Las recientes elecciones presidenciales
significaron un cambio muy importante para la oposición venezolana. La campaña
directa, clara y valiente del candidato de la unidad, le colocó en la línea que
corresponde a quien aspira rescatar a la república de la tragedia en que vive.
La denuncia al fraude perpetrado por el CNE y por la comparsa institucional que
le acompaña fue el acertado remate de la jornada. El país y el mundo pudieron
apreciar el endeble soporte del régimen.
El Comando Simón Bolívar y el candidato calificaron lo acontecido como “robo de
elecciones”. Palabras estas que no admiten excusas ni retrocesos. Esos términos
desnudan la naturaleza fraudulenta del nuevo gobierno y obligan a la oposición
a rescatar lo que se le ha sustraído al
soberano.
Dirigentes de la oposición, periodistas y
analistas, todos muy respetables, denuncian frecuentemente la continuación del
saqueo a la Nación, la violación de la soberanía nacional, el intento de
destruir a las universidades autónomas, el desastre de los servicios públicos,
la delincuencia, la quiebra de la economía, la escasez, la inflación, la
persecución, y otra serie de males que se han hecho crónicos en el socialismo
del siglo veintiuno. Y además señalan que el régimen causante de estas
atrocidades, es nada más y nada menos que “ilegítimo de origen y desempeño”.
Estas mismas denuncias las escuchamos en el comentario cotidiano en la bodega
del barrio, en el supermercado, las busetas, el metro, o en cualquier otro
espacio de la angustiada vida ciudadana. Crece así la indignación colectiva en
un país en el cual la satrapía del siglo XXI, asaltó nuevamente el poder al
desconocer el verdadero resultado de la elección presidencial. Este malestar,
cada día más generalizado, debe ser
convertido en energía capaz de restituir la democracia y desplazar a
quienes sin derecho ni representatividad usurpan el poder. Cuando nos aproximamos
a las tantas veces postergadas elecciones municipales, debemos ir dispuestos a
conservar los espacios que hoy tenemos, a conquistar los que no controlamos y a
ratificar nuevamente que las mayorías están por el cambio de régimen. La fuerza
de los indignados hará posible esta tarea.
Todos sabemos que la instancia institucional
del país ratificará la “legalidad” del gobierno. Sabemos igualmente lo complejo
y lo tardío de las decisiones en los organismos internacionales encargados de
reivindicar la Justicia y el Derecho. Mientras tanto Venezuela vive una
tragedia en pleno desarrollo, y no hay tiempo para esperar que desde afuera nos
resuelvan los problemas. En la comunidad internacional crecerá la solidaridad
hacia nuestra causa, sólo en la medida en que rescatemos por nuestras propias
manos la legitimidad democrática. Estas
son verdades innegables frente a las cuales no caben ambages artificiosos. Es necesario, por tanto, accionar los mecanismos constitucionales y
políticos que conduzcan a una nueva
elección presidencial y a la reedificación de las instituciones fundamentales
del Estado. Esto sólo es posible impulsando, por iniciativa popular, la
convocatoria de una Asamblea
Constituyente. La campaña municipal, y todas las acciones políticas y sociales
de la oposición, deben acompañar y fortalecer este objetivo.
La Carta Magna establece en su artículo 347,
que es el pueblo venezolano depositario del poder constituyente originario, y
que tal poder le permite convocar por su propia iniciativa a una Asamblea
Constituyente a fin de transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y
redactar una nueva Constitución.
En el 348 se define claramente como este
proceso puede iniciarse a partir del quince por ciento de los electores
inscritos en el registro electoral. En el 349 se establece que ni el Presidente
de la República, ni ningún otro Poder podrán objetar la nueva Constitución ni
impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente.
Y finalmente el artículo 350 impone al
pueblo desconocer “cualquier régimen,
legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías
democráticas, o menoscabe los derechos humanos”.
La Asamblea Constituyente por iniciativa
popular, rescatará la soberanía nacional, los derechos ciudadanos, la
separación de poderes, la autonomía de las regiones y municipios, el
pluralismo, la seguridad, la justicia y la educación libre. La Asamblea
Constituyente por iniciativa ciudadana, es el único camino para vencer el
totalitarismo, el caos y la anarquía que consumen la vida del país. Es el
camino legal para realizar una elección presidencial verdaderamente pulcra y
democrática. Y es el único sendero pacífico hacia la reconciliación nacional.
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