ANDRÉS HOYOS, EN ADELANTO VAN ESTOS LUGARES, CASO COLOMBIA

La premura del gobierno y la intensa oposición de la derecha al proceso de paz están generando consecuencias inesperadas y tal vez peligrosas.

Lo primero es que el sigilo pactado se fue al diablo, pues circula abiertamente —a mí me llegó por dos vías distintas— el texto del acuerdo agrario firmado el 21 de junio. Sí, el principio de la negociación dice que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pero no es un dato menor que se revelen los detalles del principal tema de política económica y social de la mesa.

Bien visto, este importante documento descubre el secreto, desconocido desde 1989, del programa mínimo adoptado por las Farc, una vez les cayó encima el Muro de Berlín y se hizo añicos la vieja dictadura del proletariado que defendían. Porque no cabe engañarse: ellos de seguro harán propuestas sobre comercio, industria, finanzas, recursos naturales o educación, pero serán meros inventos sobre asuntos que desconocen, con excepción tal vez de las ideas “universitarias” de algún miliciano encapuchado o de los estudios financieros realizados por los frentes, para saber cuánto cobrar por algún secuestrado. Su otra área de experticia ha sido el narcotráfico, tema posterior de la mesa. Por lo pronto, las Farc querrán pasarlo de agache, como Judas, negando todo contacto con él.

La guerrilla aún tiene un par de ases bajo la manga: la Constituyente, que en últimas no es más que una opción de descarte, ya que no sólo es de imposible aceptación por el Gobierno de Santos, sino que su carácter inevitablemente democrático sería fatal para las propias Farc, que carecen de votos; el segundo as son las armas, sobre las cuales se podría acordar que las reciba un tercero —¿la ONU?—, para que aquello no parezca una rendición. Sobra decir que si las armas no salen de manos de las Farc, la negociación se rompe. En caso de que ésta siga, ambos ases tendrán que ser descartados en su debido momento, a cambio, supone uno, de alguna concesión adicional.

Con todo, la Reforma Rural Integral o RRI pactada tiene una importancia crucial, pues el Estado bien podría convertirla en política oficial, pase lo que pase en la mesa, despojando a las Farc de su principal bandera social. Ellos ya dijeron que lo firmado les parece aceptable, de modo que mal podrían mañana sacarse del cubilete reivindicaciones nuevas con credibilidad. Otro factor de consideración es que Fedegán, la mayor fuente de oposición a cualquier resolución de la cuestión agraria en Colombia (junto con los terratenientes ilegales), no hizo más que fortalecer el acuerdo al declarar que éste viola varios de sus “inamovibles” y que en el texto campea “el ánimo expropiatorio de la propiedad legal”. Hombre, si los ganaderos tuvieran una solución viable para el problema agrario, desde hace décadas se habría implementado. La verdad escueta es que, además de viable, el acuerdo es conveniente para el país. ¿Alguien que no sea un extremista se opone, por ejemplo, a dar a los campesinos “acceso integral” a la tierra o a que se cobren impuestos prediales progresivos y justos?

También es cierto que lo pactado podría servir para que las Farc consiguieran una base social desde la cual hacer política en el futuro, pero es dudoso que esta base llegue a ser muy grande. En síntesis, el peligroso proceso va más o menos bien, aunque todavía puede volar en pedazos. En el entretanto, vendrán más rifirrafes y tiroteos.

andreshoyos@elmalpensante.com 

@andrewholes

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