DOCUMENTO A LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA PLANTEANDO LA NECESIDAD DE CONVOCAR A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE POR INICIATIVA POPULAR

	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; el quince por ciento de los electores inscritos o electoras inscritas en el registro electoral. DOCUMENTO A LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA PLANTEANDO LA NECESIDAD DE CONVOCAR A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE POR INICIATIVA POPULAR Firmado por: Julio César Moreno León. Enrique Colmenares Finol. Rafael María Casals. Américo Martín. Oswaldo Alvarez Paz. Abdón Vivas Terán. Manuel Felipe Sierra. Edi Ramírez. Ezequiel Zamora. Guehard Cartay. Julio Sosa Pietri. Jorge Villegas. Carlos Diez. Andreina Martínez. La Mesa de la Unidad Democrática, venciendo múltiples contingencias ocurridas en estos difíciles tiempos, ha logrado desarrollar una política unitaria positiva y necesaria, y ha sido pieza fundamental en los indiscutibles avances de la oposición venezolana. Ante este organismo acudimos a plantear nuestra posición como ciudadanos decididos a impedir el naufragio de la república. Quienes suscribimos el presente documento nos proponemos Invocar el mecanismo establecido en el artículo 347 de la Constitución, que permite por iniciativa popular convocar a una Asamblea Constituyente legitimadora de los Poderes Públicos. Planteamos la urgencia de restablecer el orden Jurídico y la democracia y estimamos que para este propósito es  necesario  acudir a la fuente primaria de la soberanía popular. Es esta a nuestro juicio, la única vía posible para detener la consolidación de un sistema que pretende conculcar definitivamente las libertades ciudadanas, destruir  el orden económico libre, solidario y productivo, y marcar con el signo de una dictadura totalitaria el destino nacional. El país asiste a un grave deterioro en todos sus órdenes. Es tan severo este flagelo, que ha logrado trastocar profundamente a la convivencia ciudadana, y a las relaciones entre sus estratos socio-económicos. La desconfianza, el rencor, el odio y la lucha de clases son los resultados de un plan cuyo objetivo es destruir los históricos valores de nuestra integridad nacional. Este hecho impone a la dirigencia democrática definiciones impostergables, luego que en los comicios de abril quedó  claramente establecido el acelerado deterioro del llamado proyecto socialista del Siglo XXI. El régimen perdió la elección, y sólo las prácticas fraudulentas, la coacción, y el ejercicio de la fuerza le mantienen de manera ilegítima en el poder. Nuestro candidato y su comando afirmaron de manera inequívoca que los resultados de ese proceso fueron adulterados, y en uso de un legítimo derecho pidieron su revisión integral. El Consejo Nacional Electoral se negó a cumplir esa solicitud, demostrándose de esta manera la verdad contenida en las denuncias del Comando Simón Bolívar. Eventos previos a esas votaciones venían apuntalando una escalada de ilegitimidad, desarrollada por el Gobierno y por las instituciones del Estado que se encuentran postradas a su servicio. Recordemos como, la enfermedad y la muerte del Presidente fue ocasión para ocultar la verdad a los ciudadanos, y para maniobrar en contravía de las leyes, con el fin de imponer un arbitrario mecanismo de sucesión, previamente concertado con el gobierno cubano. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia tenían la obligación constitucional de evaluar mediante  certificación de Junta Médica el estado de salud del Primer Mandatario y de ser necesario, proceder a separarlo del cargo. No se cumplieron estos pasos establecidos en la Carta Magna, y en medio de un hermético secretismo, se nos condujo a una elección presidencial en la que las precarias condiciones de salud del aspirante a la reelección produjeron el lamentable desenlace final que todos conocemos. Con el mismo desprecio por el orden jurídico se encargó ilegalmente de la Presidencia de la República al entonces Vicepresidente, y se le permitió presentarse en las nuevas votaciones como candidato del oficialismo, en abierta violación de la Constitución. Una agresiva campaña sustentada en el culto a la personalidad del fallecido líder, financiada groseramente con los dineros de todos los venezolanos, y orientada a manipular a la población a través de continuas cadenas de radio y televisión, sirvió de plataforma a la candidatura gubernamental.  Militares, funcionarios públicos, y colectivos oficialistas, así como presidentes, políticos, artistas y además asociados internacionales, formaron parte de esa campaña fúnebre - electoral, en la que se utilizaron todos los mecanismos posibles para inducir a los seguidores del extinto Comandante a materializar en votos la herencia política ofrecida por éste, horas antes de emprender su último viaje a la Habana. Sin embargo, a pesar del ventajismo llevado a los más descarados extremos, la votación de abril sirvió para demostrar un cambio radical en las preferencias populares. Y si bien el gobierno ha logrado hasta ahora escamotear la victoria, no ha podido esconder su estrepitosa caída en el afecto de las gentes más humildes, luego que centenares de miles de compatriotas de ese estrato de la población se volcaron hacia la alternativa del cambio. Estos hechos recientes, unidos a otros que forman parte de la larga cadena de violaciones al Estado de Derecho, como lo son: la transformación del estamento castrense en brazo armado del PSUV; la violencia ocurrida en el seno de la Asamblea Nacional y la amenaza permanente contra el fuero parlamentario; la persecución a las universidades autónomas y a la educación libre; la violación de los derechos y conquistas laborales, de la contratación colectiva, y del  sindicalismo independiente; la descalificación de la protesta cívica; el cerco cada día más intenso a los medios de comunicación, y el uso de la televisión y radio oficiales como instrumentos de terrorismo informativo; los juicios, anunciados o en curso, contra líderes de oposición; la violación a los derechos fundamentales de quienes han sido detenidos arbitrariamente, torturados, o sentenciados de manera ilegal e injusta, y de quienes se encuentran exiliados; el espionaje convertido en política oficial; la protección de la corrupción administrativa,la utilización discrecional de los recursos públicos en la actividad proselitista de los grupos gubernamentales; la liquidación del aparato productivo del sector empresarial, la continua violación a la propiedad privada; y otras tantas acciones contrarias a la vida democrática, marcan el paso de un sistema que transita el camino de la dictadura a la sociedad totalitaria, con la activa participación de los Poderes Públicos, complicados en tan nefasta empresa. La mención de estos, y muchos otros atropellos al ordenamiento legal son suficientes para afirmar que en Venezuela la democracia ha entrado en etapa agónica, y que es cierto lo dicho por importantes  líderes de oposición: El régimen está viciado en su origen y en su desempeño. Junto a esta grave situación que afecta directamente los derechos políticos de las personas y de la sociedad en su conjunto, se nos impone además un rígido y dogmático modelo económico que golpeaa todos los sectores del país en magnitud cada día más intolerable. Modelo que se edulcora con la palabra socialismo para esconder su verdadera naturaleza totalitaria. Modelo que coloca la economía en manos del Estado para desde allí hacer depender todos los espacios de la vida ciudadana. Modelo falsificador de la historia, que evocando las proclamas de la cruenta guerra de la Federación, ha entronizado en cambio, el más férreo centralismo liquidando  las competencias y funciones de Estados y Municipios. Como consecuencia de esas políticas, los fríos datos evidencian verdades que no  se pueden camuflar tras la propaganda y los desplantes demagógicos característicos de la prosopopeya gubernamental. Durante los últimos catorce años  la inflación ha alcanzado niveles nunca vistos en nuestra historia, y hoy en día es la más alta del planeta, mientras en paralelo, la bonanza petrolera se ha prolongado por el más largo tiempo de nuestra vida económica, prodigándonos  recursos durante casi tres lustros que hubiesen podido solventar los problemas del país, y enrumbarnos  exitosamente en el camino al desarrollo. Los índices oficiales dicen que desde 1999 a esta fecha la inflación ha superado el 900 por ciento. Y sobre la base de estas mismas fuentes, vemos como desde ese año hasta hoy, de acuerdo con la falsa tasa de cambio oficial, la devaluación monetaria se sitúa próxima al mil por ciento. Y si hacemos cálculos en base al valor real de nuestra divisa, la devaluación se ubica cercana al 5 mil por ciento. Así mismo, la quiebra del aparato productivo privado, las expropiaciones, y  un control cambiario  que ha sido fuente de las más grandes corruptelas, han rezagado a nuestro país en el contexto económico latinoamericano y mundial, y han frenando la iniciativa privada, el libre comercio internacional, las inversiones y la producción, convirtiéndonos en un país importador por excelencia, y en una economía más vulnerable que nunca, dependiente casi exclusivamente del petróleo. Estos mismos índices son los que no pueden esconder la realidad de una economía camino al colapso, a pesar de las fervorosas proclamas nacionalistas contenidas en la tediosa publicidad oficial. En su gestión este gobierno ha contraído el más alto endeudamiento en la historia de la Venezuela petrolera. A veces cuesta creer que quienes ayer denunciaban la deuda adquirida por los  gobiernos civiles, y exigían su desconocimiento por atentar contra la independencia del país, sean los mismos que hoy encumbrados en la dirección del Estado, han llevado a niveles tan escandalosos la hipoteca nacional. La deuda del país en 1998, cuando finalizaba el último de los gobiernos civiles del siglo pasado, estaba cercana a los 31 mil millones de dólares (32% del PIB), y el barril petrolero se situaba en menos de 10 dólares. Hoy con un barril por encima de los 100 dólares, la deuda sobrepasa los 216 mil millones de dólares (71% del PIB). El déficit de las finanzas públicas alcanza niveles colosales a pesar de encontrarnos en medio del más grande y sostenido crecimiento del mercado internacional de hidrocarburos en toda su historia. El año pasado el déficit se colocó en un 18% del PIB y fue financiado mediante el expediente de encender la máquina de hacer dinero por parte del BCV para entregarle al gobierno miles de millones de bolívares.  Y agreguemos que la deuda de  PDVSA en los gobiernos democráticos, para  1998 era de 5 mil millones de dólares, mientras que la actual, la de PVSA roja rojita, sobrepasa los 78 mil millones de la divisa americana. Al revisar los objetivos perseguidos en los planes económicos en estos catorce años, vemos como ellos han ido asociados a un desenfrenado populismo cuya fuente financiera ha sido precisamente la renta petrolera. Estos planes han tenido como objetivos retener el poder, ganar elecciones, y proyectar la influencia de la revoluciónen el continente y el mundo. Ese mismo sentido ha privado en la liquidación vertiginosa de nuestra industria privada, para abrirle paso a las importaciones provenientes tanto de países vecinos como de otros continentes, con los cuales se amarran vínculos de dependencia, a cambio de una obligatoria solidaridad lograda gracias a pingües negocios que terminan alimentando a esas economías en detrimento de la nuestra. Y en similar dirección se orienta la presencia de nuestras representaciones en los organismos internacionales. La OEA,  MERCOSUR, UNASUR y el ALBA, son para este gobierno, tan sólo foros de promoción ideológica y propaganda política, e instrumentos que a un alto costo económico permiten legitimidad, y garantizan el silencio cómplice de países mediatizados o favorecidos por las prebendas de Caracas.  Mientras tanto se liquida progresivamente a la democracia venezolana. A propósito de los anteriores señalamientos, recordemos como hace algunos años el fallecido Presidente  afirmaba en una de sus numerosas alocuciones al ser cuestionado, con muy válidas razones, el ingreso en el Mercado Común del Sur, que para su gobierno la integración tenía una prioridad  política e ideológica por encima del factor económico. El tiempo se ha encargado de demostrar el sentido de aquellas palabras. Por eso, hoy, las llamadas Cláusulas Democráticas se aplican sólo contra aquellos países que han resistido el intento de imponerles un sistema similar al que impera en Venezuela.  Honduras y Paraguay son innegables ejemplos. A estas consideraciones pudieran agregarse muchas otras que demuestran como se han lesionado los intereses del país en casi todas las actividades de la vida nacional. En materia de soberanía y seguridad, por ejemplo, es ya innegable la presencia tolerada de grupos subversivos en las fronteras. En estas zonas la narco-delincuencia política hace gobierno sobre la indefensa población, y constituye una peligrosa reserva militar identificada con la revolución y protegida por ella. Así mismo es conocido y es corriente constatar la existencia de brigadas armadas que actúan ilegalmente a la orden del PSUV en pueblos del interior, así como en numerosos barrios de las grandes capitales. Y por supuesto a esto se une la llamada delincuencia común, que liquida impunemente miles de vidas de venezolanos de todos los sectores. Esos factores junto a los hechos políticos, económicos y sociales señalados anteriormente, presionan y acorralan a la población mediante el miedo y la amenaza. Se busca al final la aceptación pasiva del orden de cosas. Hacemos estas reflexiones, convencidos de que a los sectores de oposición nos corresponde enfrentar con firmeza, no a un gobierno sino a un sistema. No a un adversario, sino a un proyecto que  considera enemigo a todo el que disienta o pretenda ejercer y defender sus derechos. Estamos  convencidos que mientras exista esta  forma de gobierno no habrá solución a la grave situación nacional, ni a los problemas cotidianos del ciudadano. No habrá federalismo, ni poder municipal, ni sistema de salud de calidad, ni educación libre, ni seguridad, ni viviendas dignas, ni empleo estable y seguro; tampoco libertades democráticas efectivas, o progreso económico o derecho a la libre iniciativa personal. En fin no habrá democracia ni esperanza ni futuro. Exhortamos a la Mesa de La Unidad, a los partidos que la integran, y a la ciudadanía democrática en general a consolidar un amplio  y mayoritario movimiento constituyente, y a conquistar para ese objetivo unas bases comiciales que garanticen la representatividad de todos los sectores.  Estimamos que las elecciones municipales deben ser ocasión propicia para organizarnos en función de estas metas, y para acompañar la victoria en alcaldías y concejos, con la recolección masiva de millones de firmas que respalden sólidamente esta iniciativa popular. Es obvio que el plan de rescate constitucional no resultará fácil. Pero creemos igualmente que los obstáculos que van a surgir no pueden ser motivo de parálisis en nuestra acción. Quien actúa con complejos de derrota nunca alcanzará la victoria. Además, es claro el camino a seguir. La  muchas veces violada Constitución Bolivariana establece en el artículo 347, que es el pueblo depositario del poder constituyente originario, y que tal poder le permite convocar por su propia iniciativa a una Asamblea Constituyente a fin de transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y si fuese necesario, aprobar una nueva Constitución. El artículo 348 establece luego, de manera precisa que este proceso puede iniciarse a partir del quince por ciento de los electores inscritos en el REP. Y luego en el 349 se impone que ni el Presidente de la República, ni ningún otro poder podrán objetar la nueva Constitución ni impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente. Y finalmente el 350 obliga a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o menoscabe los derechos humanos”. Sabemos que desde el gobierno se intentará detener esta iniciativa. Entendemos la desnaturalización que signa al ente electoral y a los poderes públicos que han falsificado la democracia durante estos años. Sin embargo es necesario recordar que el camino escogido por la oposición democrática, es el camino electoral. Ello ha sido válido al participar en todos los procesos de votación a los que hemos concurrido. No vemos, por tanto, argumentos aceptables para hacer una excepción con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez, la fuerza de la calle y la conciencia del reto que tenemos, deberán imponer las reglas que permitan unas votaciones libres y transparentes. Esto es parte de la lucha. Entregamos este documento a la Mesa de la Unidad Democrática con la esperanza de que lo haga suyo, y para que en su condición de principal factor unitario de la mayoría ciudadana, impulse la Asamblea Nacional Constituyente como la más noble herramienta del cambio y la reconciliación nacional: Julio César Moreno León. Enrique Colmenares Finol. Rafael María Casals. Américo Martín. Oswaldo Alvarez Paz. Abdón Vivas Terán. Manuel Felipe Sierra. Edi Ramírez. Ezequiel Zamora. Guehard Cartay. Julio Sosa Pietri. Jorge Villegas. Carlos Diez. Andreina Martínez.

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