Entender la situación planteada contra el
Diputado de Primero Justicia, Richard Mardo, pasa primero por hacer referencia
a la hoja de servicio de éste dirigente político de la Unidad Democrática, que
ha construido su liderazgo en el Estado Aragua. Mardo lleva una intensa agenda
de trabajo y acción social, su activismo político es de calle, vinculado siempre al servicio comunitario; por esa
razón ha podido consolidar un espacio político en una región donde gobierna el
oficialismo desde hace varios años.
Se trata de un líder joven, perteneciente a
la nueva generación de dirigentes políticos que hoy están en la escena
nacional.
La agenda social del Diputado Mardo –su forma
de activismo político- incluye un trabajo que le ha llevado a la calle a
trabajar con las comunidades en la solución directa de sus problemas
cotidianos; ha construido espacios públicos para el esparcimiento; por su intermedio
se han atendido cientos de casos de salud, dotaciones escolares, apoyo para personas
en situación de riesgo en sus viviendas, etc. Ese trabajo le ha ganado
prestigio en las comunidades, que le apoyan con su voto y le siguen porque
reconocen en él su vocación de servicio. De esta forma, ante la inactividad y
poca eficiencia de la gestión pública oficial, el testimonio de Richard Mardo
se presenta como un hecho incómodo para el Gobierno venezolano.
Este caso supone, y así lo afirmamos sin
dudar, las siguientes premisas:
1. Una estrategia represiva hacia toda la
sociedad, cuyo punto de partida son los actos violentos en la Asamblea Nacional
ocurridos el 30 de abril del presente año.
2. Este caso y los que siguen, son un asunto
de Estado. No es un hecho aislado o simplemente una rencilla personal en la
Asamblea Nacional puesto que se está utilizando el sistema penal para éste
propósito.
3. La propuesta de allanamiento de la
inmunidad a Richard Mardo, es una acción que se le suma a la secuencia de
agresiones físicas a sus eventos y manifestaciones en el Estado Aragua, que se
han sucedido en el tiempo.
4. El Caso Mardo, es una prueba para todo el
sistema político, que adversa y rechaza al régimen que gobierna.
Asimismo, existen una serie de
irregularidades en el proceso penal abierto en su contra, entre ellos:
1. Está basado en pruebas falsas, obtenidas
irregularmente y en claro
desconocimiento de su inmunidad
parlamentaria.
2. Se presentaron unos haberes bancarios, que
son anteriores a su condición de parlamentario.
3. Durante el curso de la investigación hecha
por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, al Diputado Mardo no se
le permitió presentar sus descargos de defensa, acceso al expediente, ni
nombrar abogados defensores.
Todo lo anterior concluyó en una solicitud de
antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. El
expediente que sirvió de base para dicha solicitud, es el construido en la
Asamblea Nacional bajo las condiciones antes expuestas. Se le acusa por la
supuesta comisión de los Delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales,
sin existir investigación alguna de la Administración Tributaria, agencia con
la cual el ciudadano Richard Mardo está al día con el pago de sus impuestos y
que luego de todo este movimiento judicial de persecución, inició una auditoría
de sus cuentas que aún no ha concluido.
Respecto a las actuaciones privadas del
Diputado Mardo, no se han encontrado delitos
algunos:
1. Ni por evasión fiscal porque está al día
con el pago de sus impuestos.
2. Porque los montos de los supuestos cheques
–que son en realidad donaciones
particulares para su trabajo comunitario- no
superan los montos mínimos legales
para que sean considerados evasión fiscal.
3. Y finalmente porque no hay legitimación de
Capitales, porque el dinero aportado a la acción social del Diputado Mardo, no
provienen del delito.
Este caso es de urgente atención, puesto que
para el próximo 30 de julio está prevista una Sesión de la Asamblea Nacional
para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que recomienda
allanar la inmunidad parlamentaria del Diputado Mardo.
Por lo cual es oportuno denunciar y dar a
conocer esta situación de Terrorismo de Estado para atacar a la disidencia
política, entendiendo que lo más grave de esta situación es que de permitirse
esta acción, se pone en riesgo la correlación de fuerzas en el parlamento, ya que
vienen otros casos de colegas parlamentarios a quienes de la misma forma
–sumaria y arbitraria- se le están instruyendo causas similares, no sólo a
militantes de Primero Justicia sino también a otros parlamentarios de la Unidad
Democrática.
Caracas, Julio de 2013
@Pr1meroJusticia
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