentar y “legitimar” la represión con violencia estructural para contener y callar a la cada día más creciente disidencia a un régimen absolutamente corrupto, amoral, ineficiente e ineficaz, es usar la ley y la justicia como medio de presión para ocultar la brutal crisis económica, política y social en la cual han sumido al país, creando nuevos delitos y penas infamantes para neutralizar a la oposición.  

En Venezuela la clase dominante ha ido configurando un sistema de antivalores y leyes tendientes a justificar su dominio, su preponderancia hegemónica para regir los destinos del país y la vida de los ciudadanos. Siempre mediante la violencia estructural en sus diferentes formas, imponer un orden social basado en la exclusión y marginación económica, social y cultural de la ciudadanía.  La violencia es inherente a una estructura social injusta.

A pesar que en los frecuentes discursos oficialistas condenando la violencia y la corrupción,  "venga de donde venga", “caiga quien caiga”, en la práctica, se busca neutralizar o desarticular a la creciente base disidente, es una forma auto-defensiva y ofensiva, de una moderna Inquisición que no cesa en su empeño de inventar nuevos "delitos" que les den un simulacro de justificación moral a los ojos de las masas sociales y poder continuar dando satisfacción a sus instintos depredadores de la república. De los innegables, aunque exageradísimos, abusos de la Inquisición no queda nada. Pero así como, después de los cambios de nombres y de funciones, la Inquisición desaparecía de la faz de la Tierra, con otros nombres, y con métodos tanto o más brutales, pero infinitamente más cínicos e hipócritas, aparecía un moderno monstruo, las leyes habilitantes del SSXXI, que, en nombre de la “moral y la patria”, dejan en pijamas a la vieja Inquisición. 

Entonces, ¿es creíble la supuesta lucha contra la corrupción emprendida por Maduro? ¡No! Por cuanto el país se encuentra secuestrado por una claque política ultra-corrupta y autoritaria que ha usurpado y secuestrado el destino de la nación, con la violación cotidiana a la Constitución, el manoseo del orden jurídico, la corrupción, la toma de decisiones arbitrarias, el secretismo administrativo de los dineros públicos, la imposición de un sistema político salvaje por encima de la dignidad de las personas, la centralización del poder, el establecimiento de leyes inquisitorias dirigidas contra las clases populares y contra los enemigos políticos, la mentira y la sucia manipulación propagandista, la malversación, el peculado y las riquezas mal habidas de los cercanos al poder; nos confirman con toda claridad que es falsa la lucha contra la corrupción.

Sólo la irracionalidad del fanatismo, el miedo a la pérdida del poder, la obsesión del dinero mal habido y el vergonzoso rezago de resentimientos propios de inadaptados, con sus costumbres inquisitorias y las ansias de morbosos castigos a la disidencia, son la base estructural de la manida solicitud de habilitante.    Suelen decir que la ignorancia es atrevida, pero no puedo encontrar ningún sustento racional en la solicitud de la habilitante. La nación ya no soporta más el desgaste que causa la permanente crisis estructural, de allí que la propuesta, más que inviable es risible. Dile no al burdo imitador de Torquemada.

ffacchinb@gmail.com

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