El tema de las universidades ocupa buena
parte del debate público. Las movilizaciones de profesores, estudiantes y
empleados han contado con el apoyo activo de las autoridades de las distintas
casas de estudios superiores. Me refiero a las consideradas como autónomas, a
las experimentales e incluso a las privadas que no se han entregado en manos
del régimen.
Lo malo es que la lucha pareciera centrada
casi exclusivamente en lo económico y financiero. No es poca cosa, pero quizás
sea la parte menos importante del problema universitario. Lamentablemente este
aspecto es utilizado como instrumento de agitación por una parte, y por la
otra, como mecanismo de chantaje para doblegar el espíritu universitario y
someter su independencia.
Hay una desviación fundamental. Las
universidades públicas dependen exclusivamente del presupuesto que el
estado-gobierno les tiene asignado. La mayor parte de sus luchas se agota en
protestar por lo insuficiente de las asignaciones y en solicitar aumentos
indispensables para funcionar con mediana eficiencia a los costos operacionales
de hoy.
Se trata de un círculo vicioso perverso que mantiene viva la
conflictividad permanente en escenarios que deberían ser ejemplo y guía para la
nación.
La Autonomía Universitaria debe abarcar todos
los aspectos. Es imposible concebirla sin autonomía económica y financiera.
Para ello las propias universidades deben buscar fuentes propias de
financiamiento, mecanismos de estudio e investigación, prestar servicios
diversos tanto al sector público como al privado, dentro de sus objetivos y
actividades académicas. Esto es perfectamente posible y necesario para hacer
indisoluble el vínculo con las comunidades donde existan. Esto no significa el
final de los aportes del sector público, pero dejarían de ser determinantes.
El estado tiene la obligación de garantizar a
los ciudadanos el acceso a todos los niveles de educación, especialmente a
quienes tienen menos recursos. Es el mejor instrumento para la igualación
social y el aprovechamiento de las oportunidades. Pero, quienes están en
posibilidad de aportar para recibir educación, están en la obligación de
hacerlo. No hay educación gratuita. Todo cuesta. El problema está en quien
paga. Hay muchas formas de estimular y financiar el estudio más allá de
esperarlo todo del gobierno.
oalvarezpaz@gmail.com
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